La herencia económica del presidente Kirchner

DANIEL ARTANA, DESDE BUENOS AIRES

A pesar de que faltan aproximadamente cuatro meses para que asuma el próximo presidente de la Argentina, se pueden visualizar ya algunos problemas que deberá resolver quién sea electo a finales de octubre (o noviembre si hay segunda vuelta). Se destacan los siguientes:

Deterioro fiscal. Al mantener el gasto público aumentando entre 10 y 15 puntos por encima de los ingresos, el gobierno actual ha deteriorado en forma apreciable el resultado fiscal primario del Estado Nacional. De los 4.6% del PIB del primer semestre de 2005 se pasó a 3.8% en 2006 y a sólo 2.8% este año. Se publican datos mejores en el entorno del 4%, pero porque se incluyen ingresos transitorios como las utilidades del Banco Central (que tarde o temprano converge a perderlas en la costosa tarea de sostener el tipo de cambio) o los fondos acumulados en cuentas en las AFJP de trabajadores que han optado por retornar al sistema estatal.

La política fiscal argentina ha sido fuertemente procíclica y ello debe corregirse apenas iniciado el próximo gobierno porque las necesidades de financiamiento aumentan de US$ 15.000 millones en 2007 y 2008 a alrededor de US$ 20.000 millones en 2009 y casi US$ 23.000 millones en 2010. Un superávit primario en el entorno de 4% del producto permite hacer frente a la mitad de esas obligaciones en 2009 y 2010 y despeja el horizonte de posibles problemas de financiamiento en un país que ha optado por restringir su acceso a los mercados de capitales internacionales al mantener obligaciones pendientes de reestructuración con el Club de París y acreedores privados (los "hold-outs").

Afortunadamente, si se actúa con decisión, con gastos que crezcan 5 puntos por debajo de la recaudación el resultado primario mejoraría en un año el equivalente a 0.7% del PIB. En una economía en expansión ese "ajuste" fiscal requeriría que el gasto aumente poco y nada en términos reales.

V Inflación y manipulación. La inflación medida por cualquier índice que no sea el oficial para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se revela a un ritmo del orden de 15% anual (el doble que la oficial), y con algún riesgo de subir otro escalón si se repite la depreciación del tipo de cambio para contentar a empresarios y fisco que pierden margen de maniobra ante la suba de los salarios y gasto público en dólares. En una economía recalentada, se requiere una fuerte compresión fiscal para evitar que la depreciación de la moneda no agregue más combustible a la tasa de inflación. Además, el anuncio del oficialismo de un pacto empresarial-sindical-gobierno como elemento central de la política económica del gobierno de la Senadora Fernández de Kirchner puede alentar a un comportamiento preventivo de suba de precios (que de todas maneras no se registrarán en la medición oficial).

Los desafíos para la nueva administración son varios. Por un lado, debe normalizarse la medición de la inflación oficial. ¿Cuánto del desfasaje acumulado se barrerá bajo la alfombra aprovechando la utilización de una nueva canasta de gasto de las familias como se hizo en Chile en los setenta. Difícil de pronosticar hoy.

¿Se acompañará el famoso pacto de una mayor dureza fiscal y monetaria, clave para asegurar que dure algún tiempo? Probablemente se evite un deterioro adicional en la política fiscal luego de octubre, pero no es evidente que se acepte la necesidad de recomponer el resultado primario y converger a tasas de interés más realistas.

V Fragilidad energética. En el medio de una catarata de anuncios de nuevas inversiones en generación eléctrica y del proyecto de instalación de una planta de regasificación de gas licuado importado de Venezuela se pueden realizar algunas proyecciones:

• La matriz energética argentina que giraba alrededor de un abundante y barato gas natural nacional pasará a depender cada vez más de líquidos y de gas importado.

• El efecto sobre las tarifas industriales de energía eléctrica y gas natural de esta transformación energética no se ha sentido a pleno todavía. En el gas por ejemplo, si se utiliza el precio de importación de Bolivia en lugar del promedio actual la tarifa debe aumentar otro 50% adicional.

• La restricción energética del próximo invierno posiblemente no sea peor que éste porque entrarán en producción las dos centrales térmicas de gran porte y un par pequeñas por el equivalente de 1.500 MW de potencia y porque es de esperar que el invierno no sea tan frío como el de este año. Pero hoy la brecha es 1.200 MW que se cortan a la industria y 1.000 MW de importación excepcional de Brasil, Uruguay y Paraguay, a los cuales hay que agregar el próximo año 1.000 MW adicionales por el aumento esperado en la demanda.

• A ello deberá agregarse alguna acción tarifaria para los consumidores residenciales que pagan hoy los mismos precios en pesos que en el 2001.

En los próximos dos años se vivirá un mundo poco agradable para el gobierno de turno: precios en aumento y sin mejoras en el faltante de energía. Pero para que ello no se extienda en el tiempo es necesario contar con un programa claro. El riesgo es que el gobierno "corra de atrás" y sin generar la suficiente credibilidad para alentar inversiones.

En resumen, el próximo gobierno tendrá que resolver algunos problemas heredados de la actual administración, pero con algún margen de maniobra para intentar soluciones graduales durante el primer bienio de gestión si las turbulencias internacionales son pasajeras y los precios de las commodities se mantienen elevados.