Cesan a médico que denunció caos en el Instituto del Cáncer

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La dirección del Instituto Nacional del Cáncer (INCA) cesó a su jefe del Servicio de Radiología, Daniel García Podestá, que había denunciado irregularidades varias en el área. Para las autoridades sus denuncias fueron "improcedentes".

En la resolución de las autoridades del INCA se exponen una serie de argumentos para la destitución de García Podestá, el médico que desde hace meses venía denunciando una situación "caótica" y "extremadamente grave" en los servicios de imagenología de ese centro oncológico.

El texto de la resolución señala que hubo "reiteradas notas improcedentes" por parte de García Podestá hacia la dirección del INCA; lo cuestiona por disponer "en forma inconsulta" la reparación de equipos del servicio; le achacan "fallas de organización y funcionamiento del servicio pese a las directivas impartidas por la dirección del instituto"; y apuntan que se le constataron "irregularidades en el presentismo".

También presentan como argumento para su cese que "no ha presentado a la dirección del instituto la información estadística correspondiente al año 2011".

Pese a ser relevado como jefe de servicios en el INCA García Podestá mantiene su cargo en la Administración de Servicios del Salud del Estado (ASSE) y deberá ser derivado a otra unidad ejecutora del organismo estatal.

MOLESTIA. El cese de García Podestá aún no ha sido tratado formalmente por el directorio de ASSE. Sin embargo en la última reunión (el miércoles pasado) el tema estuvo sobre la mesa.

Fuentes de ASSE señalaron que existía mucha molestia con el ahora ex jefe del Servicio de Radiología del INCA, sobre todo de parte del vicepresidente del directorio, Enrique Soto, precisaron los informantes a El País.

Las irregularidades denunciadas por García Podestá motivaron un pedido de informes al Parlamento y a las autoridades sanitarias por parte del diputado nacionalista Pablo Abdala, que ayer reaccionó al conocer la noticia.

"Sin ninguna duda esto termina de enturbiar el panorama. Esto demuestra que en el INCA se actúa por reacción en función de lo que trasciende públicamente. Las notas (que envío el médico) son improcedentes porque salen en la prensa tres meses después", dijo sobre los justificaciones esgrimidas por el INCA para la destitución del jefe del servicio.

"Actúan por reacción en lugar de ejercer sus competencias y garantizar el cumplimiento de los servicios", agregó.

DENUNCIAS. García Podestá venía denunciando irregularidades en el servicio de Imagenología, al menos, desde diciembre del año pasado.

Una carta enviada al director del INCA, Alvaro Luongo, relatando anomalías en el área está fechada el 6 de diciembre.

La fecha coincide con un momento en que los funcionarios no médicos del instituto amenazaban con medidas gremiales para denunciar la falta de personal, problemas edilicios y carencias de insumos.

La misiva enviada por García Podestá a fines del año pasado es contundente.

"La situación es tan extremadamente grave (...) que me veo en la obligación ética, moral, profesional y técnica de elevar a las distintas autoridades (...) y los profesionales que me amparan a fin de no verme involucrado y deslindar responsabilidades por el default laboral que enfrenta el INCA", escribió en su carta.

Allí García Podestá alertaba sobre los costos que se generaban al INCA por el envío de pacientes a realizar tomografías computadas fuera del instituto, aun cuando existía un tomografo operativo.

Para cubrir la demanda de 200 tomografías al mes los estudios deben ser derivados -en su gran mayoría- a la mutualista SMI y a los tomógrafos de los hospitales públicos Pereira Rossell, Pasteur y Maciel.

"La incongruencia es que si fuera este un país muy rico y tuviera la opción de darse el lujo de tener un tomógrafo operativo parado por falta de personal, debería tener el mismo dinero para pagarle a los funcionarios", lamentó el encargado del servicio en declaraciones a El País el martes pasado.

En su carta, García Podestá también cuestionó que durante su licencia no se realizaron estudios radiológicos ni informes. Escribió que eso fue "debido a que el suplente compulsivamente elegido por la dirección no los realiza, siendo el funcionario propuesto por el que suscribe rechazado de plano por la subdirectora", del INCA, Lilián Aristimuño.

El ex jefe del Servicio de Radiología finalizó su carta alertando que existe una "situación caótica" en el área, con "consecuencias a la vista" y "demostrada en números y hechos hace un largo tiempo". En la misiva el médico se deslindó la responsabilidad de la situación y la atribuyó a la actual gestión del INCA.

García Podestá estaba encargado del servicio de Imagenología desde el año 1988.

En los últimos seis años, cuatro directores han llevado la conducción del centro oncológico, que cambió de nombre y autoridades durante el primer año de presidencia de Tabaré Vázquez, en 2005.

Ese año Vázquez relevó del cargo de director a Rubens Riotorto y nombró en su lugar a Ignacio Musé. Musé estuvo un año a cargo y luego pasó a presidir un nuevo proyecto oncológico de Vázquez: el Programa Nacional del Cáncer (Pronacan). Entonces asumió en su lugar el subdirector Alberto Viola. A fines de 2009, cuando Vázquez terminaba su mandato, se produjo el tercer relevo. Se fue Viola y asumió Mario Varangot, que a principios de 2011 presentó su renuncia "por motivos personales" en medio de denuncias de purgas y persecuciones sindicales por parte de los funcionarios.

En su lugar fue designado el oncólogo Álvaro Luongo, que aún se mantiene en el cargo.

Desde la inauguración del nuevo edificio del INCA, a mediados de 2009, se han sucedido los problemas. El nuevo edificio fue construido, en parte, con dinero (US$ 3 millones) donado por Venezuela. Algunos médicos han cuestionado que se apuró la inauguración del hospital sin que el edificio estuviera efectivamente pronto.

Los problemas que arrastra la gestión del INCA ya han tenido intervención política. A mediados del año pasado, el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, compareció ante la Comisión de Salud Pública Diputados. Allí tuvo que responder sobre las denuncias de purgas y "política de terror" que hicieron los funcionarios, malas condiciones laborales y pérdidas de hasta US$ 800.000 por errores en la conservación de medicamentos.