El vicio de devaluar la Constitución

Ahora resulta que por culpa de "esa bendita propiedad privada" (El País, 11/05) no se puede dar solución al déficit habitacional. La frase, dicha con sarcasmo, es obviamente de la senadora Lucía Topolansky, una personalidad política que se ha caracterizado por su contrariedad -y no de ahora- con la existencia de una Constitución de la República que garantice derechos y garantías a los ciudadanos. La misma Constitución -¡cómo molesta a la senadora!- que también prohíbe la politización de las Fuerzas Armadas y que éstas se transformen en un aparato partidario (frenteamplista) armado como añora la "republicana" parlamentaria. En esa "bendita" frase también puede leerse o interpretarse -sin mucho esfuerzo- la búsqueda de crear descontentos entre uruguayos y azuzar a unos contra otros, algo que tanto gusta a algunos sectores oficialistas.

Vamos a dejarnos de cuentos y de consignas malintencionadas. El déficit habitacional que existe y es gravísimo, no tiene nada que ver con la propiedad privada sino con la ausencia de políticas por parte del gobierno para subsanarlo. Echarle las culpas a otros sigue siendo el intolerable recurso de tanta mediocridad, de tanto despilfarro de cataratas de riqueza que han ingresado en el país impulsadas por la bonanza económica. Ni la administración Vázquez, ni esta administración se han caracterizado por poner en marcha planes de vivienda con carácter nacional, que es su responsabilidad. Queda como navegante solitario el Plan Juntos, una iniciativa personal del presidente Mujica, de la que mucho se ha hablado y aún se habla, pero que no se sabe con certeza cuánto ha hecho. Porque del Ministerio de Vivienda, hasta ahora, es poco, poquito y nada. Cómo será la cañada para que Topolansky hable -luego de siete años de gobierno frenteamplista- de que hay "un déficit de 100.000 viviendas, algo que para el volumen de nuestra población es mucho". Muchísimo.

La senadora hizo sus declaraciones en el curso de un ciclo de debates promovido por Mundo Afro, ante unas cuarenta personas. No nos preocupa el escenario ni el número de asistentes, sino el mensaje que se difunde porque pensamos que, más allá de las particularidades específicas de cada lugar, debe ser coherente en lo fundamental. Y este aspecto fue el verdaderamente preocupante; apuntó directo a devaluar la Constitución.

En una especie de lamento se refirió que, al estar consagrada (la propiedad) en la Constitución de la República, "cada vez que nosotros ponemos alguna disposición que roza ese tema, se arma un escándalo dentro del Parlamento". ¿Es que acaso la senadora pretende que cuando se vulnera, se toca o se roza algún derecho previsto en la Constitución, el resto de sus colegas se calle la boca? ¿No ha entendido que la Constitución está para ser respetada, porque se trata del conjunto de normas que los uruguayos hemos elegido para que nos rijan? Sin lugar a dudas que si quiere soslayar alguna norma de la Carta se va a armar escándalo. Todavía no se ha perdido el respeto que ella impone y tal vez sea bueno que la senadora reflexione un poco sobre qué ocurre cuando sus normas son deshonradas.

Topolansky debería tener muy claro que la Constitución no es un impedimento para hacer las cosas bien, sino el mecanismo para hacerlas bien. Es en el respeto a la Constitución y a las leyes -valores en los que debe hacerse hincapié y no buscar abaratar- que se asegura la convivencia social pacífica. Los arranques demagógicos o populistas puede guardarlos para otros temas, que no atenten contra la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Sí existe un tremendo déficit en materia de viviendas, pero es fruto directo de la inacción oficial y no se limita sólo a ellas, sino que abarca un amplio espectro de la actividad nacional, como carreteras, caminos, puentes, ferrocarril, energía, puertos, escuela y muchos rubros más. Y si no hay dinero para nada de ello, es porque el gobierno ha dedicado sus esfuerzos a practicar un desembozado clientelismo, que pasa por el engrosamiento del gordo aparato estatal y por el aumento del asistencialismo sin control ni exigencia de contraprestación en la materia; un asistencialismo que -guste o no- parece relacionado con el aumento del consumo de pasta base y la violencia en la sociedad.

No es intentando devaluar la Constitución que se podrán construir viviendas y luchar contra este flagelo.