Un debate postergado

Raquel Guinovart

POR TERCERA VEZ desde que el país retornó a la democracia se presenta un proyecto de ley de cuotas destinado a equilibrar la participación política entre hombres y mujeres. Esta vez, a diferencia de las anteriores, el proyecto llegó a discutirse en la Cámara de Representantes. Fue aprobado en general, pero en la discusión del articulado se votó negativamente el artículo fundamental, quedando reducido a una recomendación para fomentar la participación femenina. Hay un acuerdo generalizado acerca de la discriminación hacia las mujeres, pero sobre la forma de eliminarla no hay consenso. Quienes defienden la alternativa de la cuota alegan que no sólo es eficaz sino que dadas las características del funcionamiento político del país también es necesaria. Sobre esas afirmaciones y sobre el proyecto en sí mismo versa esta entrevista con la cientista política Niki Johnson, especialista en temas de género y participación ciudadana.

Niki Johnson es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Londres. Trabaja actualmente como investigadora del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es co-autora junto a Constanza Moreira de Democracia, Género y Equidad: aportes para el debate sobre los mecanismos de acción afirmativa.

—¿Qué reflexión te merece la votación negativa a la propuesta de cuotificación?

—Me parece una lástima que otra vez no se tome una medida concreta para saldar el déficit democrático que implica la subrepresentación de las mujeres en el ámbito político. Además se perdió una buena oportunidad para reflexionar sobre lo sustancial de la democracia en este país, sobre los conceptos en los que se fundamenta el sistema, en especial los de la igualdad y de la representatividad. No es sólo un problema de las mujeres.

—¿A qué debe atribuirse la baja participación política femenina en Uruguay?

—En el caso de Uruguay los obstáculos son de dos tipos: por un lado, político-institucionales que tienen que ver con el sistema electoral y el sistema de partidos, y por otro culturales. Los institucionales se relacionan con un hecho bastante obvio: las mujeres no salen electas al parlamento porque no ocupan un lugar elegible en la lista. En este caso el factor decisivo es el sistema de selección de candidatos, que en general no es transparente, ni formal y en muchos casos ni democrático —el procedimiento todavía depende mucho del "dedazo"—. En esas circunstancias cualquier liderazgo emergente está perjudicado porque su ingreso depende exclusivamente del líder que arma la lista. Y esa falta de formalidad tiene un efecto negativo mayor en el caso de las mujeres porque los procedimientos en general no son género-sensitivos. Una mujer puede ser tan capaz y tan comprometida como un hombre pero por ejemplo en vez de ir a reuniones cuatro veces por semana, sólo puede ir dos porque además está criando hijos. ¿Cómo tomar en cuenta y como comparar ahí las capacidades y el compromiso de cada militante para la selección de candidaturas? En el mundo de la política inciden más los factores culturales que en la sociedad en su conjunto. Eso se aprecia si mirás el ingreso de las mujeres en la educación y el trabajo. Las uruguayas ingresan en estos sectores pero en la política no.

—Pero esa participación en los otros ámbitos y no en el político ¿no se podría interpretar como falta de interés?

—Esa es una explicación que se manejó en la década de los 60 en la ciencia política. En este país no se ha hecho ningún estudio sistemático, pero si mirás las encuestas de opinión pública sobre interés en política ves que hay mayores diferencias intra-sexo que entre los sexos. Por ejemplo entre mujeres amas de casa y mujeres trabajadoras hay más diferencia de actitud hacia la política que entre hombres y mujeres. Entonces, el sexo no parece ser la variable definitiva a ese respecto. Lo que plantean las teóricas feministas es "en vez de preguntarse por qué a las mujeres no les interesa la política —es decir, plantearlo como un problema de las mujeres— se debe preguntar ¿por qué la política no es interesante para las mujeres?" Se invierte la óptica. Desde esta perspectiva hay dos enfoques posibles de análisis. Uno es ver cómo se define el contenido de la política y cuánto están reflejadas en él las preocupaciones que son femeninas en base a sus roles socialmente asignados. Por ejemplo el cuidado de los niños, de los ancianos, de la salud, la alimentación, actividades que siempre han sido relegadas a un ámbito privado. La otra línea también toma como punto de partida la división del trabajo en base al género. La política tal como está estructurada y como funciona no está muy abierta a las mujeres. Muchas veces las mujeres tienen menos tiempo y menos flexibilidad porque tienen otras responsabilidades relacionadas con el ámbito doméstico.

LOS EXTRANJEROS

—En los países donde se ha establecido la cuota ¿qué se ha hecho para facilitar la participación de la mujer?

—Las cuotas han sido un importante punto de partida para que los partidos tomen conciencia real de que existe este tipo de obstáculos a la hora de tener que salir a buscar activamente mujeres candidatas que consideren capaces y que además dispongan del tiempo y de la flexibilidad necesaria para participar.

—Sin necesidad de renunciar a otras cosas como la maternidad, por ejemplo.

