Aunque uno admita que no existe el daño ambiental "cero", no se puede aceptar alegremente la contaminación ambiental "cien" en cualquier instancia del desarrollo industrial. De lo contrario, el mundo haría una caravana hacia el suicidio colectivo, afirmó Sergio Federovisky, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. El entrevistado es autor del libro "El medio ambiente no le importa a nadie. Bestialidades ecológicas en la Argentina: del Riachuelo a las papeleras", recientemente editado por Planeta. A continuación se publica un resumen de la entrevista concedida a ECONOMIA & MERCADO.

-¿Por qué no existen "partidos verdes" de relativa importancia en América del Sur?

-Como no hay demasiada investigación sociológica y política al respecto, se me ocurren tres hipótesis. La primera tiene que ver con el proceso de "deshilachamiento" de los partidos políticos en América Latina y, en particular, en Argentina. Segundo, no ha habido una traslación ni mecánica ni elaborada de las relaciones ambientales que están sucediendo en el plano de la demanda social a una instancia política. Una tercera hipótesis es que quienes han intentado, de una manera muy individual y periférica, utilizar el tema ambiental como plataforma para desarrollar una carrera política han quedado claramente sesgados al reivindicar solamente la parcialidad de lo ambiental, cuando tanto la realidad como muchas de las protestas sociales integran lo ambiental al conjunto.

-¿Cómo ha reaccionado la clase política ante la problemática ambiental?

-Se repite casi como si fuera un axioma que el tema ecológico es una prioridad lejana y que la gente reclama que se le resuelvan las cosas más urgentes que tienen que ver con el hambre, la educación, la salud, etc. Sin embargo, la sociedad ha incorporado la dimensión ambiental en la protesta social en los últimos años. Cabe subrayar que la "ha incorporado" y no ha transformado su protesta social en una protesta ambiental. Es decir que la sociedad ha logrado hacer penetrar lo ambiental en el contexto de todas las demandas sociales pendientes. En nuestra región, cuando un político inventa un partido de tono verde le da un sesgo que no registra el reclamo del conjunto. En cambio, en Europa donde sí existen los partidos verdes, estos no son sesgadamente "verdes", sino que son partidos que tienen una plataforma ambiental, pero también incluyen una impronta de sensibilidad social que excede lo ecológico largamente. A su vez, la sociedad tiene la capacidad de incorporar ese costado "verde" en forma articulada como está ocurriendo tardíamente en América del Sur. Por eso, los partidos verdes en la región terminan teniendo una dosis más folclórica, más limitada en su accionar que una interpretación cabal de lo que está reclamando la sociedad.

-¿Qué peso tiene la política ambiental en la agenda del gobierno argentino?

-No tiene ningún peso porque lo ambiental, tanto en la agenda como en la institucionalidad del Estado, ocupa un rol meramente testimonial. Está incorporada porque corresponde y porque la época lo exige; pero no tiene peso específico desde el punto de vista discursivo para generar una avalancha de ideas en la agenda y, mucho menos, tiene un accionar concreto. Desde hace unos treinta años, aunque con intermitencias, el ámbito ambiental existe dentro de la estructura del Estado argentino. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente ha carecido de la posibilidad de accionar concretamente para modificar la realidad, salvo durante un período muy corto en el gobierno de Menem porque desde allí se garantizaba el no control de quienes dañaban el ambiente. Hoy el área vinculada con el ambiente sólo tiene la capacidad de articular algunas ideas para permitir que otros, a posteriori, subsanen el daño ambiental cometido. Esto claramente trasciende a la agenda ambiental real, que está reducida casi exclusivamente a enunciados. En síntesis, la política ambiental no tiene en su agenda propósitos marcados que la habiliten a comprometer proyectos y, fundamentalmente, garantizar concreciones.

Legislación

-¿Es conveniente tener una legislación de fuerte protección ambientalista en países en vías de desarrollo y con poca inversión?

-Creo que la pregunta plantea una alternativa falsa porque no corresponde que la gente tenga que padecer las consecuencias ambientales como daño colateral obligatorio ante la decisión oficial de desarrollar la economía de un país con inversiones. No me parece que el costo obligatorio del desarrollo industrial sea el Riachuelo. Si el daño ambiental no es un costo obligado, es falaz la idea de que se debe ser más laxo ambientalmente para permitir que haya más industrialización. Esa es una falacia que sólo se puede sostener dado que el mundo globalizado favorece el discurso de que los países en desarrollo tienen que industrializarse a cualquier precio. Eso significa tener que recibir industrias que países que ya están más desarrollados trasladan porque saben que producen un daño ambiental. Aunque uno admita que no existe el daño ambiental "cero", no se puede aceptar alegremente la contaminación ambiental "cien" en cualquier instancia del desarrollo industrial. De lo contrario, el mundo haría una caravana hacia el suicidio colectivo.

