Horrores carcelarios

LEONARDO GUZMÁN

Se le cambió el nombre de ComCar a ComPen: ¿para qué sirvió? Las brutalidades de la última semana ni son para la sorpresa ni las justifica el argumento de que los medios hayan divulgado una suspensión de visitas que no iba a ser tal. ¡Qué va! ¡Si nada de lo horrible sucedido era imprevisible! En agosto de 2003 se creó el cargo de Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario: todos sabíamos que las cárceles eran una asignatura pendiente.

A todo lo que fustigaba el Dr. Álvaro Garcé desde que asumió en 2005, allá por marzo de 2009 se le sumó el informe del Comisionado de las Naciones Unidas, Manfred Nowak. Recorrió las cárceles y espetó: "El riesgo de violencia del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos… lo cual impacta severamente en la sociedad en general."

Tamaña lápida debió avergonzarnos como país y obligarnos a reformar y prevenir, complementando con hechos la reacción verbal y gestual del entonces Presidente Tabaré Vázquez. Pero no.

En julio de 2010, en Rocha murieron carbonizados trece presos. En marzo de 2011 un recluso asesinó a otro con diez tiros, a la carrera, en pleno día. Las agresiones armadas entre rivales convirtieron a los ajustes de cuentas en una explicación estatal aceptada como parte de la normalidad.

En la nómina de las víctimas revistan no solo presos sino modestos servidores policiales que entregan su vida al servicio público. Hay que contar no solo a los muertos y heridos sino a todos los que comparten a diario el infierno de las amenazas.

A fuerza de repetirse, los episodios se manejan con olvido de las responsabilidades políticas y funcionales en juego. Se los va aceptando como un problema social más. Con ello se los deja depositados en la sociedad. A ese gran limbo se le transfieren todas las culpas, disolviendo en excipientes de anonimato cargas de conciencia que tienen nombre, apellido, dirección y celular. Por ese cuesta abajo, degradamos la indignación y la convertimos en la indolente perplejidad de un ¡¿quién sabe?! o un quevachaché.

Y aun hay algo peor. Manda el art. 26 de la Constitución: "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito". Al violarse cada vez más abiertamente esa regla, se le está indicando a la juventud que la Constitución es letra muerta. El mismo sistema que deja a los ciudadanos comunes sin garantías para sus bienes y personas es el que hace sentir a los presos y sus familiares que viven sin las garantías de un trato humano. Es que para todos cayó la exigencia de que la Constitución se obedezca, lo cual es deplorable no solo por las víctimas que ya fueron sino por las que el desbarajuste ha de seguir aparejando.

Ante semejante cuadro de anomia -ausencia de reglas-, los abogados no debemos tranquilizar la conciencia con nosotros lo dijimos ni los jueces pueden ampararse en las cárceles no son de nuestra competencia.

A su vez, la ciudadanía toda no debe dejar hipnotizar su capacidad de respuesta por estadísticas, diagnósticos y encuestas cuyo sonsonete busca habituarnos a tragar sapos y culebras.

Conocer es anticiparse para actuar. Pre-ver nos obliga a pre-venir: llegar antes; y no mirar impávidos ruinas que no debieron ser.