Ante la desilusión, ¿esperanza?

JORGE CAUMONT

Hace algunos meses el presidente Vázquez dijo que este sería el año de la reforma del Estado. Cuando muchos creíamos que se iría por el lado de darle mayor eficiencia al funcionamiento de los organismos estatales y al de las empresas públicas, en cada caso con una estrategia diferente, el Presidente sorprendió con lineamientos de una "reforma" diferente. El esbozo de la reforma anunciada resultó decepcionante, tanto para contribuyentes como para consumidores, ya que se optó por una denominada descentralización del Estado y no por la verdadera reforma, que lo pudiera convertir en una herramienta eficaz para un eficiente funcionamiento de la economía con el beneficio general de la población. En los hechos, la "reforma" consiste en más Estado, lo que implica más costos muertos, y por ende, menos mercado, agredido por la consiguiente mayor presión fiscal que requerirá el cambio. Esa fue la respuesta a un tema que merece la atención y la consideración de la gente y que hasta hoy es solo empujado y saludado desde las entrañas de la Administración y, obviamente, desde la propia central de trabajadores y de la de funcionarios públicos. La reforma del Estado se ha desvirtuado para quienes consideramos que es tiempo de pasar de una filosofía política del Estado ideal -recordando la tarea platónica-, a una filosofía distinta, la de su enfoque con una visión más pragmática, más realista, más de mercado, más económica, más de análisis de sus costos y de sus beneficios para la sociedad.

DESILUSIÓN. Cuando Vázquez insinuó la reforma del Estado, aún sin decir su contenido, temblaron sus amantes. No solo los ideológicos, también los que con él hacen negocios: los sindicatos de funcionarios públicos -de las empresas y de los organismos estatales-; los viejos políticos batllistas -sigan en la derecha o hayan "pedido y firmado el pase" para la izquierda-; los estatistas desde siempre incomprensibles -neocomunistas y neosocialistas- y, obviamente, todos aquellos -de derecha o de izquierda-, que hoy lucran con su vinculación comercial con el sector público. Se esperaba que se propusiera algo distinto a consideración de la mesa del debate. Se suponía que, una reforma con la generalidad de lo anunciado por el Presidente en su primer esbozo, transitaría el camino de la discusión de cómo definir las funciones básicas del Estado y hacerlas más eficientemente y, también, cómo debería tratarse en más a las actividades subsidiarias que hoy realiza, básicamente a través de las empresas públicas. A quince años de la marcha atrás que impuso la población, cuando votara contra el Parlamento y decidiera que se mantuviese el statu quo institucional estatal, el planteo de un presidente de izquierda que se perfilaba como el complemento para el objetivo de lograr un país productivo, no fue más que una propuesta de dar un paso más hacia el estatismo y hacia el incremento del costo de funcionamiento del Estado para los contribuyentes.