-¿En qué medida debería flexibilizarse la aplicación de la legislación ambiental en épocas de crisis económica para permitir que las empresas sobrevivan y no se pierdan empleos?

-La secretaria de Medio Ambiente de Argentina, Romina Picolotti, afirmó que si se aplicara la normativa ambiental a la Cuenca Matanza-Riachuelo, no quedaría una sola empresa abierta. Ante el dilema de aceptar el Riachuelo en sus condiciones actuales o cerrar todas las fábricas de esa zona, debe existir la posibilidad de establecer parámetros, aceptando un cierto grado de lesión al ambiente, para un modelo de desarrollo donde convivan un río -o algo que se parezca a tal- y una actividad industrial. El mundo desarrollado, que no se ha desindustrializado totalmente, está lleno de ejemplos. Me parece que ese planteamiento es un chantaje similar al que padecimos en la época del neoliberalismo con Menem, cuando se decía que para atraer inversiones había que tener una aplicación impositiva muy laxa. El resultado más claro es la Ley de Minería de Argentina que, con la excusa de facilitar las inversiones mineras, está considerada entre las legislaciones más ominosas del mundo. Ese sector está exento de la totalidad de los impuestos, excepto a los ingresos brutos, gravándose al mineral en la boca del pozo y no por su valor de exportación.

-¿Qué tipo de política ecologista podría encarar con eficacia los problemas ambientales?

-Soy de los que creen que los problemas ambientales no existen, sino que son daños colaterales de decisiones económicas. Si se desmenuza un problema ambiental, se termina descubriendo que es un problema económico porque ninguna empresa contamina intencionalmente sino porque le sale más barato hacerlo. Las decisiones económicas son las que generan los daños colaterales, a los que se les llama problemas ambientales. Por lo tanto, pretender encontrar la solución a los problemas ambientales en el ambiente es absolutamente imposible porque están en la economía.

Temas críticos

-¿Cómo calificaría la gestión del gobierno de Kirchner con relación al de sus predecesores respecto al cuidado del ambiente?

-La diferencia fundamental está marcada no tanto por el grado de convicción particular que pueda demostrar el gobierno en esta área, sino por la época en que le ha correspondido desarrollarse. Estos años tienen dos improntas muy relevantes. Una, a escala internacional, es el cambio climático y otra, a escala local, que es el conflicto de las plantas de pasta de celulosa. Estos temas han influenciado la política del gobierno empujándolo a involucrarse en asuntos que, por antonomasia, no se hubiera comprometido. Da la sensación por la forma como transcurrieron los primeros dos años de esta administración hasta que estalla decididamente el conflicto de las pasteras, que la cuestión ambiental no era un eje muy marcado. Ambos temas han obligado a Kirchner a darle una institucionalidad que antes no tenían. Asimismo, han generado a escala social la aparición sin previo aviso de otros conflictos ambientales, quizás no tan publicitados como el de las pasteras pero muy serios, que ponen al gobierno en la situación de encargarse de temas que no tenían prioridad.

-¿Cuáles son los otros temas críticos en materia ambiental?

-Quizás el caso del Riachuelo es el más conocido. Por imperio de una presentación de una asociación vecinal de La Boca ante la Justicia, invocando que se estaba violando el Art. 41 de la Constitución que consagra el derecho a un ambiente sano, la Corte Suprema de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo que presentara un plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es evidente que si no hubiera aparecido esa demanda judicial, la inercia del gobierno habría sido la misma que la de todos sus predecesores respecto a esa zona, quienes asumieron que era un tema preocupante, pero que, desde que está cristalizado como paisaje, es perfectamente posible convivir con él. En síntesis, hay una diferencia positiva respecto a los gobiernos anteriores en cuanto a ocuparse por temas ambientales, pero esa diferencia se está logrando mediante la demanda social.

Espontaneidad

-Si bien se aprecia un mayor involucramiento de la población en defensa de temas ambientales, ¿cuál es el grado de responsabilidad del ciudadano común respecto al cuidado del medio ambiente?

