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La mayoría del Frente Amplio tomó distancia de la propuesta del MPP para promover un juicio político contra la Suprema Corte de Justicia, por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que dejó sin efecto la ley de Caducidad.

"Apagaron un incendio con otro más grande en la otra esquina", dijo a El País un alto dirigente del astorismo. Este pensamiento resume el desconcierto que generó en el Frente Amplio la decisión del Movimiento de Participación Popular (MPP) de promover un juicio político contra la Suprema Corte.

Ayer, la Dirección Nacional del MPP resolvió "mantener la declaración del Secretariado en todos sus términos sobre la decisión de impulsar un juicio político a la Corte". Además se hará la consulta con los demás sectores de la coalición para determinar el grado de apoyo que pueda tener la iniciativa, dijo a El País la diputada y vicepresidenta del Frente Amplio, Ivonne Passada, que ofició ayer de vocera del MPP.

El anuncio del sector mayoritario dentro de la izquierda se produjo en medio de la crisis política que desató la puja entre astoristas y mujiquistas por el rumbo de la economía y fue totalmente inesperado para el resto de la coalición.

En el Frente Amplio hay un rechazo unánime al fallo por el cual se declaró inconstitucional la ley que eliminó la prescripción de los delitos amparados por la ley de Caducidad. También hay coincidencia en que el hecho se debe denunciar ante organismos internacionales, sin embargo el juicio político a la Corte no reúne más apoyos que el del Partido Comunista.

El senador Luis Gallo (Asamblea Uruguay) dijo que hará consultas con juristas para estudiar la propuesta en profundidad, pero adelantó que "en principio el juicio político parece una cosa realmente grave y si no tiene un fundamento firme es un paso arriesgado".

En la misma línea, el legislador opinó que "no hay ningún antecedente de un juicio político a la Corte y para hacerlo hay que tener un fundamento muy serios a efectos de no dar un paso en falso".

Gallo dijo que las decisiones de la Corte de declarar inconstitucional la ley que dejaba sin efecto la ley de Caducidad, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y disponer el traslado de la jueza Mariana Mota al ámbito civil deben ser respetados. Más allá de eso, consideró que con esta integración la Corte "tiene un juicio sesgado hacia determinadas posiciones".

"Los ministros están en todo su derecho de emitir estas sentencias, pero al Frente Amplio esto le preocupa mucho", reconoció el senador Gallo.

Desde el Partido Socialista se mantiene cautela con respeto a un posible juicio político a la Corte. "Por lo menos creo que habría que estudiarlo, porque habría que ver cuáles son los elementos como para emitir un juicio, habría que ver si es posible llevar adelante un juicio político", dijo el senador Daniel Martínez.

El legislador sostuvo que esta Corte "ha sido la más cuestionada en los últimos años. Siempre hay interpretaciones y elementos subjetivos que entran en juego y lo que creo es que no existe la justicia neutra totalmente. Eso es claro".

En el mismo sentido, Martínez dijo que "hay visiones políticas y las valoraciones personales de los miembros de la Suprema Corte que inciden (en la toma de decisiones), no sé hasta cuánto, pero inciden. Al haber votado divididas las resoluciones de inconstitucionalidad y al votar cosas que tienen más de un enfoque, no hay dudas de que inciden".

En el Nuevo Espacio, sector que promovió la aprobación de la ley que declaró imprescriptibles los delitos amparados en la ley de Caducidad, no quisieron opinar sobre la iniciativa del MPP. El diputado Felipe Michelini rechazó la sentencia de la Corte a la que tildó de "negativa" y el grupo se limitó a emitir un comunicado en respaldo a la marcha que convocan el Frente Amplio y el Pit-Cnt para mañana lunes a las 18 horas en Plaza de Cagancha.

El director de Rentas, Pablo Ferreri (Nuevo Espacio), cuestionó en Twitter la escasa militancia que generó en 2009 el plebiscito promovido para anular la ley de Caducidad.

"No me gusta el fallo, pero siempre hay que respetarlo. Lo único que cabe es autocrítica por no haber militado lo suficiente para ganar el plebiscito", escribió Ferreri. Estas palabras son interpretadas en la coalición como un pase de factura al MPP, quien en 2009 fue señalado como uno de los sectores que no quiso "ensobrar" la papeleta rosada que anulaba la ley de Caducidad.

A eso se agrega que en mayo de 2011 el diputado Víctor Semproni, del Espacio 609 (que domina el MPP) se negó a votar una ley interpretativa de la Caducidad, que dejaba sin efecto esta norma. La decisión del legislador se produjo luego de una reunión del presidente José Mujica con la bancada del Frente Amplio, donde les advirtió de las consecuencias electorales negativas que podría traer al Frente Amplio la decisión de anular la ley de Caducidad.

Semproni dijo a El País que un juicio político contra la Suprema Corte "es inviable" y propuso la redacción de un proyecto de ley para obligar a los jueces a aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió eliminar "las trabas jurídicas para investigar las denuncias de crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

MARCHA.

Desde las redes sociales se convocaba ayer a una marcha en silencio para mañana lunes, con el fin de protestar ante las decisiones adoptadas por la Corte.

Bajo la consigna "No te dejes robar la Justicia", el MPP publicitó la concentración. El Frente Amplio y el Pit-Cnt también convocaron a la protesta que se hará sin oratoria. En una resolución de la Dirección Nacional del MPP se advierte que "la derecha conservadora utiliza todos sus medios para frenar cualquier tipo de avance popular, para detener los cambios en redistribución, verdad y justicia", en referencia a los recientes fallos de la Corte.

El Partido Comunista, el Nuevo Espacio, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) también adhirieron. En un comunicado, los socialistas expresaron su "irrenunciable compromiso para alcanzar la verdad y justicia sobre los crímenes y terrorismo de Estado, perpetuados durante la dictadura".

En Asamblea Uruguay también respaldaron la convocatoria. Gallo señaló que "la sociedad tiene derecho de expresarse. La marcha lo que hace es decir que ese fallo va en detrimento de lo que la mayoría de la sociedad considera".

El vocero de Familiares de Desaparecidos, Óscar Urtazun, dijo a El País que esa organización no convoca a la marcha del lunes, porque desde hace varios meses se organiza un festival de murgas para ese mismo día a las 19.30 en el Velódromo con el objetivo de recaudar fondos para la asociación.

Urtazun dijo que el juicio político "es una medida para cuando ya se está tocando fondo" y señaló que hay que trabajar sobre la base de que los poderes "no son inmaculados y deben tener una independencia de poderes, que últimamente no se está dando".