Paro docente

Los estudiantes de secundaria no fueron a clase ayer de tarde. Tampoco lo harán hoy, ni mañana durante todo el día. El jueves de mañana todavía seguirán sin clases. Todo esto es consecuencia de un paro de 72 horas decidido por la asamblea general de ADES. Según la dirigencia sindical, el motivo de la medida es el "catastrófico" comienzo del año lectivo, pautado por las carencias edilicias, los atrasos en las designaciones y la desorganización general.

El desajuste entre la dureza de la medida y la justificación que se ofrece llama la atención. Es verdad que el comienzo de clases viene siendo un caos y que hay graves problemas edilicios, pero nada de eso es nuevo. Puede que las cosas estén un poco peor, pero nada es muy diferente de lo que ocurría hace un año. Ni mucho menos es sorprendente.

Los problemas de organización de horarios, asignación de plazas de estudio y distribución de horas docentes se repiten en cada comienzo de cursos. Los problemas edilicios eran esperables, dado el bajísimo ritmo de construcción de locales educativos que ha caracterizado a los gobiernos de Vázquez y Mujica. Los alucinantes niveles de ineficiencia de los servicios de mantenimiento de ANEP son una realidad conocida y fácilmente explicable en función de su funcionamiento, más propio de la ex Unión Soviética que de un país de primera.

¿Por qué entonces los sindicatos reaccionan ahora con una medida tan dura? No lo hacen, ciertamente, porque les indigne el contraste entre la cantidad de dinero que se gasta y la falta de resultados. La calidad del gasto no es algo que les interese. Por eso siguen pidiendo más dinero, sin exigir que se modifiquen previamente los mecanismos de decisión que condujeron al actual despilfarro.

Si los sindicatos están teniendo esta reacción encrespada, es porque les interesa hacer una demostración de fuerza ante el gobierno y los órganos de conducción de la enseñanza. A todos quieren recordarles que, si se pretende tomar medidas que disminuyan su capacidad de influencia, ellos pueden paralizar los servicios y generar graves problemas.

Para hacer esta exhibición de fuerza no vacilan en tomar a la población como rehén. Durante estos cuatro días habrá madres que no tendrán con quién dejar a sus hijos de 12 años y abuelas que tendrán que ocuparse de sus nietos, estén o no en buenas condiciones para hacerlo. Pero sobre todo habrá miles y miles de jóvenes que habrán perdido muchas horas de formación y que ahora mismo están pensando cómo ocupar la gran cantidad de tiempo libre que ha caído sobre ellos.

El derecho de huelga es sin duda legítimo, pero eso no significa que se pueda usar alegremente. Un movimiento sindical maduro debe administrarlo con prudencia y, sobre todo, debe evaluar los costos que genera. Una comparación puede ser útil para ver cómo estamos en esta materia. Ahora mismo los españoles se aprestan a vivir una huelga general contra el gobierno de Rajoy. La prensa española informa que se trataría de la sexta huelga general desde 1978. En 35 años, sólo hubo seis huelgas generales, a la que pueden agregarse dos paros parciales. Durante la mayor parte de ese tiempo, España tuvo gobiernos socialistas. Pero eso no fue tomado como una invitación a la impunidad sindical, sino como una oportunidad para generar un diálogo social constructivo. Y eso es justo lo que no tenemos.