Dilemas de los fondos soberanos

CARLOS STENERI | DESDE WASHINGTON DC

Economía & mercado

Un nuevo debate en la arena financiera internacional aun sin respuesta final está conectado con los fondos de inversión privados (FIP) propiedad de gobiernos. Países como China, Qatar, Rusia, Singapur, y Noruega, entre otros, canalizan por su intermedio sus excedentes de reservas para adquirir activos de otros países. Podría incluirse a Venezuela dentro de esta misma categoría, aunque utiliza otros medios.

La realidad es que un grupo de naciones emergentes son exportadoras voluntarias de capital, principalmente hacia el mundo desarrollado, como vía de diversificar las fuentes de retorno de su enorme ahorro doméstico, retroalimentado en algunos casos por la bonanza derivada de sus exportaciones petroleras.

Los órdenes de magnitud actuales son significativos y en franco crecimiento. Hoy esos flujos ascienden a 500 mil millones de dólares por año, con un ritmo anual de crecimiento que supera el incremento en el mismo período de doce meses de las reservas de esos países. En otras palabras, hay un cambio de política hacia la diversificación y búsqueda de mayor retorno de sus reservas invirtiéndolas en activos reales localizados en otros países. Eso implica que las tesorerías o los bancos de ciertas naciones acumulan cuotas partes o la totalidad de empresas localizadas fuera de su territorio. En esa carrera, hoy China es el accionista mayoritario del FIP Blackstone; Qatar acaba de adquirir la mayor cadena de supermercados de Gran Bretaña; Gazprom -cuya propietaria es Rusia- tiene importantes inversiones diseminadas en el área energética de varios países en desarrollo. La compañía estatal china (PTR) tiene inversiones importantes en el resto del mundo en desarrollo, inclusive en Sudan que está en plena guerra civil. Un FIP propiedad de Singapur es quien cofinancia a Barclays en su intento de adquirir el banco ABN AMRO. De otra manera, a través de la inversión directa de alguna de sus empresas como Petrobras y Vale do Rio Doce, Brasil participa también en ese proceso. Esta última acaba de adquirir en Canadá el mayor yacimiento de níquel del mundo. Por último, Venezuela, fundamentalmente a través de Pdvsa, tiene refinerías y estaciones de servicio en Estados Unidos y muestra una presencia creciente en el sector energético de América Latina con propuestas de asociación con empresas locales en rubros conectados con la energía.

LOS NUEVOS DILEMAS. Este nuevo escenario plantea preguntas sin respuestas fáciles, pues su dinámica trasiega aspectos sutiles cuyas consecuencias eventuales trascienden las reglas de la libre movilidad de los capitales entre países. Es un resultado nuevo en la historia reciente del mundo cuyas consecuencias aun no han sido bien evaluadas, máxime cuando las naciones inversoras están ubicadas en el mundo emergente. La bonanza por la que atraviesan, en algunos casos incluso con altas tasas de ahorro doméstico hace que, colmadas sus necesidades de acumulación de reservas, salgan a la búsqueda de nuevos canales para asignar sus excedentes financieros. Si eso corresponde al intento de una mayor rentabilidad, podrían compararse sus efectos al de una inversión privada pura. Pero por las características del inversor -otro estado soberano- existen también otros riesgos o resultados adversos para el país receptor de los flujos. Solo basta pensar en una querella comercial con una entidad cuyo propietario es otro estado soberano, para comprender que entran de lleno en escena aspectos políticos entre naciones. ¿Y cuáles serían los riesgos potenciales, si algún país con una cultura o sistema político diferente invierte en otro estado en actividades conectadas con la información, la educación o la cultura?

Podría decirse que en la fase imperial del capitalismo, cuya cúspide fue el imperio británico, ya hubo una situación donde coexistía una línea muy tenue entre los intereses privados y los estatales. Pero después de la primera guerra mundial, ese escenario entró en agudo decaimiento para dar paso a grandes empresas transnacionales de propiedad privada cada vez más difusa y diseminada por distintos confines del mundo.

