Sofismas que enmascaran la realidad

NÉSTOR O. SCIBONA | LA NACIÓN

La primera mitad de los demonizados años noventa demostró que, cuando la economía crece y los ganadores son muchos más que los perdedores, buena parte de la sociedad deja en segundo plano los escándalos de corrupción gubernamental.

Tal vez la historia pueda repetirse ahora. O tal vez la propia recuperación económica haga que muchos que alcanzaron ciertos niveles de consumo postergados, también pasen a reclamar por valores éticos dejados de lado.

Sin embargo, los tres años de fuerte recuperación y dos de alto crecimiento que le otorgan al kirchnerismo una importante carta de triunfo para las próximas elecciones presidenciales, no alcanzan a ocultar que hay problemas debajo de la superficie. Y que, en todos los casos, la invariable respuesta oficial fue enmascarar la realidad con sofismas. O sea (según la definición del Diccionario de la Real Academia Española ), con "razones o argumentos aparentes con que se quiere defender o persuadir lo que es falso".

En los últimos días los sofismas estuvieron a la orden del día en declaraciones oficiales muy poco creíbles. Ya sea para desafiar la lógica del escándalo que llegó en avión desde Venezuela, como para encubrir despropósitos que tarde o temprano terminan afectando la credibilidad y la confianza. Y, por consiguiente, a la economía en general y los bolsillos de todos.

No es creíble que haya habido un millonario polizón que transportaba casi 800 mil dólares en efectivo en un avión privado de sólo diez plazas.

No es creíble que, si así hubiera sido, los funcionarios de Enarsa que fletaron ese vuelo hayan cometido el "error" de permitirlo y no denunciar el caso a la Justicia.

No es creíble que haya sido necesario pagar casi 10.000 dólares por pasajero para un viaje a Caracas destinado a acordar el anuncio de una planta regasificadora en la Argentina, cuya construcción demandará no menos de dos años.

No es creíble que el caso quede cerrado sólo con la remoción de Claudio Uberti, el funcionario que cobraba sueldo por conducir el organismo de control de las concesiones viales en la Argentina (Occovi), pero oficiaba de enlace de múltiples negocios con el gobierno de Hugo Chávez por ser hombre de confianza del ministro Julio De Vido. Al igual que en los casos Skanska y Miceli, la reacción oficial sólo apareció cuando los escándalos llegaron a los medios y a la opinión pública.

El episodio es la punta del iceberg de otros interrogantes acerca de los personajes y organismos involucrados, cuya respuesta está bien lejos de la transparencia que se proclama desde los despachos oficiales.

Hoy resulta casi imposible conocer cómo se maneja la importación de combustibles pesados desde Venezuela (el único país desde el cual se puede traer gasoil exento de impuestos locales) y cuál es el rol de Enarsa, una suerte de agencia gubernamental multipropósito en el área energética. No hay datos de licitaciones ni cifras específicas. La única aproximación es que en 2006 las importaciones energéticas totales de la Argentina treparon a 1.700 millones de dólares y en el primer semestre de este año alcanzan a casi 1.000 millones (incluso gas boliviano y electricidad brasileña).

Otra incógnita es saber con qué criterios maneja el Occovi la inversión en la red caminera. Desde hace casi cuatro años, los concesionarios viales sólo se ocupan de cobrar el peaje y las obras son decididas y licitadas por el Estado. Lo mismo ocurre con los pagos, en los que han reaparecido las fórmulas de ajuste por mayores costos, además de los subsidios (al transporte de cargas).

DISTORSIONES ECONÓMICAS. Pero no sólo en estos casos se apela a los sofismas. También hubo uso y abuso en la caracterización de problemas que afectan a la economía.

Aunque el ministro De Vido dio prácticamente por superada la crisis energética y anunció la gradual eliminación de las restricciones eléctricas a la industria, no se sabe cómo se atenderán los picos de demanda del verano ni a qué costo. El déficit entre demanda y oferta es estructural y no se resolverá, en el mejor de los casos, hasta mediados de 2009.

Si el índice de precios al consumidor (8% anual) "refleja la realidad" y no es manipulado, como aseguró el secretario Guillermo Moreno, no se explica por qué la inflación minorista en el interior del país viene creciendo a un promedio de 15% anual, lo mismo que el nivel general de precios mayoristas.

Si la política económica es pro inflacionaria (la demanda aumenta más que la oferta) y además hay aumentos estacionales (verduras, lácteos), no hay razón para que los índices tiendan a moderarse como, según el Indec, ocurrió el mes pasado.

Para el jefe de Gabinete, es preferible que el IPC sea bajo porque de lo contrario se benefician los acreedores con títulos ajustables por CER (su equivalente financiero). Esta controvertida afirmación no sólo despierta más sospechas sobre la confiabilidad del IPC oficial e irritación en los consumidores. También deja de lado que entre los afectados se encuentran antiguos ahorristas "acorralados" y futuros jubilados que ahorran a través de las AFJP, además de inversores de buena fe que creyeron en la palabra oficial.

La desconfianza en el CER hace además que suban las tasas que el Estado debe pagar al tomar nueva deuda. Chávez no hace beneficencia al suscribir bonos al 10.6% en dólares.

El aumento del gasto público en el año electoral no sólo deteriora el superávit primario si se excluyen los ingresos extraordinarios provenientes del traspaso directo de afiliados de las AFJP al sistema de reparto (2800 millones de pesos en los últimos tres meses). En julio hubo déficit financiero del Tesoro (200 millones) por primera vez en cuatro años. Así se debilita uno de los pilares del modelo.

La ley de responsabilidad fiscal es letra muerta y no sólo porque este año el Gobierno pidió y obtuvo del Congreso permiso para violarla: la suba del gasto supera en todas las jurisdicciones el aumento nominal del PIB.

Si la actividad industrial sufrió con las restricciones energéticas, el dinamismo del campo la compensó con creces. No hubo reconocimiento oficial a esta respuesta, aunque haya sido motorizada por los altos precios internacionales.

Si el "enemigo" político es otra vez la Sociedad Rural, como quedó demostrado con el desplante oficial, tampoco se explica por qué el Presidente no ha concurrido a otras muestras temáticas del sector que, junto con el petrolero, es el mayor aportante de retenciones.

Ahora que los mercados financieros internacionales muestran una alta volatilidad, el peor camino es seguir acumulando factores que aumenten la desconfianza; ya sea por falta de transparencia como por reinterpretar una realidad que ya no muestra su mejor cara. A menos que opte por acentuar un deterioro de expectativas que alejen a la economía del Paraíso y le otorguen ese típico sesgo de "viaje ahora y pague después" que caracterizó a tantos períodos del pasado.