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"La Ursea tiene solo tres personas trabajando en todo el país en agua y saneamiento", disparó la enviada de ONU, Catarina de Albuquerque, al concluir su visita al Uruguay. La experta elogió la amplitud de la cobertura, pero hizo cuestionamientos.

"Uruguay ha logrado avances significativos, pero ahora es urgente dar prioridad a los más vulnerables y marginados", señaló la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. De Albuquerque visitó distintas zonas y se entrevistó con autoridades nacionales y departamentales, a las que enviará luego el informe por escrito que presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en setiembre de 2012.

"Distintas instituciones con responsabilidad para monitorear y fiscalizar el cumplimiento del marco normativo sobre el agua y el saneamiento, incluyendo la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (Dinagua), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), no tienen recursos humanos y financieros para llevar a cabo sus mandatos", observó.

"Esto es particularmente cierto con relación a actividades destinadas a monitorear la cantidad y calidad del agua superficial y subterránea y el impacto ambiental sobre las mismas", añadió De Albuquerque.

Según los datos que las autoridades entregaron a la enviada de ONU, la Dinagua "no cobra el canon debido para la perforación de pozos de agua", ni siquiera cuando éstos son hechos por empresas privadas que consumen vastas cantidades del vital elemento.

"Insto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a que considere seriamente realizar ese cobro que le permitirá tener más ingresos necesarios para el monitoreo y fiscalización del sector", apuntó. La relatora también dijo que los estudios de impacto para este tipo de emprendimientos deben ser hechos por el Estado y no por privados que tienen intereses económicos. "Distintos actores con los que me reuní identificaron las lagunas en monitoreo y fiscalización entre los más grandes desafíos que enfrenta Uruguay en el ámbito de agua potable y saneamiento", dijo.

DESAGUES. Si bien Uruguay está extendiendo su red de saneamiento (supera el 90%), Albuquerque señaló que "el enfoque de políticas públicas es restrictivo al contemplar el alcantarillado como la solución ideal". La experta recordó que hay otras formas de desagotar inodoros in situ, con un tratamiento "en seco" e incluso ecológico. "Recomiendo al gobierno que promueva un amplio debate nacional sobre el derecho al saneamiento, en el cual sean presentadas, analizadas y discutidas las formas de asegurar su plena realización, teniendo en cuenta experiencias nacionales e internacionales en la materia", declaró la relatora.

"Las conclusiones de este debate deben inspirar la planificación nacional en la materia, teniendo en cuenta formas alternativas de saneamiento que son más baratas, sostenibles y adecuadas a las características de zonas con menor densidad poblacional del país", agregó.

De Albuquerque también expresó su preocupación por el hecho de que solo se haga tratamiento a algo más del 60% de las aguas servidas. "Muchas de las restantes aguas servidas -que tiene origen en pozos negros o fosas sépticas- no reciben ningún tipo de tratamiento y están, de acuerdo a informaciones que recibí de varios actores, infiltrando el suelo y llegando a algunos acuíferos que ya están contaminados con coliformes", alertó.

En marzo de 2009 el relator de la ONU sobre Tortura, Manfred Nowak, elaboró un informe crítico sobre el sistema penal uruguayo.

Las condiciones de detención en algunas comisarías que visitó "eran malas, con celdas oscuras, húmedas e inmundas, algunas de las cuales se encontraban en estado deplorable".

Nowak observó que en algunos módulos del Comcar "el número de reclusos es cinco veces superior a su capacidad. Celdas para dos o tres personas albergan a 11 o 12 internos".

En clara violación de las normas legales internacionales, "no hay una separación entre los presos procesados y los condenados", apuntó el relator.

A su vez, dijo que los adolescentes de la Colonia Berro "tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Muchos reciben sedantes como sustitutos a las drogas".