JORGE CAUMONT

La política económica se encuentra fuertemente cuestionada. Paradójicamente, más desde los propios socios electorales del Ministro de Economía que desde tiendas de la oposición, la que también contribuye. Unas y otras críticas no afectan la tenacidad del conductor de la economía en su intento por imponer lo que cree que es lo mejor para el país. Afortunadamente para el ministro, su acción no debe ser la del capitán de un barco en tormenta, como la de sus predecesores. La situación externa facilita su gestión. Al margen de si la aprovecha o no a pleno y como debería, le alivia el manejo macroeconómico. La situación política, que con contrariedades que se acrecientan para varias de las medidas que impulsa, tampoco es totalmente neutralizante como lo fuera para las administraciones económicas anteriores. Y, por si fuera poco, el secretario de estado actúa además, en un contexto de dominio absoluto de la coalición que gobierna de todos los ámbitos económicos y políticos relevantes: Parlamento, empresas públicas, gobierno de los principales departamentos, etc.. Nunca, desde hace muchas décadas, un gobierno y su conductor económico, han tenido tanta libertad para introducir transformaciones a nuestra economía. Sin embargo el progreso no se percibe derramándose generalizadamente, el rumbo es incierto y el destino no puede ser bueno.

LAS INCERTIDUMBRES. Tres son los temas que introducen incertidumbre en la economía. El primero, como se viene comprobando a medida que se acerca la fecha de su aplicación, es el de los efectos que tendrá la reforma tributaria. La inseguridad que para el consumidor, el inversor y el ahorrista trae la reforma aumenta día a día. El grupo de gente que consume, invierte y ahorra en virtud de sus ingresos, y que ya está castigado fuertemente por otros numerosos impuestos y tasas diferenciales con fines igualitarios, será nuevamente golpeado por la reforma. Ella contemplará al grupo que hoy tiene menor consumo, pero por otro lado, ni invierte ni ahorra, por lo que solamente la vigencia de la reforma nos dirá si el mayor consumo que tendrán quienes son favorecidos, compensa la baja del consumo y de la inversión de los perjudicados. Aunque no es momento para ahondar en el análisis de los resultados que se alcanzarán, lo que se debe decir es que la incertidumbre con reducción del gasto, se instala por un tiempo en la realidad uruguaya.

El segundo es el tema de cómo se encarará la lucha antiinflacionaria, cuando la meta de aumento de precios del gobierno se constituya en algo difícil de alcanzar, sobre todo a partir de julio con la indexación salarial que se reflejará en un nuevo salto de precios. ¿Habrá cambio del rango meta oficial? ¿Se validarán monetariamente los ajustes salariales o, con el propósito de devolver a la inflación al rango meta actual, se tolerará un aquietamiento de la economía? Se trata sin dudas, de un dilema que se reflejará en las decisiones de la conducción económica. Pero que pone también, una cuota de incertidumbre entre la gente, entre consumidores e inversores.

El tercer tema que también genera dudas cuando se analiza el futuro, es la propia estabilidad en el cargo del conductor de la economía. No es novedad la lucha que le han planteado los sectores relevantes electoralmente de la fuerza que gobierna. El Partido Comunista, el Socialista, el propio MPP y otras facciones oficialistas son notoriamente contrarios a la orientación que trata de imprimir el Ministerio de Economía. Se agrega la empecinada lucha que le plantean entre otros, sectores sociales como la central sindical y las agrupaciones de la educación que dominan fuerzas supuestamente pro gobierno. Sectores menos representativos electoralmente y el Presidente, son los que respaldan su actuación y algunas de sus intenciones hacia el futuro. Pero los grados de libertad para ese apoyo pueden consumirse según lo que ocurra con los otros temas. Y ello es lo que definirá su futuro. En pocos meses este asunto se dilucidará por las razones que sean -muchas no justificables, como el 4.5% del PIB para la educación-, lo que provocaría más dudas sobre nuestro futuro económico. ¿Quién sería su eventual sucesor? ¿Qué orientación le imprimiría a la economía y cuáles los efectos que tendría sobre la situación macroeconómica y sobre los factores internos que la impulsan, en gran medida autónomos o dependientes de la situación externa?

Y ANTE ESO. Y ante eso el Ministro de Economía no deja instancia sin dar su parecer sobre su idea y acción. Analiza los progresos de la economía y también lo que cree que serán los beneficios de sus decisiones para los próximos tiempos. Se esfuerza por resaltar el crecimiento económico de los pasados años, el cual es indudablemente cierto pues aunque deriva de una situación de crisis que encauzaron sus predecesores, con su actuación permitió que la expansión continuara por dos años más, ayudado por un entorno mundial y regional, de precios, de demanda y de liquidez, excepcionales. Cuánto es mérito de su actuación y cuánto se debe a factores ajenos a su política económica, es un tema de discusión. Sus intenciones han ido más allá que sus concreciones. Su deseo de establecer relaciones comerciales más estrechas con Estados Unidos; su declaración sobre la desmonopolización que naturalmente vienen reflejando las actividades estatales de las empresas públicas debido a los cambios tecnológios -la desaparición de los monopolios "naturales"-; su intención de mantener más alineadas a las cuentas fiscales en las últimas dos instancias presupuestales -en uno de los casos desconocida por orden presidencial cuando le impuso los más de 300 millones de dólares de aumento para el gasto de este año-, reflejan intenciones no concretadas.

ANTE ESTO. Ante estos temas que provocan duda general, el Ministro no ha contestado con la solvencia que el público merece. No es repitiendo a quien le quiera oír y hasta el tedio que la reforma tributaria vuelve al sistema fiscal más equitativo, más eficiente y más "impulsor" de la inversión. Esas afirmaciones son tan solo expresiones de deseo, pues como dijo un presidente norteamericano "no se puede llegar a la prosperidad desalentando a la empresa, ni reforzar al débil debilitando al más fuerte, ni ayudar al pequeño abatiendo al más grande, ni ayudar al pobre destruyendo al rico, ni aumentar la paga arruinando al que da trabajo …, no se puede ayudar continuamente a la gente haciendo en su lugar aquello que puede y debe hacer sola".

Tampoco es con persuasión moral o intimaciones subliminales que se puede lograr que la eliminación de algunos impuestos a la producción y a las ventas se vaya a traducir de inmediato en bajas de precios. Y que con ello se baje la inflación. La incidencia de los impuestos, tanto al imponerlos como al retirarlos, se comparte entre compradores y vendedores, hasta que el mercado determine lo correcto y justo. Es un deseo y no otra cosa, indicar que la totalidad del monto del impuesto que se elimina se debe trasladar al precio de venta. Es cierto que se puede hacer en el caso de los precios que controla el gobierno. Pero no es cierto cuando la incidencia del gravamen es compartida por consumidores que pagan un precio mayor al que pagarían sin el impuesto, y por productores o vendedores que reciben uno menor al que recibirían sin el impuesto. La incidencia del gravamen, sobre quien recae y la que resulte luego de la eliminación del mismo es algo que resuelve la interacción de las fuerzas del mercado.

El Ministro no es dueño de llevar adelante sus intenciones. Buenas o malas, dependen en buena medida de lo que piense el Presidente, y de lo que el primer mandatario tolere para evitar las fricciones que amenazan la unidad de las fuerzas de la coalición electoral que nos gobierna.