España pidió a Uruguay que ayude en lucha contra ETA y no la ampare

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GONZALO TERRA

VALENCIA | EL PAIS EN ESPAÑA

El gobierno de España trasmitió al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que espera que Uruguay colabore en el desmantelamiento total del grupo terrorista vasco ETA y no ampare a miembros de la organización que huyan de su país.

En el marco de la I Cumbre de Ministros del Interior de Iberoamérica que se desarrolló entre lunes y martes en Valencia y a la que asistió Bonomi, España introdujo en la agenda el factor ETA, lo cual generó polémica en el seno de la reunión.

La colaboración solicitada por el gobierno español a países como Venezuela, Cuba, México y Uruguay pasa por apoyar y agilizar los procedimientos judiciales para extraditar a miembros de ETA que se radicaron en Latinoamérica y tienen causas abiertas en España; por impedir el ingreso de terroristas que huyen de la Justicia en su país y por no legitimar desde los gobiernos a los representantes políticos que respaldan el accionar de la banda terrorista y llegan al continente para hacer propaganda de la causa separatista y en busca de apoyo y solidaridad de organizaciones políticas y sociales locales.

El director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista del Ministerio del Interior español, Joaquín Collado Callau, dijo a El País que en Uruguay hay tres miembros de ETA identificados por los servicios de Inteligencia de su país, todos no operativos desde el punto de vista militar. Estas personas llevan adelante una vida normal aunque dos de ellos tienen causas abiertas en España y sobre uno hay cursado un pedido de extradición.

En América Latina el gobierno español estima que hay unos 80 etarras que huyeron de la Justicia española y que si bien no desarrollan acciones militares, sí son activistas pro ETA. A nivel oficial España afirma que ETA ha sido derrotada desde el punto de vista militar y que solo unas decenas de sus miembros se encuentran operativos pero dispersos, sin estructura, capacidad operativa ni mando. Se estima que algunos de esos miembros busquen amparo en América Latina y en parte eso justifica la ofensiva española en el marco de la cumbre de ministros del Interior en Valencia.

BILATERAL. El ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, dijo a El País que en la reunión bilateral que mantuvo con Bonomi, le trasladó la posición oficial del gobierno español con respecto a ETA.

"Desde el pasado 20 de octubre la organización terrorista ha cesado definitivamente su actividad, pero desde que cesó el fuego no se ha negociado ni se negociará nada. ETA cesó el fuego no por razones éticas o morales, ni porque renuncie al asesinato político o a la extorsión, sino que lo hizo porque fue derrotada policialmente. Ahora exigimos su disolución incondicional y eso lo hemos trasladado a todos los representantes de la comunidad iberoamericana", dijo el ministro español.

"Para el gobierno lo sucedido se resume en que hubo una organización terrorista que quiso imponer objetivos por la vía armada y en un Estado de Derecho eso no se puede consentir, esas personas han sido detenidas, puestas a disposición de la Justicia, han tenido juicios con todas las garantías, han sido condenados, cumplen sus penas y más nada", agregó Fernández Díaz.

No obstante, el ministro Bonomi relativizó el peso del tema ETA en la cumbre de Valencia, al que no consideró el más importante de la agenda.

"El ministro de España planteó en forma particular que su gobierno se propone que ETA no solo deje de actuar sino que desaparezca como organización, plantea la disolución total de la organización. Nos dijo que esa es la postura de España frente a ETA, que plantea negociar en el sentido de actuar sin armas pero como organización política y eso España no lo comparte", sostuvo Bonomi a El País.

Sobre el pedido de extradición de presuntos etarras en Uruguay, Bonomi dijo que no le consta que haya sido cursado. "La última vez que vine a España, el ministro del Interior del gobierno anterior (del socialista José Luis Rodríguez Zapatero) planteó que en Uruguay había tres vascos de ETA que estaban desactivados, tranquilos, y que aspiraban a que siguieran así y que Uruguay no permitiera actividades antiespañolas. Eso fue en el otro gobierno; en este gobierno (del Partido Popular) se planteó que la posición española es clara en cuanto a aspirar a que además de dejar de actuar desde el punto de vista militar, también que desaparezca como organización".

Bonomi dijo que Uruguay no tiene posición frente a lo que considera un tema interno de España.

Fernández Díaz afirmó que España trabaja intensamente para controlar cada vez mejor el retorno de españoles que pudieran tener causas abiertas en su país y negó que exista un programa para la reinserción social de quienes han sido miembros de la banda terrorista. "Estamos trabajando para ver qué personas hay en el exterior con causas abiertas en España. Vigilamos un retorno controlado, si algún español tiene causas pendientes con la Justicia tendrá que responder a ella y a eso responden nuestros trabajos, no hay un programa para traer sino un gran esfuerzo para controlar a quienes quieran venir", dijo.

El 15 de mayo de 1992 la Policía detuvo a 13 vascos radicados en Uruguay que explotaban el restaurante La Trainera. La Justicia los procesó por falsificación de documentos. España, que desde tiempo antes protestaba por el cobijo brindado a presuntos terroristas, solicitó la extradición de ocho de ellos por entender que eran miembros de ETA y responsables de delitos de sangre. Mientras tanto el rey Juan Carlos suspendió una visita a Uruguay prevista para inicios de 1994. Al fin la Justicia negó la extradición de cinco de los detenidos y la concedió para otros tres. El gobierno de Luis Alberto Lacalle se negó a concederles asilo político. Los vascos, detenidos en Cárcel Central, iniciaron una huelga de hambre y fueron internados en el Hospital Filtro, cercano al Edificio Libertad. La izquierda comenzó a movilizarse contra la extradición. El Pit-Cnt convocó a un paro y el 21 de agosto el Frente Amplio convocó a una marcha desde plaza Fabini hasta el Filtro. A partir de entonces militantes de izquierda comenzaron a concentrarse en el Filtro; incluso se hicieron presentes los principales dirigentes frenteamplistas: Líber Seregni, Tabaré Vázquez y Danilo Astori. El 24 de agosto, fecha prevista para la extradición, una multitud comenzó a reunirse en torno al Filtro. Diversos grupos de izquierda, en particular los tupamaros a través de su radio CX 44, convocaron a impedir la entrega a España de los tres vascos. A las 20 horas estalló la violencia. La Policía cargó contra los manifestantes, que arrojaron piedras. También se intercambiaron disparos. Los disparos mataron a Fernando Morroni, de 24 años, un militante afín a los tupamaros, en tanto otras personas, civiles y policías, fueron heridas de bala o por golpes. La Policía retiró a los tres vascos y los condujo al aeropuerto de Carrasco, desde donde partieron hacia España.