—Claro, exactamente, sin tener que elegir entre una u otra cosa. Para mujeres con niños chicos, el poner guarderías en las horas de las reuniones partidarias podría ser una solución, o simplemente cambiar los horarios de las reuniones.

—Pero ¿para implementar esa medida es necesaria una ley de cuotas?

—No, obviamente no es necesaria. Lo que quiero decir es que muchas veces, y es un poco lo que ha pasado en este país, hay un discurso desde los partidos sobre la importancia de que haya más mujeres en cargos de responsabilidad política pero no se toman las medidas concretas para facilitar su acceso. La ley de cuotas hace que los partidos reconozcan estos obstáculos y empiecen a implementar medidas más allá de la cuota.

—Tu primer contacto directo con el país ocurrió en 1997. ¿Qué cambios pudiste apreciar desde esa época hasta hoy en este aspecto?

—Los cambios desde los partidos son muy pocos. En este período sólo uno, el Nuevo Espacio, introdujo una cuota en el 98. El partido Socialista ya la había adoptado en el 92. Estoy hablando de partidos con representación parlamentaria. Pero en general no se ha tomado ninguna medida. Y esto se relaciona con un discurso más generalizado. A pesar de que Uruguay firmó la Convención por la Eliminación de todo tipo de Discriminación contra las Mujeres y la Convención de Belén do Pará sobre violencia doméstica y la Plataforma de Acción de Beijing, el discurso oficial sigue mirando hacia atrás, hacia principios del siglo XX cuando el país era realmente de avanzada en la región. Se plantean esos logros tempranos como si saldaran toda la deuda, todo el déficit que existe en materia de igualdad de género. Además, esta actitud complaciente refleja un rechazo más generalizado a incorporar los nuevos debates que han surgido a nivel internacional en los últimos 20 o 30 años, por ejemplo, sobre la diversidad, la ciudadanía, la disputa entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Creo que a estas alturas apelar a los logros que remontan a casi un siglo atrás es un discurso un tanto pobre.

—En algunos países, como los nórdicos, las cuotas no se establecieron por ley, sino que fueron asumidas voluntariamente por los partidos...

—Sí, las asumen pero a raíz de una presión de las mujeres partidarias y de los distintos movimientos de mujeres de esos países, de eso no cabe duda. Es cierto que en esos países los partidos tuvieron la suficiente apertura para reconocer que era una demanda legítima de las mujeres y que tenían que hacer algo. Pasó que primero un partido adoptaba la cuota y cuando se veía que esa acción era bien recibida por el electorado los otros partidos hacían lo mismo para aggiornarse.

—Facilitar el ingreso de las mujeres por esta vía ¿no significa en la práctica aceptar que no pueden ganarse ese lugar por sí mismas, ni siquiera dentro de sus propios partidos?

—No lo creo. Primero, existen obstáculos concretos que operan en contra del ingreso de mujeres, que no tienen nada que ver con su capacidad. Tal vez se deba preguntar si todos los hombres que están ocupando bancas parlamentarias, se ganaron el lugar por méritos propios. Creo que todo el mundo reconocería que no, que hay otros factores —lazos familiares, poder económico— que operan a favor de ciertas personas. Además, aun con una ley de cuotas las mujeres tendrán que ganarse el lugar, ya que el número de lugares con reales expectativas de salir electas son muy pocos y por lo tanto la competencia para ocuparlos es muy fuerte, no sólo entre hombres y mujeres sino entre las propias mujeres. ¿Realmente no hay en cada sector político una o dos mujeres lo suficientemente capaces como para ocupar ese tercer o sexto lugar que tal vez le permita ser electa?

LIBERTAD A MEDIAS

—Pero, ¿no atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos?

—¿Qué libertad de elección tienen ahora los electores en este país? Sólo la de elegir entre listas, no de elegir entre individuos. Acá se usa un sistema de listas cerradas y bloqueadas, lo que quiere decir que los electores no pueden ni cambiar la posición de los y las candidatas en la lista ni pueden borrarlos. Tampoco pueden armar libremente su propia lista a partir de una plancha de nombres no jerarquizados. Por lo tanto, este argumento carece de valor. De hecho, yo podría igualmente argumentar que en la actualidad mi libertad de elegir a mujeres está coartada porque no existe ni siquiera la oferta, al menos en cargos elegibles.

—Otra objeción es la inconstitucionalidad pues las cuotas establecen una diferencia ante la ley, lo que infringe directamente el artículo 8 de la Constitución.

—Aunque esto aparece en el debate actual como el argumento más fuerte, de hecho se puede rebatir desde varios ángulos. Primero, ya existe legislación que infringe la Constitución de ser tomado este artículo de ese modo. Por ejemplo la ley de discapacidad que prevé que un 4% de los puestos estatales tienen que ser ocupados por discapacitados. Al reconocer algo más que los talentos y virtudes de aquellas personas infringe el artículo 8. Entonces, ¿por qué esa disposición se pudo legislar, pero la cuota no? Por otro lado, el gobierno uruguayo en el 81 firmó la CEDAW, donde los Estados firmantes se comprometieron no sólo a "consagrar en sus constituciones nacionales el principio de la igualdad del hombre y de la mujer", sino también "asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio". Esto constituye un reconocimiento del hecho que la igualdad formal no se traduce automáticamente en una igualdad de hecho. Pero además la CEDAW explícitamente excluye a las medidas de discriminación positiva de la definición de la discriminación. Si ahora se maneja que la discriminación positiva es anticonstitucional se produce una contradicción porque al ratificar la convención ésta entró dentro del corpus legislativo nacional.

