La Intendencia abre el bolsillo

La multa que debe pagar quien conduce un automóvil hablando por celular, subió en Montevideo de $ 814 a $ 2.714, y la que recae sobre quien circula a contraflecha aumentó de $ 543 a $ 2.714. Esas y otras variaciones en la tarifa de las sanciones municipales, obedecen a la necesidad de nivelar sus montos con el resto del país, bajo el plan de unificación nacional de la patente de rodados. Ese es el nuevo régimen, según el cual también crecieron otras multas montevideanas, aunque algunas mantienen su valor anterior, como la más cara de todas ($ 8.142) por manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas. Está muy bien que esas medidas existan y se apliquen cuando es debido. Cabe agregar que en el curso de 2011, los inspectores de tránsito de la IMM impusieron más de 200.000 multas a los automovilistas.

Todo lo señalado podrá hacer reflexionar a los conductores distraídos o infractores, aunque también invita a pensar en otra larga serie de violaciones a las normas de tránsito que no reciben castigos similares de parte de la autoridad municipal, y sin embargo deberían sufrirlos en atención a la justicia y a la igualdad de trato que merecen todos los ciudadanos de la República. Ello permite plantear algunas interrogantes:

-¿Por qué no se multa regularmente a los autos, camiones y ómnibus con motores viejos y desajustados que queman aceite, de cuyos caños de escape salen nubes negras de olor penetrante, capaz de asfixiar al entorno? En un país donde rige el honorable antitabaquismo (impuesto a través de rigurosas medidas, en nombre de la salud pulmonar de la población) debe preguntarse por qué se actúa con indulgencia ante esas nubes irrespirables, seguramente más venenosas y fétidas que el humo del cigarrillo.

-¿Por qué no se multa o se amonesta a los motociclistas y ciclistas que circulan a contraflecha por todos los barrios de la ciudad, como si estuvieran exonerados de obedecer el reglamento de tránsito? Al hacerlo se burlan de esas disposiciones, pero cometen igualmente otras irregularidades al cruzar con luz roja, circular por la senda izquierda, llevar más de dos pasajeros, atronar con su escape libre, serpentear entre las filas de vehículos o superar las velocidades admitidas en muchas calles y avenidas.

-¿Por qué no se disciplina a una flota de carros hurgadores cuya ignorancia de las normas de circulación deja pasmado a cualquier observador? Pueden ser conducidos por menores, andar a contramano, obstruir calles de tránsito intenso, pasar con luz roja, maltratar al caballo, esparcir basura en el pavimento y circular de noche sin luces, ante la mirada impávida de los inspectores y el tramposo humanitarismo de las autoridades. Lo único que la IMM favorece con esa negligencia es la tercerización de los carros, promoviendo a los explotadores en la materia y auspiciando el veloz deterioro de los contenedores pagados con el dinero de los contribuyentes.

-¿Por qué no se educa severamente a los peatones displicentes, que cruzan a mitad de cuadra, en diagonal y de espaldas al tránsito, aunque en otros casos lo hacen por la senda debida pero con una lentitud que parece ignorar (o desafiar) las exigencias del tránsito? A menudo, los peatones se desplazan con un descuido que pide correcciones y advertencias, pero la Intendencia no las aplica jamás, quizá porque a un peatón no es fácil imponerle sanciones ni cobrarle multas. La amonestación sería una medida deseable, aunque por el momento inexistente, lo cual demuestra que las medidas que se adoptan no responden a una lógica sino en todo caso a la voracidad del organismo encargado.

Las ineficiencias y omisiones de la propia gestión municipal, serían otro terreno a multar si existiera un tribunal de los ciudadanos con atribuciones punitivas. Una cantidad de veredas destrozadas frente a plazas y parques, otra cantidad de calles con grietas o baches que ponen en peligro la circulación, y una cantidad adicional de semáforos con luces quemadas o falta de sincronización (por no hablar de las esquinas que los necesitan imperiosamente pero no los tienen) son algunos rubros de una incapacidad municipal a la que el tribunal imaginario podría aplicar sanciones populares, para que el organismo que administra las multas pudiera también recibir algunas con mano justiciera, en nombre de una equidad que a veces olvidan quienes más hablan de ella.