Sin darnos cuenta, hemos entrado en una fase cuyo entorno operativo posibilita que estados puedan ser propietarios -por vía directa o indirecta- de activos localizados en otro estado soberano. Y la diferencia radica en que un estado de por sí, puede ser un propietario con objetivos diferentes a los de un inversor privado. Éste, por lo general, busca la maximización del retorno financiero de su inversión, y en base a esto es que operan los incentivos y los marcos regulatorios, generalmente comunes a los que se aplican a un empresario local. Eso delineó reglas, e incluso maneras de proteger o regular actividades de interés para los estados o sus sociedades.

Oponerse a los excesos de una empresa privada, por más poderosa que sea, es tarea relativamente fácil cuando se la compara a las dificultades y consecuencias de regular una entidad cuya propietario mayoritario es otro estado soberano generalmente más rico, y por tanto más poderoso, que la nación reguladora.

¿HAY RESPUESTAS? Lo reciente del tema solo ha arrojado voces de alerta sobre cómo prepararse ante nuevas conductas de los flujos financieros, con visos de aceleración creciente. En los setenta el reciclaje de los excedentes financieros se canalizó en parte a través del sistema bancario internacional y los destinatarios fueron los países en desarrollo. Sus excesos dieron lugar a la crisis de la deuda de los ochenta. Hoy existen nuevas vías, siendo la inversión directa una de las alternativas para disipar la acumulación de saldos ociosos.

El debate está abierto, aunque hay ya un cierto denominador común en las respuestas que cubre todo el arco ideológico, desde el campo liberal hasta el tradicionalmente más restrictivo expresado en posturas nacionalistas. Esa posición común estaría diciendo que hay ciertas áreas reservadas, donde este tipo de inversión no puede afincarse. Las referencias obvias son los campos de la cultura o los distintos modos de difusión de la información. Siguen en orden de importancia las referidas a los recursos naturales, para culminar en actividades privatizadas. La razón de esto último es que no tiene sentido re-estatizar una actividad, cuando a su vez el soberano en ese caso es extranjero.

Dicho esto, es obvio que este nuevo tipo de transacciones una vez desatadas han llegado para quedarse. Por tanto, no es cuestión de oponérseles ya que sería infructuoso, sino de buscarles cauces apropiados. Y en eso es donde están las dificultades mayores, siendo por el momento el consenso primario que esos recursos sean administrados profesionalmente a través de grandes fondos de inversión privados cuyo único propósito sea lograr mayores retornos. Con ello, su aplicación sería totalmente independiente de fines políticos o de otra índole

UNA NOTA REGIONAL. Este debate también abarca a la región, y en particular es relevante para naciones pequeñas como la nuestra.

En el concierto de los países latinoamericanos, Venezuela tiene la capacidad de ser un gran exportador de capitales obtenidos de la bonanza petrolera. Hasta el momento, sus propuestas de financiamiento han sido orientadas mayoritariamente al campo energético de naciones aledañas, mezcladas con otras de especie diferente.

Aquí también son válidas algunas de las preguntas que otros desde comarcas lejanas y países más grandes se plantean, ante el volumen y direccionamiento de esos flujos. El punto central que les preocupa es dilucidar si es lo mismo asociarse o recibir recursos de un inversor privado externo o de un estado extranjero.

Sobre el punto parece haber consenso generalizado que son cosas diferentes, sobre todo en lo que hace a la existencia de ciertos efectos potenciales adversos, de ocurrir ciertas dinámicas. Y esas preocupaciones provienen desde actores ubicados en los países desarrollados. Por tanto, es conveniente hacernos al menos estas preguntas, las que a pesar de no tener respuestas definidas, son tema de preocupación creciente en el resto del mundo. Ello es así porque en esta materia desandar pasos equivocados, puede tener costos que superan los beneficios aparentes de corto plazo.