SERGIO ABREU

El complejo escenario energético de la región ha despertado el interés de desarrollar un proyecto de integración energético a partir de las reservas de gas existentes en Camisea, Perú.

El tema es de gran actualidad, derivada de la propuesta de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay al Perú para la construcción de un "anillo energético", que asegure el abastecimiento de gas a sus países mediante la construcción de un gasoducto regional de cerca de 1.750 kilómetros. El proyecto ha ido tomando cuerpo y, como tantas veces sucede, ha venido postergando definiciones a nivel nacional que hacen a una política consistente en el sector energético. Más aún, parece orientarse a disimular la necesidad de la formulación de una política energética nacional que involucre decisiones de Estado compatibles con la inserción regional y las obligaciones a asumirse en el área de la integración energética.

El Poder Ejecutivo deberá plantear los elementos básicos de su política en la materia. Esto es, el diseño de una matriz energética que contemple todos sus aspectos; la concreción de una integración regional confiable y una reestructura del sector a nivel nacional que defina los roles del Poder Ejecutivo como formulador de política y planificador sectorial, de la Ursea como entidad reguladora y controladora de los operadores, y de los agentes económicos industriales y comerciales públicos y privados.

A partir de allí, podremos analizar y discutir la inserción de Uruguay en el área energética en la región. Y, en particular, la necesaria relación que debe existir entre este proyecto concreto y la política nacional energética de modo que la decisión que se tome sea leída como parte de una decisión estratégica que se empina sobre los aspectos puntuales o coyunturales.

La idea del "anillo energético", surgida en la Cumbre de Asunción, ha generado lógicas expectativas en países que se han visto afectados por la crisis energética argentina de 2004 y que constatan con preocupación que los acontecimientos vividos en Bolivia en los últimos meses, imponen limitaciones a su potencial como proveedor gasífero. Tales expectativas también se han alentado en Uruguay, hecho natural en un país en el que la autosuficiencia energética es un objetivo inalcanzable y en el que la definición de su matriz energética depende en buena medida de su inserción regional.

El proyecto en cuestión es compartible; sin embargo, el apoyo a esta iniciativa debe asumir que su implementación es un tema bastante más complejo que una simple conexión a una red de distribución de gas y que su puesta en marcha no elimina —más bien agudiza— la necesidad de proponer y definir internamente una política nacional que incluya todas las variables que la componen.

Las crisis vividas recientemente en la región no se explican únicamente por la falta de fuentes de energía en América del Sur y el desafío que hoy enfrentamos va mucho más allá que la mera conjunción de esfuerzos en torno al uso del gas natural. Si bien Uruguay no cuenta con reservas de hidrocarburos o gas propias —lo cual aumenta nuestra dependencia del abastecimiento externo— en una perspectiva regional, la región cuenta con abundante oferta petrolera (Venezuela, Colombia y Ecuador), de gas (Venezuela, Bolivia, Perú y Argentina) y una potencialidad hidroeléctrica importante (Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela). Por tanto, en lugar de referirnos al déficit energético, debemos analizar la proyección institucional, la seguridad jurídica y la eficiencia económica, como los grandes temas relacionados a un proyecto de energía nacional, insertado estratégicamente.

De allí que las crisis energéticas no son consecuencia de la falta de fuentes de energía, sino de una gran fragilidad institucional que resta certidumbre jurídica a las inversiones y, en particular, a la ausencia de mercados uniformes, competitivos y transparentes. Tales situaciones han derivado en que la eficiencia y el precio de la energía se relacionan con la preservación de determinados márgenes de ganancias de empresas monopólicas y estatales, desconociendo la necesidad de aumentar la interconectividad de los sistemas, cualquiera sea la fuente energética referida; es decir, petróleo, gas natural, carbón e hidroelectricidad.

El proyecto incorpora a varios países y a varias empresas privadas transnacionales, con un nivel de oferta aún no definido y sin tener desarrollado los mecanismos orientados a complementar las distintas fuentes de energía. El planteo que involucra los denominados "swaps" energéticos requiere, tanto a nivel de las tecnologías productivas como en los aspectos legales y financieros, altos grados de seguridad jurídica que den confianza a los inversores de riesgo y aseguren la complementación de este anillo gasífero con los demás esfuerzos nacionales de inversión en el área de la energía.

