-¿Le ha exigido el Estado al WTC Free Zone alguna compensación especial para concederle la autorización de explotación?
-WTC Free Zone representa una inversión mayor que requiere un gran esfuerzo financiero, ya que este negocio no generará ingreso alguno hasta que comience a funcionar dentro de tres años. Hay que invertir la totalidad del capital antes de empezar a generar un solo peso. Para asegurarse que el proyecto se realice, el Estado nos exigió un depósito bancario de US$ 3.5 millones y una línea de crédito de US$ 6.5 millones garantizada por un banco de plaza de primera línea, por un total de US$ 10 millones, que deberán constituirse antes de comenzar la construcción del proyecto. No se nos aceptó como garantía el valor del terreno. Esos fondos se van a liberar a medida que avancen las obras, previa verificación de la Dirección del Área de Zonas Francas. Este requisito es sumamente exigente, pero es aceptable la preocupación del Estado porque sería muy malo que las obras se quedaran por la mitad.
En segundo lugar, se nos exigió un canon por el derecho de explotar el WTC Free Zone que es más oneroso que el que pagan las demás ZF. Como el Estado se quiere asegurar una buena rentabilidad, nos impuso el pago de un canon anual que es el mayor de tres importes: i) el 7% de la facturación anual por todo concepto; ii) un monto fijo mínimo anual de US$ 50.000 en los primeros tres años, de US$ 75.000 en el cuarto y quinto año y de US$ 130.000 a partir del sexto año hasta la finalización de la concesión a los treinta años; y iii) un mínimo por metro cuadrado de área adjudicada a los usuarios. Deseo resaltar dos cosas. En primer lugar, ganamos todos si nos va bien con el proyecto; pero, si nos va mal, deberemos pagar un mínimo global por año y el Estado gana igual. En segundo lugar, nuestro canon porcentual es más alto que lo que se les cobra a las ZF ya existentes.
-¿Por qué el Estado le cobra a WTC Free Zone un canon por ingresos que está dos puntos porcentuales por encima del 5% con que grava a las otras ZF?
-Las autoridades oficiales entienden que nuestra operación va a atraer muchos usuarios y que va a ser muy rentable. Por lo tanto, el Estado quiere participar con una tasa mayor. Incluso comenzaremos a pagar el canon a partir del inicio de las obras, o sea que durante tres años estaremos pagando un mínimo de US$ 50.000 anuales sin percibir ingresos de ningún tipo. Si bien no estoy de acuerdo con esa diferenciación, reconozco que el Estado ha defendido los derechos de la comunidad al darnos un permiso para hacer uso de un régimen excepcional, pero cobrándonos muy bien por ello.
Es un grave error no exonerar del IR a las personas que trabajan en ZF
-¿Qué ventajas tienen las ZF de servicios de Uruguay en comparación con las de países vecinos?
-La legislación tanto de Uruguay como la de otros países de la región permite la creación de cualquier tipo de ZF, estos exclaves han sido pensados para desarrollar emprendimientos industriales o logísticos y, por lo tanto, se instalaron como espacios horizontales en áreas suburbanas. Sin embargo, Uruguay ha sido pionero, liderado por una gran empresa como es Zonamerica, en la explotación de ZF de servicios. Eso nos da una cierta ventaja porque hoy estamos por delante de los países vecinos, que ya nos empiezan a seguir. Es previsible que las ZF argentinas compitan en el mediano plazo cuando observen el importante movimiento de personas y negocios que generan los servicios de call centers y financieros en territorios francos.
Por otra parte, el régimen jurídico de las ZF uruguayas le da una gran seguridad al inversor ya que el Estado le garantiza, durante la vigencia del contrato, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos previstos en la ley sobre cualquier cambio legislativo en la materia. La otra ventaja es que las ZF uruguayas tienen un gran respaldo porque Uruguay es un país serio, con una buena calidad de vida y con una moderna red de telecomunicaciones. Además, en el caso de las ZF de servicios, no pesa que el mercado uruguayo sea pequeño porque el negocio es trabajar con el exterior.
-La prestación de servicios es una actividad intensiva en utilización de capital humano. En ese aspecto, ¿cómo incide el nuevo Impuesto a la Renta a las Personas Físicas?
-La actividad desarrollada por las empresas usuarias de las ZF está exenta de impuestos porque es como si se trabajara en el exterior. Ese es uno de los grandes pilares del desarrollo de las zonas francas en el Uruguay, diría que el más importante. Pero las zonas francas están ocupadas por personal que trabaja en esas empresas y que es factor fundamental en la decisión de instalarse en Uruguay. El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto a la Renta de los No Residentes es un factor sumamente negativo para el futuro desarrollo de estos proyectos ya que grava a ese personal que pierde interés en desempeñar sus actividades aquí. Hasta ahora, los ejecutivos de las empresas que se instalaban a trabajar en las ZF eran sus principales propulsores porque Uruguay no gravaba sus ingresos. Ahora esto ha cambiado y su impacto aún está por verse. Creo que es un grave error no exonerar la renta de las personas que trabajan en las zonas francas como sí está exonerada la renta de las empresas que allí funcionan. Hay que tener en cuenta que los no residentes vienen a Uruguay con sus familias, que viven y gastan en el país. Con este nuevo impuesto los estamos ahuyentando hacia otras zonas francas cercanas y en crecimiento.