-Difícilmente esos movimientos que son muy espontáneos podrían prosperar si no existiera una anuencia del ciudadano común. Una de sus peculiaridades es que están por fuera, nos guste o no, de cualquier estructura previamente conformada por los partidos políticos e incluso por los grupos ambientalistas más tradicionales, como podría ser Greenpeace. Más allá que en estos últimos años haya habido "infiltraciones" o usufructo de la política, nadie puede discutir que el nacimiento del movimiento de Gualeguaychú es de una transparencia total. Lo mismo ha ocurrido con la Asociación de Vecinos de La Boca o una movida que existe hoy en el Delta del Tigre porque se ha contaminado una de sus zonas como producto de una obra pública o los vecinos de Río Hondo en Santiago del Estero que reclaman por la contaminación de un embalse debido a la desaprensión de las industrias de Tucumán durante décadas.

-Admitiendo la espontaneidad del movimiento de Gualeguaychú, ¿quiénes están apoyando financieramente el bloqueo de los puentes binacionales sobre el río Uruguay?

-No me atrevería a dar una respuesta contundente. Haciendo un razonamiento inverso, tomemos como hipótesis de trabajo que se financia a una veintena o treintena de personas para sostener los cortes de los puentes. Si se le quitara el apoyo financiero a esas personas, supuestamente se desbarataría la parte más dura del reclamo. Sin embargo, todavía queda en pie la realización de tres marchas de mucho más de 50.000 personas cada una en la misma dirección y reclamando exactamente lo mismo. A lo largo de tres años sus demandas han estado centradas en la sospecha de la imposibilidad de controlar un emprendimiento industrial de gran porte. Esa posición merece respeto o, al menos, desarticula la parte más nociva del pensamiento, de que -siendo perfectamente dable de pensar- es un puñado de radicales que se oponen a las pasteras. ¿Cómo se explican las decenas de miles de "radicales" que se pliegan a las manifestaciones y que mantienen la misma oposición a la planta de Botnia durante todo este tiempo?

El reclamo de Gualeguaychú, sea correcto o no, tiene un sostén social que es indiscutible. En Argentina no hay antecedentes, en los últimos diez años, de una marcha como la del pasado 29 de abril que, sin partidos políticos y sin "punteros", convocó a 100.000 personas. Con este dato, se debería mirar ese conflicto de otro modo. Creo que sería miope quien quisiera reducirlo a los veinte o treinta ambientalistas financiados.

En Argentina presuponemos que el próximo violador es quien nos está hablando

r -¿No ofrecen garantías suficientes los estudios que ha realizado la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay sobre el impacto ambiental de la planta de Botnia?

-Parecería que estamos hablando de una duda de tipo físico-química respecto de lo ambiental, pero la discusión que ha planteado, erróneamente o no, la gente de Gualeguaychú tiene otro volumen. El movimiento gestado alrededor de esa causa no está sólo discutiendo si la planta va a liberar más o menos elementos contaminantes a la atmósfera o va a verter más o menos efluentes tratados o no al río. La discusión que Gualeguaychú intentó plantear con muchas dificultades y poco desarrollo teórico -y que no han podido encarar Argentina y Uruguay a nivel institucional- es el tema del emplazamiento y eso no sucede por una cuestión caprichosa. Uno de los elementos sustanciales de una política ambiental es el ordenamiento territorial. No es lo mismo tener una fábrica igualmente contaminante e igualmente controlada en el centro de una ciudad que en la periferia. Su gente teme que la planta los perjudique no sólo por la cantidad de contaminantes que genere, sino porque su sola presencia es contradictoria con el desarrollo turístico y entorno paisajístico de la ciudad, que se inventó a sí misma con la historia del Carnaval y del río, pese a no tener costas sobre el Uruguay. La explicación de por qué tanta gente sigue oponiéndose a la presencia de Botnia radica en el temor de que la construcción de una chimenea enfrente le haga perder a Gualeguaychú lo que le ha dado entidad e identidad, es decir lo que le permite figurar en el mapa de Argentina. Si no estuviera este aspecto que no se ha analizado lo suficiente, seguramente la solución vendría por el lado de controlar los niveles de contaminación de la planta de Botnia y tratar de que no alcancen un grado dañino al ambiente.

-¿Qué valor se le asignan a los antecedentes de Uruguay como, por ejemplo, haber ocupado el tercer lugar detrás de Finlandia y Noruega en el Índice Ambiental elaborado en 2005 por las Universidades de Yale y Columbia?

