Deterioro de las cuentas públicas a junio

Las cuentas del gobierno cerraron el mes de junio en peores condiciones que a fines de 2004. De acuerdo con la información divulgada la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el superávit primario del sector público –sin incluir a los gobiernos departamentales– se ubicó en U$S 518,9 millones a junio, es decir en el 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB), cinco décimas por debajo del valor de diciembre. El descenso se explicó por una leve caída, de 0,8%, de los ingresos reales del gobierno central en el primer semestre acompañado con una moderada alza de los egresos primarios, de 2,1%.

La desaceleración económica del primer semestre del año -en comparación con los elevados niveles registrados el año pasado- ya comenzó a hacer mella en los ingresos del sector público. La recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) abandonó el crecimiento anualizado real dos dígitos para pasar a un nivel cercano al 7% en el año móvil finalizado en junio. En el último mes las cifras reales llegaron a ser levemente negativas en términos comparativos con el mismo mes del año pasado para la recaudación de IVA, Imesi y otros impuestos de menor relevancia.

Pero la pérdida de dinamismo en la recaudación impositiva no fue el único escollo que debió sortear el gobierno en el primer semestre. Los ingresos también disminuyeron debido a que se dejó de recaudar el adicional del Impuesto a las Retribuciones Personales -que estaba vigente el año pasado- y a los magros resultados de las empresas públicas. En particular UTE y ANCAP tuvieron que hacer frente a la crisis energética del pasado verano, que incrementó sus costos.

Por su parte, los egresos del sector público, sin contar los intereses de deuda, aumentaron un leve 2,1% real en el primer semestre del año en comparación con igual período de 2004. Esto se debió tanto a aumentos en los gastos generales, como en remuneraciones y pasividades. No obstante, el incremento de los salarios públicos aún está por venir, ya que se aprobó para julio y recién se reflejará en los flujos de caja en agosto. Además, el Plan de Emergencia todavía no se hizo sentir en las cuentas fiscales. El PANES significó un gasto de $ 27,8 millones entre mayo y junio.

Sin embargo, el efecto de ingresos más bajos y egresos más altos no fue demasiado significativo en el déficit fiscal global al cierre de junio, que se ubicó en U$S 241,9 millones o 1,6% del PIB. Por el contrario, el desequilibrio fiscal se redujo en cuatro décimas frente al valor de diciembre, como resultado de la reducción de 23% real de los intereses de deuda en el primer semestre frente a igual período del año pasado. El peso de los intereses sobre el PIB cayó desde casi el 6% de diciembre del año pasado al 5% en junio, principalmente por la pérdida de valor del dólar.

Metas y resultados. Pese a los altibajos, que situaron el superávit primario en niveles del 4% del PIB a comienzos del año para luego caer, subir y volver a caer, los resultados fiscales están en línea con las metas pactadas en la última carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. En el documento se fijó un objetivo de superávit primario de 3,5% del PIB para fin de año.

Para llegar a esta cifra el gobierno deberá mantener durante la segunda mitad del año valores similares a los obtenidos en el primer semestre. Esto constituye un desafío dado que es de prever que los egresos se incrementen, aunque de forma moderada, y que los ingresos pierdan dinamismo. Además, existen factores de riesgo adicionales, explicitados en el último informe trimestral del Banco Central del Uruguay, que reflejan la vulnerabilidad de la economía uruguaya. Entre dichos factores se destaca el bajo nivel de inversión, que resulta tan necesaria para alcanzar un crecimiento sustentable, las posibles presiones inflacionarias derivadas de los aumentos salariales y la recomposición de los márgenes de ganancias, los altos precios del petróleo, la apreciación de las monedas regionales y nuevas subas de las tasas de interés. El gobierno deberá sortear estos obstáculos, que serán de menor o mayor magnitud, para lograr niveles de superávit que hagan posible el pago de un endeudamiento que representaba el 94% del producto a marzo.

Inversiones públicas. En el primer semestre del año la inversión del gobierno central se incrementó 2,1% en términos reales en comparación con igual período del año pasado. La inversión totalizó los $ 2.790,9 millones en el semestre. De dicho monto, el 45,6% correspondió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el 15,3% al Ministerio de Vivienda y el 9,7% a los organismos docentes.

El incremento más destacado -debido a su peso en el total- fue el correspondiente al MTOP, que expandió sus inversiones en 15,6% real en el semestre. Otros aumentos sustanciales fueron el 17,4% en Defensa Nacional, que representó el 5,6% de la inversión total, y el alza de 19,9% de Relaciones Exteriores, que invirtió el 3,3% del total. En otras reparticiones del gobierno central se produjeron importantes incrementos porcentuales en las inversiones pero que fueron imperceptibles en el total. Un ejemplo es el Ministerio de Economía y Finanzas, que triplicó sus inversiones, pero aun así las mismas representaron solamente el 1,7%. Asimismo, se expandieron en 32,5% las inversiones en las dependencias del ex Iname y en 50,8% en la Universidad de la República.

Entre las principales reducciones de inversiones se destacó la baja de 18,4% de las efectuadas por el Ministerio de Vivienda, el descenso de 12,5% de las inversiones de Presidencia y el recorte de 20,6% en los organismos docentes.

Deuda flotante. Uno de los objetivos del nuevo gobierno es el de reducir su endeudamiento con los proveedores del Estado y en algo se ha avanzado. Al cierre de junio el gobierno debía a los proveedores unos $ 2.567 millones, una cifra 16,7% inferior a la de fines del año pasado y 28,4% menor a la de igual mes de 2004. En el primer semestre del año los organismos que lograron reducir de manera más significativa su endeudamiento fueron el Ministerio de Deportes, en 87,4%; la Corte Electoral, en 67,3%; el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en 63%; y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 52,9%. Sin embargo, en términos de dinero la reducción más sustancial fue el 20,3% de Salud Pública, ya que dicha dependencia representaba a fines de junio el 27,7% de la deuda flotante total. El segundo mayor deudor fue el Ministerio de Defensa con 19,3% del total (que se incrementó 1% en el semestre) y el tercero fue el Poder Legislativo con 9,1%, tras un aumento semestral de 11,1%. No obstante, la dependencia que registró la mayor alza de sus deudas fue el Iname, con un incremento de 14,9% frente a diciembre del año pasado.

BPS y entes. Los números del Banco Previsión Social (BPS) han sido en los últimos años un dolor de cabeza para el gobierno. Sin embargo, los resultados del organismo exhibieron una leve mejora en el primer semestre. La asistencia al BPS sumó $ 13.672,6 millones en el período, 3,6% real menos que en el lapso enero-junio de 2004. La mejor performance respondió a un aumento de los ingresos, medidos en términos reales, de 1,6% explicado por el incremento del empleo y de la recaudación. Además, jugó a favor la reducción real de los egresos en 1,3% por la disminución en las partidas de transferencias, en el seguro de desempleo y en los gastos generales.

Por su parte, las empresas públicas obtuvieron en el primer semestre del año ganancias por $ 551,7 millones, casi la mitad que en igual período del año pasado. Los magros resultados se explican básicamente por los importantes costos que debieron enfrentar particularmente UTE y ANCAP por la crisis energética de comienzos de año y por el aumento de los precios del petróleo. La contribución de las empresas públicas a rentas generales fue en repetidas oportunidades un factor fundamental para alcanzar los objetivos fiscales. Sin embargo, si los buenos resultados dependen de aumentos en las tarifas, el gobierno deberá sopesar entre cuentas en orden y el posible entorpecimiento del crecimiento, ya enlentecido.