Más casos de traficantes beneficiarios del Mides

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Los vendedores de pasta base son, muchas veces, beneficiarios de planes sociales del Mides. Operadores judiciales dijeron que ello ocurre con "relativa frecuencia" y por lo general los jueces informan esos casos a la secretaría de Estado.

En plena madrugada de ayer, una mujer de avanzada edad salía de una vivienda ubicada en la calle Salto casi Isla de Flores, en el barrio Palermo, y caminó en dirección a la calle Durazno llevando un bolso.

En ese momento, un patrullero circulaba por el lugar y los agentes reconocieron a la mujer porque días atrás la habían detenido por vender pasta base, droga que ha sido señalada por el gobierno y por expertos por generar buena parte de los episodios de inseguridad.

Al ver el móvil policial la señora apuró el paso, pero de todos modos fue detenida. En el bolso llevaba $ 4.700 en billetes de baja denominación y cerca de 30 dosis de pasta base, dijeron fuentes policiales consultadas por El País.

La mujer fue conducida ante la jueza Fanny Canessa, que ayer en la tarde decretó su procesamiento con prisión por el delito de "tenencia de estupefacientes no para su consumo". La indagada ya había sido enjuiciada sin prisión por ese mismo delito por el juez Ruben Saravia el pasado 1° de agosto.

Durante el interrogatorio judicial, la mujer reconoció que recibía asistencia económica del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Por eso, en su resolución, la jueza Canessa decidió enviarle un oficio a la secretaría de Estado para que tomara conocimiento del procesamiento, según indicaron fuentes judiciales a El País.

HABITUAL. Durante los turnos de los juzgados penales, las sedes reciben a diario no menos de cuatro o cinco casos de personas que fueron detenidas por vender pasta base y es habitual que al ser interrogadas reconozcan que perciben beneficios de los planes sociales del Mides, dijeron varios operadores judiciales a El País.

"Esto es algo que estamos viendo hace mucho tiempo. Yo, cuando puedo detectarlo, le pido al juez que le envíe un oficio al Mides para que le suspenda el beneficio porque no puede ser que al mismo tiempo que mandamos a la cárcel a una persona el Estado le siga dando plata", dijo un fiscal penal que pidió que no se difundiera su nombre.

El representante del Ministerio Público estimó que esa situación ocurre "en tres o cuatro de cada diez" casos que llegan a los juzgados, a la vez que indicó que normalmente son mujeres.

"Desde el punto de vista penal no interesa de qué vive el procesado. Pero a nivel ético no es correcto que el Estado esté asistiendo a una persona que vende drogas", dijo el fiscal.

Los casos de beneficiarios del Mides que además trafican droga son cada vez más frecuentes. Por su parte, un juez que también pidió la reserva de su nombre, indicó que si bien a los juzgados penales normalmente llegan personas carenciadas que por lo general reciben asistencia estatal, esa situación aún es más habitual en los casos de venta de pasta base. "Es algo que vemos con relativa frecuencia", dijo el juez.

El magistrado agregó que él no da cuenta al Mides sobre los procesamientos, porque considera que ello no hace falta ya que la información queda en poder del Ministerio del Interior y "el Estado es un solo".

Por su parte, otra magistrada dijo que en el último tiempo ha tenido "varios casos" de personas procesadas que son beneficiarias de planes sociales. Agregó que da cuenta al Mides para que la secretaría de Estado evalúe el caso, ya que los jueces no pueden imponer el cese del beneficio social.

PUNTUALES. Consultado por El País, el director de Política Social del Mides, Andrés Scagliola, dijo desconocer cómo actúa la secretaría de Estado cuando personas que reciben asistencia oficial son procesadas por la Justicia. El jerarca explicó que su función es elaborar y planificar acciones, pero no se ocupa de los detalles de gestión.

En tanto, una asesora del ministro Daniel Olesker dijo que se trata de "casos puntuales" y señaló que cuando se produce un procesamiento con prisión de un beneficiario de un plan social "toma contacto con el núcleo familiar" para evaluar el caso. Sin embargo, la funcionaria no pudo dar certeza en cuanto a si ante un procesamiento el encausado pierde el beneficio porque eso depende de cada programa.

Actualmente, la secretaría de Estado gestiona las pensiones a la vejez, la Tarjeta Uruguay Social (con la que el beneficiario compra alimentos) y las asignaciones familiares en conjunto con el BPS.

Entre los meses de enero y julio, en Montevideo la Policía incautó unas 33.000 dosis de pasta base y la Justicia procesó por la venta a 222 personas, de las cuales 118 fueron enviadas a prisión y 104 fueron enjuiciadas pero no se dispuso su encarcelamiento preventivo. Se trata de personas que gestionan "bocas" de venta de la droga en poca escala. Por lo general, los procesados tienen entre 20 y 45 años y provienen de familias y zonas de escasos recursos.

En promedio, quienes venden pasta base de esa forma obtienen una ganancia aproximada a los $ 500 por día. El resto del dinero lo utilizan para volver a comprar droga a su proveedor y de esa forma seguir con la actividad al día siguiente.