-No podemos olvidar que estamos en el Cono Sur, que estamos en Argentina y vivimos en sociedades que, pese a reconocer que Uruguay tiene una trayectoria de respeto institucional muy superior a la de Argentina, hemos sido violados tantas veces que presuponemos que el próximo violador es quien nos está hablando. Por tanto, es comprensible que la gente de Gualeguaychú no crea que se pueda controlar esa planta cuando no se controla ninguna otra fábrica en este país.

Estoy de acuerdo que uno de los discursos más sólidos de Uruguay es el doble estándar que presenta Argentina, es decir reclamarle lo que no hace dentro de fronteras. Tengo claro que el gobierno argentino tiene poca autoridad moral para formular esa demanda. Pero, cuando se menciona este aspecto a los habitantes de Gualeguaychú, sostienen que ellos no se hacen responsables por lo que Argentina en su conjunto no ha hecho en su interior.

Ficha técnica

Sergio Federovisky, argentino, 44 años, se graduó de licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido investigador del Instituto Internacional de Medio Ambiente de la UBA y del Instituto Nacional de la Administración Pública. Ha trabajado como periodista especializado en temas ambientales en diversos diarios y revistas. Conduce los programas "Contaminación Cero" por Canal 7 y "Ambiente y Medio" por Canal Metro. En 2005 y 2006 fue columnista del programa Informe Central por América TV (Argentina).

Es muy difícil imaginar que la movilización de Gualeguaychú se desmonte

r -¿Cómo se arregla este conflicto tan complejo mientras Argentina exija la relocalización de la planta de Botnia y Uruguay demande el levantamiento incondicional del bloqueo de los puentes?

-Hay conflictos que están planteados de un modo que no tienen una solución posible, entendiéndose por tal que se conforme en algún punto a las partes involucradas. Esta es una de esas disputas. La trayectoria del diferendo en dos instancias claves ha conducido a que no tenga solución. Una de esas instancias abarca los dos años anteriores a la primera marcha en Gualeguaychú de abril 30 de 2005, cuando la actitud de Argentina fue totalmente opuesta a como ha actuado a partir de ese momento. Por lo tanto, hay un pecado de origen que hace muy difícil encontrar una solución porque Uruguay interpretó e, incluso, tuvo el aval para entender que había un intento de acuerdo para que las pasteras se instalaran en Fray Bentos.

El segundo hito que no hay que desconocer es que el gobierno uruguayo carece de la potencia suficiente para poner a Botnia en una situación de negociación real. La empresa finlandesa nunca aceptó ser parte de una negociación cierta, con lo cual se ha ido gestando una actitud de una altísima prepotencia de parte de Botnia con el propósito de generar un hecho consumado. Hoy tiene la obra civil de su planta prácticamente terminada y está casi en condiciones de empezar a producir, mientras una de las partes exige su relocalización. Esa discusión debió haberse dado, por lo menos, hace un año y medio. Por lo tanto, no hay solución posible con este esquema. Creo que en algún punto, el gobierno argentino va a tener que ceder a esa realidad.

-En ese escenario, ¿cómo se desmoviliza a la gente de Gualeguaychú después de una campaña opositora tan prolongada?

-Todos los pronósticos que suponían que en algún momento esas 100.000 personas, o sea la población de Gualeguaychú, iban a resignarse ante la realidad han fracasado completamente. La militancia de la gente, ya sea a través de los cortes o de las movilizaciones, es lo que ha permitido que Argentina llevara la negociación hasta sus niveles actuales.

-¿Qué actitudes pueden esperarse de una población que, aparentemente, está consustanciada con la idea de impedir que funcione la planta de Botnia?

-Curiosamente Gualeguaychú percibe que está al borde de ser derrotada, pero simultáneamente está convencida de que la derrota se ha ido alejando porque la movilización se mantiene. Por lo tanto, es muy difícil imaginar que esa movilización se desmonte, incluso con la planta de Botnia funcionando. A partir de ahí, cualquier hipótesis es válida porque esa gente ha dado muestras que no va a aceptar mansamente un acuerdo binacional negociado que admita la operativa de la planta de Botnia. ¿Quién le va a ir a explicar a una sociedad que su consigna ha sido derrotada y que no ha obtenido nada a cambio? Es una interrogante de alta política muy compleja de resolver.