Por otra parte, exigirá la armonización de las estructuras de mercado y políticas de precios entre los distintos países. En la actualidad, los esquemas de formación de precios derivan en disparidades muy importantes (de entre 11 y 13 veces) en los precios finales de los diferentes países. La armonización implicará ajustes fuertes para algunos actores, públicos y privados.

Además, deberán establecerse mecanismos de garantía y marcos regulatorios sustentados en criterios de mercado que brinden certezas jurídicas a los inversionistas y a los consumidores. Esto exigirá también coordinar a nivel regional un tratamiento adecuado a los temas tributarios, de riesgo cambiario, de compatibilidades técnicas y económicas y otro sinnúmero de cuestiones imprescindibles para poder iniciar las inversiones, una vez que las conversaciones entre vendedores y compradores de gas definan volúmenes, precios y rentabilidad.

¿Cómo podrá Uruguay caminar a lo largo de este proceso, que exigirá decisiones claves en temas difíciles y pendientes a nivel nacional?

Debe tenerse en cuenta que cada país participante deberá encarar internamente reformas importantes, vinculadas a los compromisos que asume en la proyección regional de su política energética. Y eso no escapa al Uruguay. En ese sentido, basta recordar que la última crisis de abastecimiento de energía eléctrica y gas, no sólo puso en evidencia su vulnerabilidad como importador neto de hidrocarburos sino, además, las limitaciones de la planificación estratégica pública, la lentitud en la toma de decisiones sobre inversiones y su ejecución y la baja capacidad para anticipar las amenazas externas. No fue de extrañar, por tanto, que estas debilidades condujeran —y si no se corrigen continuarán conduciendo— a riesgos de abastecimiento y/o a incrementos altamente significativos de costos de importación o generación local.

En Uruguay, muchas de las decisiones que deberán abordarse para concretar un anillo energético regional —que hacen a las estrategias de desarrollo sectorial, las definiciones sobre inversiones, los subsidios a distintas categorías de consumidores— están condicionadas por los monopolios públicos vigentes.

UTE y Ancap han actuado tradicionalmente con una gran autonomía de gestión, expresada en intereses corporativos relativamente divergentes entre sí. Sus visiones empresariales, divorciadas de una política y estrategia sectorial han sido el gran obstáculo para la definición del interés nacional en el área energética. Es más, han sustituido a éste por sus intereses específicos que, aunque legítimamente expresados, fragilizaron el ritmo y la estrategia del país.

Uruguay deberá incorporarse a un mercado amplio, competitivo y transparente. El objetivo debe ser ofertar la energía al costo más bajo posible con la mayor seguridad de suministro y de calidad del servicio. De eso se nutre un proyecto de integración energética regional; en un escenario donde el criterio predominante sea contemplar la necesidad del ciudadano y potenciar la capacidad productiva y la competitividad del sector empresarial. En otras palabras, cualquier política nacional a partir de un proyecto de esta naturaleza tendrá que ajustarse a estos parámetros y, por tanto, responder a variables más exigentes que las que normalmente se administran en el mercado interno.

Es todo un reto para el sector energético nacional, que ha confundido histórica y sistemáticamente los roles de regulación y control del Estado con el de prestación de servicios. Pero que, además, como resultado de su gestión, se ha expresado en precios y tarifas que, por encima de la paridad de importación, hacen pagar el costo de sus ineficiencias al consumidor y a los más desvalidos.

La dinámica regional impone sus propios tiempos y está en condiciones de impulsar cambios que el país ha venido postergando durante décadas. En consecuencia, el proyecto de "anillo energético" ofrece una gran oportunidad para el país, en la medida que sea capaz de ver más allá de los intereses corporativos de las empresas públicas monopólicas y comience a priorizar a los usuarios y las necesidades de un desarrollo económico y social moderno.