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Ante el riesgo de verse obligado a pagar US$ 3.500 millones por juicios entablados contra Pluna por unos 900 exfuncionarios de Varig, el gobierno liquidará la aerolínea. Las rutas y siete aviones Bombardier se subastarán con base de US$ 150 millones.

En las conversaciones sostenidas por el gobierno y los representantes de la oposición, los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) reconocieron que el desencadenante para la urgente liquidación de Pluna S.A. fue el fallo de la Justicia de Brasil a favor de dos extrabajadores de Varig y que obliga a la aerolínea a pagar más de US$ 1,5 millón. Los funcionarios demandaron a Pluna por la sociedad que integró con Varig hasta 2006, de la cual adquirió todo el paquete accionario. Los reclamos fueron por el incumplimiento de las deudas laborales durante la asociación. Tras dos fallos favorables a los extrabajadores de Varig, conocidos en las últimas horas, el gobierno teme que otras sentencias en unas 900 demandas obliguen a la aerolínea a pagar un monto en el entorno de los US$ 3.500 millones, informaron a El País fuentes de la oposición.

Al haberse liquidado la aerolínea Varig, la Justicia brasileña interpreta que Pluna S.A. es parte del mismo grupo económico y puede hacerla responsable de las deudas.

Ante la posibilidad cierta de enfrentar una avalancha de juicios millonarios, el Ejecutivo optó por la urgente liquidación de la empresa. El pasado martes, el vicepresidente Danilo Astori recibió en su despacho al ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Se analizó la situación y el diagnóstico del vicepresidente fue lapidario: "Esto no es viable".

Sin perder tiempo, el lunes 9 el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto para modificar la ley de concursos que se sanciona con mayoría simple. La iniciativa incluye la liquidación de Pluna S.A., la cual para aprobarse requiere mayoría especial de 2/3 en cada cámara. La iniciativa será tratada el martes 10 en una cámara y al día siguiente en la otra, dijeron a El País fuentes políticas.

El proyecto de ley está siendo preparado por el abogado Ricardo Olivera García, un jurista que ya participó en la reforma de la ley de Concursos. Cuando se le realizó la propuesta, el abogado estaba en Buenos Aires, paradójicamente, afectado por el cese de la operativa de Pluna.

Consultado por El País, Olivera García dijo que estuvo toda la semana en Buenos Aires. "Han hablado conmigo pero todavía tengo que reunirme", señaló el abogado.

El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) explicó a El País que la modificación de la ley concursal propuesta por el gobierno elimina el plazo de 120 días para ejecutar el remate de los bienes y permite una subasta inmediata de los mismos.

El abogado Fernando Cabrera, asesor de la Liga de Defensa Comercial, dijo a El País que una de las posibles modificaciones legales es habilitar la declaración de concurso para el caso específico de un ente autónomo, extremo que no está comprendido ni permitido por la legislación vigente.

Además, consultado sobre la intención de rematar los bienes en 120 días, Cabrera dijo que eso es viable porque "en este caso se busca liquidar los activos". En tanto, el abogado experto en derecho comercial Eugenio Xavier De Mello, estimó que la idea del Poder Ejecutivo seguramente es tener "mayor injerencia" en la liquidación de Pluna. Dijo que con la ley actual, en los casos donde el pasivo supera al activo se debe designar un síndico, cosa que, seguramente, el gobierno querrá evitar. Además de vender los siete aviones Bombardier, el Estado subastará las frecuencias de vuelo de Pluna a cinco países, incluido el puente aéreo Montevideo-Buenos Aires. Por un acuerdo con Argentina, la mitad de las frecuencias que operan en este puente aéreo son para aerolíneas que Uruguay designe y el otro 50% son para aerolíneas que el vecino país elija. La iniciativa permitirá la liberación de los activos respecto de los cuales existe garantía prendaria. Los siete aviones Bombardier que serán subastados, y que fueron comprados mediante un préstamo del Scotia Bank y con el aval de Pluna Ente Autónomo, figuran en los registros contables de Pluna S.A. por un valor de US$ 175 millones. Por ellos, Pluna S.A. adeuda US$ 135 millones al banco.

El gobierno explicó a los partidos que la liberación de estos activos permitirá que el Estado pueda realizar la subasta de los aviones con un precio base de US$ 150 millones. El producido del remate será destinado a la masa acreedora. Los primeros en cobrar serán los exfuncionarios de la aerolínea.

Los restantes seis aviones, comprados en dos tandas entre 2010 y 2011, deberán ser devueltos. No tienen como garantía al Estado porque los incorporó la compañía mediante un sistema de leasing.

Por otra parte, no hay precisión acerca del monto de la deuda real que dejó Leadgate por su gestión con la mayoría del paquete accionario (75%). Según datos de un informe oficial conocidos hace un mes, Pluna S.A. tenía un pasivo de US$ 301,5 millones y un activo de US$ 290 millones.

Pluna mantenía una deuda de US$ 29 millones con Ancap por el suministro de combustible y otra de US$ 16 millones con el Banco República por un préstamo concedido a Leadgate, del que fue garante el Ministerio de Economía. Además, hay más de 200 acreedores de la empresa que esperan por pagos. Fuentes políticas dijeron a El País que se estiman en más de 70.000 los pasajes vendidos a agencias de viaje para los próximos meses.

La empresa que resulte ganadora en la subasta de las rutas tendrá la posibilidad del uso de la bandera nacional y también tendrá obligaciones en cuanto al personal.

Fuentes de gobierno dijeron a El País que Mujica no quiere perder la bandera y por eso le pidió a los ministros de Transporte y Economía que diseñen un plan para mantenerla. Aún no hay ningún proyecto por escrito y tanto hoy como mañana domingo habrá reuniones al más alto nivel para elaborar un planteo concreto, explicaron los informantes. Fuentes vinculadas a Pluna, dijeron a El País que compañías aéreas de Argentina y Brasil están interesadas en el remate y ya establecieron contactos a nivel local para crear una nueva aerolínea de bandera nacional.

La participación del Estado aún no fue definida y será analizada por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del lunes 9, en la residencia de Suárez y Reyes. Fuentes oficiales dijeron a El País que las acciones estatales en la nueva aerolínea pueden ser del 25% o en un porcentaje menor y "puramente testimonial", indicaron.