En una de cada cinco denuncias por competencia hay ilegalidad

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Casi en una de cada cinco denuncias presentadas ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -que fueron cerradas en su investigación- se confirmó y sancionó "la existencia de conductas ilegales".

Según consigna la Memoria 2011 de este órgano desconcentrado del Ministerio de Economía, en el conjunto de los tres años que lleva de actuaciones, "se logró confirmar y sancionar la existencia de conductas ilegales en un 24%" de las denuncias declaradas pertinentes cuya investigación finalizó.

Es decir, las empresas investigadas incurrieron en prácticas anticompetitivas determinadas por la ley 18.159 que rige desde mediados de 2007 (aunque recién en 2009 se creó la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que es la encargada de recibir denuncias y realizar investigaciones de oficio).

A su vez, "se dieron acuerdos de cese de conductas" anti-competitivas "previamente a su sanción en el 12%" de las denuncias, indica el documento.

"En el resto se descartaron las ilegalidades o bien no se pudo comprobar si las denuncias tenían o no bases reales", agrega.

El comisionado del órgano, Sergio Milnitsky, dijo a El País que los casos en que terminan comprobándose ilegalidades "en términos porcentuales pueden parecer desilusionantes", pero "es bastante normal (a nivel internacional) porque llegar a confirmar" la práctica "siempre es complicado".

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Competencia de España confirmó y sancionó ilegalidades en un 21% de los casos y avaló convenios de cese en un 8%, durante los últimos tres ejercicios anuales.

Milnitsky señaló que "no todas las denuncias tienen ilegalidades atrás", aunque se hayan presentado de "buena fe". Es que hay otros casos donde se denuncia sin fundamentos como una "conducta estratégica" para "afectar a un competidor", aseguró.

Por otro lado, es un poco "superior" la cantidad de denuncias donde no se puede comprobar pero tampoco se descarta que exista una ilegalidad y no haya más líneas para investigar, explicó el jerarca.

La comisión tiene la expectativa de que crezcan las denuncias (ver aparte).

Investigación. Al comenzar 2011, la comisión tenía por resolver 12 investigaciones (11 por denuncias y una de oficio) y durante el año ingresaron 14 más (13 denuncias y otra de oficio). De ese total de 26 asuntos, cerró 13 en 2011 y le quedaron 13 para 2012. "Se mantuvo un ritmo de cierre de investigaciones similar al ritmo de ingreso", se expresa en la Memoria 2011.

Por su parte, el órgano tenía dos consultas que venían de 2010 y se presentaron otras 19. De las 21, se cerraron 20 y solo quedó una para 2012.

De esas 20 consultas, en siete casos la comisión respondió que "habría indicios de prácticas ilegales" y en otros siete que "no los habría". En los seis restantes, la respuesta fue que faltaba información para determinar si la práctica consultada era ilegal o no.

"Las más frecuentes han sido las consultas hechas por empresas privadas en relación a conductas actuales de sus competidores o proveedores. Pero también hubo consultas de organismos públicos, consumidores, asesores y miembros de asociaciones", se dice en el documento.

Según la Memoria 2011 del organismo "el objetivo general definido por la comisión para el año 2011 fue el mismo que para los dos años anteriores: mostrar que efectivamente se había producido un cambio significativo en la capacidad de aplicación de las normas de competencia en el país. Este es un objetivo a mediano plazo que podrá evaluarse después de varios años de acción".

La capacidad para "cumplir ese objetivo" tuvo un "cambio significativo" a partir de 2010, cuando "se completó el staff básico de técnicos de acuerdo a los recursos aprobados en el Presupuesto Nacional 2010-2014", se añade.

En 2011 se presentaron 13 denuncias ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia por presuntas prácticas anticompetitivas. En 2010 también se habían elevado 13, mientras que en 2009 habían sido seis.

Por su parte, en 2007 y 2008 -cuando ya regía la ley pero no estaba formada la comisión- se habían presentado tres y siete denuncias respectivamente ante la Dirección General de Comercio.

"Nos gustaría que hubiera más denuncias y más consultas, para, con los mismos porcentajes (24% de ilegalidades comprobadas y 12% de acuerdos de cese de conductas), impactar en más mercados", dijo a El País el comisionado del órgano desconcentrado de Economía, Sergio Milnitsky.

Uno de los problemas es que "denunciar requiere a veces estar dispuesto a enfrentar represalias" de proveedores y competidores, dijo Milnitsky.

Igual, es una "expectativa" que tienen los integrantes de la comisión que haya más denuncias y consultas, agregó.

Para que eso ocurra, hay "dos maneras de conseguirlo: una es actuando, resolviendo casos y sancionando conductas anticompetitivas y la otra es mediante campañas de difusión; pero no tenemos recursos para hacerlo de manera más activa que la presencia en los medios cuando requieren información", aseguró.

En los tres años que lleva de actuación, la comisión trató 83 asuntos (entre denuncias, investigaciones de oficio, medidas preparatorias de investigaciones, consultas y fusiones notificadas). El 47,9% de las empresas respecto a las que se dan los asuntos son del sector servicios no comerciales, el 25,4% del sector industrial, el 22,5% del comercio, el 2,8% del agro y el 1,4% de la construcción.