La culpa no es sindical

En un nuevo episodio de lo que se ha convertido en una historia sin fin, tres liceos de Montevideo (el 45, el 62 y el 71) no abrieron sus puertas el último lunes. Dado que estos centros estaban inactivos desde principios de año, significa que unos cuatro mil liceales siguen sin tener clases, a un mes de la fecha en que hubieran debido empezar.

La causa de esta nueva postergación fue una medida de la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES). La organización sindical también decidió que el inicio de las clases en otros cinco institutos quedaría a consideración de los docentes que allí trabajan.

Ante este nuevo conjunto de medidas, las autoridades de Educación Secundaria se declararon disgustadas y desconcertadas. Para explicarse adujeron que durante el asueto de Semana Santa se había acordado con la dirigencia de Fenapes que los cursos se iniciarían en todos los establecimientos. Que tres liceos sigan sin clases y otros estén en una situación de incertidumbre sería, por lo tanto, responsabilidad de los sindicatos.

Para cualquier observador que mire las cosas con algo de distancia, el disgusto de las autoridades de Secundaria resulta poco comprensible. Estamos terminando un largo período de cinco meses (es decir, casi medio año) desde que terminaron las clases a fines del año pasado. Durante todo ese tiempo hubo tres meses y medio de vacaciones de verano y ahora una semana más de vacaciones por Pascua. Todo ese tiempo fue miserablemente desperdiciado. El ritmo cansino con el que se trabajó, tomando las licencias de la construcción como si se tratara de un problema insuperable, sólo sería comprensible en un país donde no existieran problemas locativos y apenas hubiera que cambiar algunas bombitas de luz.

La verdad, desde luego, es exactamente la contraria. Pese a la inmensa catarata de dinero que desde hace años cae sobre la enseñanza, estamos en estado de emergencia edilicia. Los alumnos y sus docentes tienen que ingresar diariamente a locales en pésimo estado, sin baños apropiados o con obras en ejecución. Que en algunos sitios no haya habido accidentes sólo habla de la prudencia y responsabilidad con la que actúan quienes están en contacto con esas instalaciones degradadas. Pero la situación no debería mantenerse. Y por cierto, lo que impide superarla no son las licencias de la construcción. El trabajo en días de licencia se arregla con plata. Y plata es lo que sobra, al punto de que una parte importante del presupuesto educativo queda sin ejecutar.

Si los sindicatos incumplieron o no un acuerdo con las autoridades de Secundaria, es un episodio menor que tendrán que resolver entre ellos. Desde el punto de vista ciudadano sólo importan dos cosas.

La primera es que los sindicatos tienen toda la legitimidad del mundo para tomar las medidas que están tomando. Los gremios de la enseñanza hacen frecuentemente cosas por las que merecen ser criticados. Sus desbordes corporativos y su politización hipócrita son sumamente preocupantes. Pero en este caso están haciendo algo muy normal y legítimo para un sindicato: están exigiendo la mejora de las condiciones de trabajo de sus afiliados.

El segundo punto de interés ciudadano es una pregunta, ¿qué tiene que pasar en este país para que las autoridades de la enseñanza incorporen algún sentido de urgencia a su lánguida y apalabrada gestión?