Sumando errores

El Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley de reorganización de la enseñanza técnico-profesional , es decir, de aquella rama de la enseñanza que los uruguayos solemos llamar "UTU". El texto es un resumen de casi todos los errores que se vienen cometiendo en materia educativa, más algunos nuevos.

Al igual que la Ley General de Educación votada en 2008, este es un proyecto apalabrado y confuso, que viola casi todos los preceptos de la buena técnica legislativa. Vaya como ejemplo el enunciado de uno de los cometidos del nuevo ente: "Articular y colaborar con otras instituciones en materia de mapeos geo-referenciados a nivel de estudios prospectivos vinculados a desarrollos socio-productivos". Esta ensalada de palabras es toda una lección sobre cómo no hay que redactar las leyes.

También en continuidad con aquella ley, este es un proyecto centrado en la distribución del poder. Hay mucho espacio dedicado a describir mecanismos de designación de autoridades, duración de cargos y atribuciones de diferentes organismos, pero no dice casi nada en materia de orientación de la enseñanza, evaluación de resultados o conformación del cuerpo docente. Todo parece importar, menos lo estrictamente educativo.

Otro error que se repite es el debilitamiento de los mecanismos de control ciudadano en favor del poder corporativo. Si este proyecto es aprobado, UTU pasaría a ser un ente autónomo separado de ANEP, gobernado por un Consejo Directivo que estaría integrado por tres miembros: uno propuesto por el Ejecutivo con venia del Senado, otro elegido por los docentes y un tercero elegido por los estudiantes. Quiere decir que el nuevo ente tendría un régimen de cogobierno similar al de la Universidad de la República.

Si el cogobierno de la Udelar fuera un ejemplo de buen funcionamiento, tal vez podría discutirse la pertinencia de extenderlo a otros ámbitos. Pero todo el país sabe que es un modelo de ineficiencia y bloqueo. Piénsese en el largo tiempo y los tesoros argumentativos derrochados en el debate sobre si se otorgaba o no un doctorado honoris causa a Vargas Llosa, en el mismo momento en que el Hospital de Clínicas (que es una de las principales dependencias de la Universidad de la República) vive hundido en el caos.

La idea de extender el cogobierno ya es suficientemente rara, pero a eso se suman otras dificultades. La Universidad de la República tiene estudiantes que en su inmensa mayoría son adultos. La nueva UTU, en cambio, impartiría enseñanza media y superior en forma simultánea, de modo que tendría muchos alumnos por debajo de los 18 años. ¿La idea es aceptar que menores de edad decidan con su voto la integración del directorio de un ente autónomo? Si la respuesta es positiva, se estarían violando numerosas disposiciones constitucionales y legales. Y si es negativa, no se estaría proponiendo que cogobiernen los estudiantes, sino solamente un sector (probablemente minoritario) que no necesariamente tendrá las mismas prioridades e intereses que el resto.

Pero lo más grave del diseño propuesto no es esto, sino que el representante de los ciudadanos quede en minoría ante los representantes corporativos. Que el proyecto le otorgue doble voto "en caso de empate" no resuelve nada, porque, por aritmética elemental, ese recurso sólo podría usarse en ausencia de uno de los representantes corporativos.