Garzón, el puente de los suspiros

HEBERT GATTO

La construcción de un pequeño puente entre dos departamentos supone en el Uruguay un debate que enfrenta a sus promotores y a sus opositores, políticos y no políticos, con las peores acusaciones. Como si en cada cruce entre desarrollistas y ecologistas, la polémica dejara de versar sobre intereses generales para transformarse en una riña pasional entre vecinos ofuscados. Cada uno escondiendo oscuras ventajas, exactamente como ocurrió en el conflicto por las "pasteras". Tan cercano pero, por lo visto, tan olvidado.

Sin ánimo de definiciones tajantes, ni verdades canónicas, procuremos determinar lo que cada parte debería alegar y demandar para que el debate resulte productivo. Sabido es que las democracias liberales no tienen por cometido decidir entre concepciones del bien o de la felicidad pública. Por ejemplo, optar en abstracto, entre la economía o la naturaleza como vías para la buena vida. El Estado sólo debe pronunciarse sobre aquellas medidas, en cualquier ámbito, que permitan que los ciudadanos escojan mejor, en las condiciones más óptimas, los caminos hacia su autorrealización. Tal, por tanto, lo que se puede demandar públicamente, considerando las concepciones e intereses de todos y no sólo los propios.

Tratándose aquí de un bien instrumental, como es un puente, esto significa que, con las debidas consultas y asesoramientos técnicos, de orden en cualquier política responsable, la administración deberá, hasta donde sea posible, informar y luego consultar a los interesados, optando en definitiva por aquellos caminos que, como ocurrió, más se compadezcan con su voluntad. En este caso, como indica la ley, dichas consultas y los informes técnicos fueron también realizados, en general, ambos favorables a la construcción.

No existen verdades ecológicas definitivas, ni siquiera, como se sabe, las certezas científicas son indubitables, más bien ocurre lo contrario, cuanto mayores posibilidades hay para refutarlas más valiosas resultan. Se sabe que en este caso, los directamente favorecidos por la actual situación son un reducido número de especies que conforman un pequeño pero valioso ecosistema, y unas pocas decenas de habitantes que viven en la zona.

Sus intereses son respetables -como lo es, obviamente, preservar la naturaleza-, lo son menos los de aquellos que pretenden disfrutar en exclusiva soledad de un paisaje que es de todos.

Por su lado, el desarrollo supone perjuicios y en ocasiones, muy gravosos. No parece el caso, donde unos pocos metros de puente no cambiarán la ecuación de la laguna, aunque sí lo pueda hacer el mayor número de gente que disfrutará del lugar y su paisaje.

Pero ello en tanto aumentará el bienestar de muchos resulta también un beneficio que no puede desdeñarse, mucho menos, como se quiere, mediante una política que directamente lo obstaculice.

El tema entonces, no pasa por incomunicar zonas aisladas, sino por vincularlas con el menor daño. A veces, es cierto, ello resulta imposible. Allí se impone la ponderación. Siempre a favor del hombre, el actual y el del porvenir. Otras, como aquí parece, pueden hacerse, con prudencia y sin ceder a intereses no generalizables. El objetivo no es pequeño, supone desarrollo y bienestar para muchos, sin desdeñar ni el encanto natural ni el largo plazo.