Argentina y el mundo

HEBERT GATTO

El "affaire" YPF no es jurídico, por lo menos no en su esencia. Cualquier Estado tiene el derecho a reclamar bienes que considera necesarios para su desarrollo o a demandarlos por razones estratégicas fundadas, siempre que indemnice adecuadamente al expropiado. De modo que este diferendo se plantea en el plano de la oportunidad y de la forma, no en el del derecho de fondo, y es en ambos donde el procedimiento aplicado suscita dudas.

En lo que refiere a la forma, Adrián Ventura periodista de La Nación especializado en temas jurídicos, alega que el proyecto de ley incurre en flagrantes violaciones de la Constitución Argentina: 1) para decretar la intervención, no alcanza con un Decreto de Necesidad y Urgencia, se precisa una decisión judicial; 2) por su parte, para expropiar, la Carta requiere que el Estado pague el precio antes de tomar posesión, cosa que no hizo en este caso, donde confesadamente apuesta a un largo juicio para indemnizar solo al cabo del mismo. Argumenta Ventura, "ahora que el gobierno ya tiene el control de la empresa sin haber pagado un peso, ¿qué interés puede tener en negociar con Repsol un precio?". Precio que además, no se está en condiciones de abonar.

Es cierto, que del lado del gobierno se alega que Repsol tiene una deuda empresarial por perjuicios a la Nación argentina -daños a la infraestructura y al medio ambiente-, que según dice, supera al precio de la expropiación. Con lo cual, unido a la alegada falta de inversión, no solamente se justificaría la medida, sino que explicaría como el mismo gobierno que la enajenó ahora reivindique YPF. En una operación que más parece una rescisión o resolución de un contrato que una real expropiación. Pero el argumento, como alegó la oposición, resulta inválido en tanto no fue invocado por el representante del Estado en el directorio. Tanto que hasta el año pasado el oficialismo encomió la gestión de la empresa y facilitó la entrada de un grupo amigo en su accionariado. Por su lado, a todos nos consta, porque es notoria, la liviandad con que el gobierno argentino asume sus obligaciones jurídicas, declamando su unción por los derechos pero atacando diariamente desde la libertad de expresión hasta los tratados internacionales.

En cuanto a la oportunidad de la medida, las críticas son ampliamente mayoritarias, salvo, como generalmente ocurre, por la mayoría de la opinión del país vecino y por la izquierda radical, ambas obnubiladas por el nacionalismo y el sempiterno cliché que estatizar supone la felicidad de los pueblos.

Desgraciadamente para ellos, en lo que respecta al peronismo, los argentinos ni aprenden ni olvidan. Por su culpa un formidable país, con una población desenvuelta e inteligente como pocas, sufre una suerte de ostracismo universal. Años atrás estuvieron a milímetros de desatar una tragedia: una contienda armada con un país hermano, al desconocer un arbitraje internacional oportunamente pactado. Poco después sus militares iniciaron una guerra absurda que todos aclamaron. Bajo los mismos aplausos decidieron no pagar sus deudas al mundo, como si con ello reafirmaran su dignidad nacional. Ahora en medio de arengas belicistas por Malvinas el gobierno decreta una dudosa expropiación, que, si era tan necesaria como afirma, bien pudo negociar. ¿No será hora que aprendan de lo bueno y se olviden de lo malo?