Liberaron a 12 procesados por red de contrabandistas

Salto. Se decretó la libertad provisional, el juicio continúa

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El viernes, la Suprema Corte de Justicia resolvió la libertad provisional de nueve funcionarios del puente de la represa de Salto Grande y otras tres personas, que fueron procesadas en marzo de 2011 por contrabando.

A principios de marzo de 2011 El País publicó: "Lo que el grupo de elite de Aduanas denominó Operación Frío Polar terminó con el procesamiento de 18 personas y la caída de una extendida organización de contrabandistas".

En aquel entonces el fallo impuso el procesamiento con prisión para 13 de los involucrados: un contrabandista y sus dos socios, empresarios vinculados al "bagashopping" y funcionarios de Aduanas, Migración y barrera sanitaria por delitos de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de contrabando.

Más de un año después, el viernes pasado, los nueve funcionarios públicos procesados -que prestaban funciones de contralor en el puente de la represa de Salto Grande- y otras tres personas, que se encontraban recluidas en la Cárcel de Salto, recuperaron la libertad provisional por decisión de la Suprema Corte de Justicia, minutos antes que finalizara la jornada en el juzgado penal de 4º Turno en un trámite que se realizó aceleradamente y en el cual no se llegó a notificar a sus abogados defensores.

Esta resolución es el resultado de las gestiones llevadas a cabo por familiares de los detenidos, en ocasión de la visita de cárceles que se realizó días pasados y en la cual mujeres, padres e hijos de los imputados hicieron saber a los ministros la preocupación por las negativas de salidas transitorias, cuando ya todos llevaban más de 14 meses de reclusión y estaba en curso una apelación para revocar la sentencia aplicada por la jueza Marcela Vargas, titular de esa sede cuando la Dirección Nacional de Aduanas presentó la denuncia en contra de funcionarios de su propia repartición, de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería, del Ministerio del Interior -que se desempeñaban en la Oficina de Migración- y tres contrabandistas. El procesamiento de esas personas en la jornada del 2 de marzo de 2011, acusadas por el delito de asociación para delinquir y por coautoría y señalados como una organización, fue apelada por los abogados de los procesados estando en curso su pronunciamiento.

El desencadenante para que se concretara esta libertad provisional fue la presencia del ministro de la Corte Jorge Ruibal Pino el pasado 7 de mayo que, al salir de la cárcel, fue abordado por familiares para plantearle que en Salto nadie les brindaba respuestas sobre la situación de los implicados. Ruibal se detuvo y escuchó los reclamos y les respondió que en 15 días iban a tener noticias. El viernes, se ordenó la liberación de los procesados y que el juicio continúe en libertad.

Uno de los abogados de los acusados dijo a El País que esta privación de libertad "está fuera de lo común" y se mostró convencido que el Tribunal de Apelaciones va a revocar la figura de la tipificación delictiva que se les aplicó con la apelación que se presentó.

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