—Hay otros sectores sociales que están sub-representados en el parlamento ¿por qué privilegiar el grupo femenino dentro de los sub-representados? Y ligado a esto: si se toma esta medida con las mujeres, las minorías étnicas, los homosexuales, etc. podrían hacer lo mismo y en ese caso ¿no se llegaría a una corporativización de la política que la desnaturalizaría?

—Primero, las mujeres no son una minoría como los otros sectores que mencionaste. Estamos hablando de más de la mitad de la población. En cuanto a la segunda pregunta creo que hay que considerar cada caso según sus virtudes. Si el movimiento gay quisiera presentar un proyecto parecido habría que considerar en el momento si es legítima o no su demanda. El problema es que ni siquiera se da un debate sobre la representatividad. Eso depende de la voluntad de los partidos para recoger y reflejar el electorado en toda su diversidad. Lo que están diciendo las mujeres organizadas es "no nos sentimos representadas en el sistema actual y estamos exigiendo nuestro derecho a ser elegidas". Pero no como un planteo corporativista. No están diciendo "vamos a formar un partido político femenino y participar así". Entre el conjunto de las mujeres políticas existen múltiples identidades y diferencias ideológicas. El planteo de la cuota es una demanda para efectivizar un derecho formal que no está garantizado en la práctica: el derecho a ser elegida. No garantiza qué mujeres entrarán ni cómo se desempeñarán las que ingresen.

—¿En qué consiste la propuesta del proyecto?

—Consiste en no tener más de dos tercios de candidatos de un sexo o del otro en las listas de las elecciones nacionales, departamentales y partidarias previstas en la Constitución. Y que esa proporción se aplique no sólo a la totalidad de la lista sino a cada tres lugares, es decir, no se podría poner los primeros dos tercios de un sexo y el último del otro. Además prevé que las autoridades electorales y partidarias se nieguen a registrar las listas que no cumplan este requisito, como una forma de sanción.

—¿Qué efectos inmediatos hubiera tenido en los resultados electorales?

—Como es una medida que se aplica a las listas y no a la composición final del cuerpo elegido el porcentaje de la cuota no se traduce en el mismo porcentaje de representación. De hecho, el sistema electoral uruguayo hace que tenga un impacto bastante menor. Si aplicáramos el sistema de cuotificación propuesto a los resultados de la última elección, a nivel global la participación femenina hubiera aumentado un 3%. A nivel del interior del país no hubiera aumentado nada y a nivel del Senado hubiera aumentado más, de un 10% a un 17%. En las juntas departamentales el aumento sería todavía mayor llegando a casi un cuarto y también sería mayor el impacto en las convenciones partidarias. Lo que hace que en diputados no tenga un aumento mayor es que 16 departamentos del interior del país sólo tienen dos o tres diputados y en ningún caso una lista puede esperar sacar más de dos y aún eso es muy poco probable. Una cuota aplicada al tercer lugar no tiene ningún efecto. A nivel del departamento de Montevideo donde son 44 las diputaciones, el problema no es que haya pocos lugares sino que hay muchas listas, y muy pocas tienen una posibilidad real de sacar más que dos o tres bancas.

—Si el efecto numérico es tan escaso ¿qué sentido tiene luchar por la aprobación de la ley? Tendría un resultado más simbólico que real.

—Sí, pero ese resultado simbólico es importante, como lo son los otros impactos cualitativos que pueda tener. Primero, representa ir un paso más allá del compromiso meramente retórico. Implica que los partidos finalmente están tomando una medida concreta para poner en práctica ese discurso que manejan desde hace tantos años. Esto a su vez hace que las mujeres se sientan respaldadas por su partido y las alienta a postularse como candidatas. Segundo, cualquier aumento de la participación es positivo, aunque no sea un 30%, en tanto contribuye a convertir a las mujeres en actores políticos "naturales" y no "anómalos", a "normalizar" la participación política femenina en cargos de poder. Y en tercer lugar, aunque la cuota de por sí no elimina las dificultades que enfrentan las mujeres al tener que combinar la actividad política con las responsabilidades familiares y domésticas, sí puede hacer que estos obstáculos se hagan visibles, y esto a la vez puede llevar a que las colectividades políticas tomen otras medidas complementarias a la cuota para facilitar el ingreso de más mujeres a los ámbitos de toma de decisiones. Finalmente, el debate sobre la cuota debería llevar a una discusión política más amplia sobre las prácticas y conceptos que hacen a la democracia uruguaya y en particular a su representatividad.