Un bienio indeciso

Hebert Gatto

Finalizado el segundo año del gobierno el balance de su actuación resulta contradictorio, al punto que no es fácil proyectar su futuro. Por un lado, cierra el período con un crecimiento económico de más del 6%, superando previsiones más modestas. Simultáneamente proyecta cifras auspiciosas para el año próximo y por si fuera poco, baja los índices de pobreza e indigencia. Por otro lado, arroja dudas injustificadas sobre el desempeño del equipo económico, se equivoca en política exterior, dilata y se contradice en el tratamiento de problemas como la educación y propicia hacia adentro, soluciones de dudosa juridicidad, echando sombras sobre su actuación global. ¿Qué explica estas disonancias?

Es notorio que la coalición gobernante está dividida entre: a) sectores moderados de clara vocación social demócrata, agrupados en el Frente Liber Seregni; b) partidos de orientación radical como el MPP y el Comunista, cercanos al Frente "antioligárquico y antiimperialista" de 1971, y c) oscilando entre ambos, el Partido Socialista, de definición más imprecisa. Por encima de ellos, sin vocación para superarlos ni conducirlos, el Presidente de la República, dialogal, tolerante, pero carente de línea propia. Ajeno al aparato del Estado, pero con influencia y cierta autonomía ideológica, el movimiento sindical, que reproduce la fragmentación de la coalición frentista, e intenta, cuando puede, trasladar la problemática política al plano laboral.

Cada uno de estos grupos desarrolla su estrategia y maximiza su poder lo que, dado su número, complica los resultados, pero en líneas generales, todos se ajustan a las líneas señaladas, procurando incidir sobre la temática gubernamental y sumar a su causa el apoyo del presidente. Un hombre que busca situarse sobre ambas opciones, concertándolas, sosteniendo alguna o descartándolas, según los casos. Cuando esta estrategia presidencial -de orientación normalmente imprevisible-, resulta exitosa, aflora la solución; cuando ello no ocurre, surge la parálisis y se pagan costos.

Desagreguemos mínimamente la agenda gubernamental del último año para observar esta operatoria: impuesto a la tierra propuesta por radicales y el presidente para gravar el latifundio, rechazada por el equipo económico social demócrata como anacrónica, impuesta por mayoría; política exterior ultralatinoamericanista y antiimperialista de raíz radical, en ocasiones ajena a los intereses y tradiciones del país; similar estrategia, en relación con la Argentina, más emocional que reflexiva, impulsada en solitario por el Presidente de la República; política educativa con fuerte peso de los sectores sindicales respectivos, producto de una ley corporativista votada por todo el FA, de la que ahora se desenganchan los sectores moderados y Mujica; anulación indebida de normas penales en perjuicio de sus beneficiarios mediante leyes retroactivas, apoyada por la unanimidad de los sectores frentistas, pero sin conformidad presidencial.

Podríamos seguir, pero sólo reproduciríamos el mismo esquema de desacuerdos e imposiciones. Desacuerdos internos que desmerecen la gestión del gobierno y que coincidiendo con las divergencias entre radicales y moderados revelan dos visiones enfrentadas de la democracia. Una que la concibe como un procedimiento de gobierno que en el respeto de los derechos humanos y los principios liberales que los informan, practica la neutralidad en materia del bien individual y social, así como la laicidad en cuestiones religiosas. Otra, la radical, comprometida con una vigorosa noción del bien que prioriza la realización humana a través de pautas sociales y políticas previas y por ende ajenas, a la propia democracia. Lo grave es que, como es notorio, ambas concepciones se revelan incompatibles.

La lucha entre radicales y moderados revelan dos visiones enfrentadas de la democracia.