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MARCELA DOBAL

Expertos ven en general con buenos ojos el proyecto de ley que obliga a identificar a dueños de acciones al portador pero tienen reparos sobre las sanciones y la confidencialidad de los datos. Además objetan la carga sobre extranjeras.

El proyecto enviado al Parlamento esta semana establece que los accionistas deben identificarse presentando declaración jurada a la entidad emisora, que estará obligada a dar esa información al fisco, donde quedaría amparada en el secreto tributario. Si los dueños de acciones no informan serán multados y la firma no les podrá pagar utilidades, dividendos o cualquier clase de retribución.

El abogado tributarista Carlos Loaiza dijo a El País que la iniciativa es "una jugada fuerte" para evitar el fraude y cumplir con los estándares de transparencia que requiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que esta obligación será tanto para acciones al portador uruguayas como extranjeras que actúen en el país con un establecimiento permanente.

No obstante, el experto señaló la necesidad de "reforzar las sanciones para el mal uso de la información", porque "hasta en países muy serios como Alemania se han robado y vendido datos". El secreto tributario permite aplicar sanciones administrativas (que incluyen la destitución del funcionario), pero no otras pecuniarias o penales.

A su vez, el abogado Leonardo Costa, dijo que "no hay duda" que el proyecto cumple con las objeciones que OCDE le hizo a Uruguay, aunque enfatizó que debe quedar "expresamente establecido" en el proyecto el amparo de los datos en el secreto tributario. Añadió que, con el tenor de las obligaciones que se imponen a las empresas, "queda la duda si no hubiera sido preferible eliminar" las acciones al portador. "Se pone una carga y no siempre las empresas extranjeras disponen de información", dijo.

El socio del estudio Ferrere Abogados Alberto Varela, en tanto, dijo a El País que "da la sensación de que estamos entregando más de lo necesario". "Se ha dicho que el proyecto se inspira en el modelo alemán de registro de acciones, pero vemos que es más estricto", dijo.

Señaló dos diferencias. Una, que mientras el sistema alemán prevé que las empresas den información anual de los titulares de acciones, la propuesta para Uruguay prevé que cada vez que haya un cambio en la titularidad debe comunicarse en un plazo de 15 días hábiles. Otra, es que el alemán solo aplica multas por no comunicar la titularidad, pero el proyecto uruguayo prevé además la negativa a la empresa del certificado único -sin el que no puede ejercer el comercio- y además impide operar con bancos y distribuir dividendos, dijo Varela.

Por su parte, el abogado Ignacio de Posadas indicó que "llama la atención" que cuando Uruguay no pasó la evaluación de OCDE el gobierno dijo que no había apuro por hacer cambios (hasta 2014) y que ahora envía el proyecto aun cuando el Parlamento no está sesionando. Agregó que extender la obligatoriedad de informar a personas jurídicas extranjeras "es innecesario" y "un grave error" que "afectará enormemente el turismo y el mercado inmobiliario".