FUNCIONES BÁSICAS. Las funciones básicas del Estado pueden ser vistas desde la óptica del minimalismo mercantilista hasta el maximalismo estalinista. Según el color ideológico del cristal con que se mire, es que podemos sustentar qué es lo conveniente. Pero es claro que un cristal que acerque al Estado al pragmatismo propugnado por el gobierno, a su defensa de un país productivo, implica reducir y no ampliar el ámbito institucional estatal. Creo que no existen dudas que en nuestro país la población juzga que las funciones básicas de proveer educación, salud y seguridad pública no son cumplidas adecuadamente. Las voces que disienten con lo que hace el Estado en esas áreas son más que las que las que consienten que en nuestro país la educación es la que un país productivo necesita; que la salud se atiende de acuerdo con lo que deberían exigir quienes tributan y que la seguridad es modelo universal. El solo hecho que esas funciones tengan que ser complementadas por gran parte de la población, pagando por los mismos servicios prestados con mayor diligencia y eficacia por empresas privadas, es una prueba de la falla estatal en la provisión de los servicios básicos, para lo cual el contribuyente paga sus impuestos y otros tributos. Es a estos problemas que uno pensaba que podía referirse, entre otros, la anunciada reforma. Por ejemplo, cómo maximizar el rendimiento del sacrificio de los contribuyentes en la provisión estatal de esas funciones elementales para la sociedad. Pero no, las demandas corporativas, las ideológicas sin sustento y otras razones por el estilo, continúan prevaleciendo y se vuelve a perder la oportunidad de racionalizar los egresos fiscales para el cumplimiento de esas funciones. Por citar un ejemplo a nivel de la educación, no estamos conformes con que la educación terciaria sea gratuita. Es un sofisma justificarla sobre la base de la inexactitud del argumento que beneficia a los más pobres o a los que tienen menos recursos. Estudios serios han probado que no es así. Pero si aún se insiste en ello, la revisión de programas y su adecuación a las necesidades de un país productivo -bajando un año la extensión de las carreras- podría reducir el presupuesto universitario en no menos de un quinto de lo que es hoy. Sin embargo, en una carrera irracional, más compatible con otros objetivos conspicuos, se demanda el incremento presupuestal que conocemos y que no tiene para nada en cuenta en el número mágico sobre el PIB que se solicita, el gasto de la población en educación privada. Considerarlo elevaría la relación por encima del 5% mágico referido.

SUBSIDIARIEDAD. Aparte de tener funciones básicas, nuestro Estado es también empresario. Cumple funciones subsidiarias que refuerzan a las básicas en un sentido inexplicable. A través de los precios de las empresas públicas se castiga nuevamente a la población con un alto componente tributario o cuasi tributario que se vuelca en las arcas de la Tesorería para el financiamiento de las funciones básicas. Ni siquiera por esta razón -y no hay otra sustentable-, se puede concebir que las empresas públicas mantengan una situación de monopolio de hecho o de derecho. Las normas jurídicas que consagran monopolios estatales deben ser abolidas. No es justificable, es una injusticia social que con el monopolio se consagren además, ventajas a quienes trabajan y a quienes exigen recompensas no atadas a su verdadera productividad. O a quienes le suministran como proveedores, insumos de toda naturaleza. Como tampoco es justificable el mantenimiento de los monopolios de hecho a través de medidas indirectas que configuran un escenario similar al de los monopolios de derecho.

ESPERANZA. Tan pronto se supo que el presidente Vázquez dijo una verdad que casi nadie creía hasta hace poco, que ciertos monopolios -de hecho y aún algunos de derecho-, se verían afectados en el futuro por la competencia enancada en el progreso tecnológico, se ha abierto una nueva etapa en la discusión. Aunque ante la reacción de inmediata oposición sindical el Presidente ha limitado el alcance de sus declaraciones, ellas envían esperanza. Sus manifestaciones complementan a otra emanada desde su fuerza política. También el Ministro de Economía ha dejado entrever que la vida de los monopolios estatales tiene límite temporal. Será ahora o será cuando se reconozca cabalmente que si realmente Chile o España -por mencionar tan solo a dos-, son experiencias socialistas exitosas a observar, que los monopolios estatales dejarán de ser una máquina de extraer recursos a la sociedad y transferirlos a sus proveedores, a sus trabajadores y a la Tesorería. Recursos que provienen del sacrificio innecesario e injustificado al que se somete a consumidores cautivos y por la inhibición del surgimiento de competidores o de firmas complementarias.

Razones ideológicas anacrónicas, corporativismos que no se enfrentan y viejos sofismas enraizados con las hormonas del conservadurismo y alimentados luego con las del izquierdismo progresista, no impedirán que el convencimiento naciente en esferas de la administración de este gobierno se derrame paulatinamente hasta que el Estado sea eficaz en la provisión de sus funciones básicas y que las cumpla con eficiencia y, por otro lado, hasta que admita la competencia en la provisión de bienes y servicios que realiza en sus funciones empresariales.