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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió ayer convocar a la SCJ para que explique el traslado de la jueza Mota. Pero entre los ministros de la Corporación -que hoy analizarán el tema- hay mayoría para rechazar la invitación.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino, recibió ayer al mediodía un llamado del presidente de la Comisión de Constitución de la cámara baja, Pablo Iturralde (Alianza Nacional) quien le informó que rato antes se había votado afirmativamente el planteo del diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) para convocar a la Corporación para que explique los argumentos del traslado de Mota.

Iturralde también le informó a Ruibal Pino que el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) cursó un pedido de informes por este asunto, que ha generado un importante choque entre el Poder Judicial y algunos sectores frenteamplistas.

Si bien la convocatoria parlamentaria a la SCJ se confirmó recién ayer, como el tema había sido anunciado públicamente con anticipación, los ministros de la Corporación lo han analizado de manera informal y, en principio, habría mayoría para rechazar la convocatoria por improcedente, dijeron a El País fuentes judiciales.

Uno de los informantes afirmó que el manejo político que se hizo del tema "cayó mal" entre los ministros de la Corporación. La misma fuente agregó que en todo caso hubiera correspondido que los miembros de la comisión legislativa le pidieran una audiencia a Ruibal Pino para analizar el tema.

Ruibal Pino dijo ayer que seguramente la decisión formal de la SCJ sobre la convocatoria se tomará durante la reunión de acuerdos que se realizará hoy. En virtud de ello, el magistrado se negó comentar su posición personal al respecto.

"Seguramente cada ministro tiene su posición personal, pero falta que la Corte como tal tome resolución", señaló Ruibal Pino ayer a El País.

El sorpresivo traslado de Mota desde el juzgado penal de 7° turno a la sede civil de 1er turno causó gran malestar entre sectores de izquierda y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Mota, que estaba en su cargo desde marzo de 2009, tenía a su cargo 50 casos de crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura.

La labor de la jueza ha sido destacada por las organizaciones de familiares de víctimas, mientras que fue duramente cuestionada por los centros sociales militares, que acusaron a Mota de no actuar con la debida imparcialidad.

El pasado viernes 15, día en que Mota debía jurar en su nuevo cargo de jueza civil, unas 300 personas se manifestaron y ocuparon la sede de la SCJ, lo que motivó la postergación del acto protocolar durante dos horas y media (ver aparte).

DEBATE.

La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados resolvió ayer por una votación dividida (5 en 9) citar a la SCJ para que explique los argumentos del traslado de Mota.

El diputado Bayardi, quien tuvo la iniciativa de convocar a la Corporación, dijo que si la SCJ rechaza la invitación, cursará un pedido de informes escrito, como ya lo hizo su colega de bancada Semproni.

"En algún momento la Corte va a tener que responder, porque no hay poder en democracia que pueda abstraerse de dar a conocer los fundamentos de sus actos administrativos", sostuvo Bayardi.

Iturralde dijo que no acompañó la votación porque "son mecanismos que pueden significar una presión como se ha asistido por distintos actores del Frente Amplio".

"Nos parece que no pueden involucrar a la Justicia en un lío interno del Frente, la Justicia se debe respetar y acatar", afirmó el legislador de Alianza Nacional y presidente de la Comisión de Constitución.

El diputado Gustavo Borsari (Unidad Nacional) aseguró que la convocatoria es violatoria de la Constitución de la República, porque se establece que solamente se le podrán pedir explicaciones a la SCJ por medio del artículo 118, el cual establece la posibilidad de pedidos de informe por escrito.

El legislador sostuvo que el Frente Amplio hace un avasallamiento del Poder Judicial, cuando se habla de "poder hegemónico", en referencia a las declaraciones del senador comunista Eduardo Lorier.

"Es muy claro entonces que no vamos a votar la propuesta del Frente Amplio porque atropella la independencia del Poder Judicial. Son claros los caminos que tienen los legisladores para obtener información: 1) realizar pedidos de informes según el artículo 118 de la Constitución y 2) solicitar una entrevista a la Suprema Corte de Justicia", dijo Borsari.

Por su parte, el diputado Gustavo Cersósimo (Vamos Uruguay) se expresó contra la convocatoria al entender que la decisión del traslado de Mota "se tomó en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia en función de su competencia inalienable", afirmó.

FISCAL NO OPINÓ.

Uno de los aspectos que Bayardi pretende que los ministros aclaren es si el traslado de Mota se realizó con la previa opinión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, tal como lo prevé el mecanismo establecido en el artículo 246 de la Constitución, que establece que "los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite establecido en el artículo 250 (70 años)".

El artículo también indica que "por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte (...)". Si el traslado no implica una degradación, se podrá disponer con tres votos de los ministros de la SCJ; y si representa una baja de categoría requerirá cuatro votos.

Fuentes judiciales consultadas por El País dijeron que la SCJ no requirió la opinión de Díaz sobre el traslado de Mota. Agregaron que "desde tiempos inmemoriales" la Corporación no consulta al fiscal de Corte para trasladar jueces.

Y si bien eso es una irregularidad, ante situaciones similares el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que no era razón suficiente para anular el traslado.

Después de los incidentes y la ocupación en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del viernes 15, cuando unos 300 manifestantes se oponían al traslado de la jueza Mariana Mota desde un juzgado penal a una sede civil, las autoridades del máximo órgano del Poder Judicial reforzaron las medidas de seguridad en el edificio.

Desde ahora, las personas que ingresan al Palacio Piria deben entregar su cédula de identidad e indicar a dónde se dirigen y para qué. Además, en la puerta del edificio hay dos policías, cuando antes había uno.

"Lo que pasó el otro día demostró que la Corte tiene problemas de seguridad y ahora la población lo sabe, y eso es un riesgo", dijo a El País una fuente de la SCJ.

A raíz de la manifestación y ocupación -que buscaba evitar el juramento de Mota en su nuevo cargo- el acto protocolar se realizó con dos horas y media de retraso. El evento recién se pudo iniciar cuando los manifestantes, por orden de la Policía, desalojaron el edificio.

Los manifestantes, con gritos en respaldo a Mota y en repudio a los miembros de la Corporación, ingresaron por la fuerza al primer y segundo piso del edificio.

En forma inmediata, los ministros de la SCJ dieron cuenta de la situación el mismo viernes a la jueza penal Gabriela Merialdo y al fiscal Gustavo Zubía, quienes ese día estaban de turno.

La magistrada abrió una investigación, en el marco de la cual ya tomó declaraciones en calidad de testigos a los policías que estuvieron al frente del operativo de desalojo. Entre ellos, se encontraba el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, quien dirigió personalmente el procedimiento.

La jueza Merialdo envió el expediente al fiscal Zubía, para que analice los pasos a seguir. Fuentes de la investigación dijeron a El País que tras evaluar los registros fílmicos y fotográficos de los incidentes, el fiscal podría pedir las primeras citaciones.