EE.UU. acusa a ejecutivos argentinos

Buenos Aires | La Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) presentó ayer cuatro cargos criminales contra siete exejecutivos de la multinacional alemana Siemens por el pago de coimas multimillonarias a funcionarios argentinos en su afán por mantener vivo el "Proyecto DNI" .

La SEC dio así otro paso sobre lo ocurrido con el megacontrato de US$ 1.000 millones para el control fronterizo y la confección de pasaportes y documentos nacionales de identidad.

Tres años atrás denunció la violación de los libros contables para ocultar el posible pago de sobornos. Ahora avanzó por esa senda. De este modo, el gobierno de Estados Unidos imputó a siete exejecutivos de Siemens -entre ellos, dos argentinos- por lo ocurrido durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

El director de la División de Aplicación de Leyes de la SEC, Robert Khuzami, enmarcó el caso en la figura de "coimas". El primer ejecutivo identificado por la SEC es el exmiembro del directorio mundial de Siemens, Uriel Sharef, que en septiembre de 2007 organizó una gira por Alemania para la entonces candidata presidencial Cristina Fernández y negoció nuevos contratos con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Junto a Sharef figura Ulrich Bock, autor del memorando interno de la compañía en la que detalló los presuntos montos de las coimas pagadas al expresidente Menem, con US$ 16 millones, el exministro del Interior, Carlos Corach, y el exinterventor en Migraciones, Hugo Franco, entre otros. En su presentación de 26 carillas, la SEC señaló a Menem como uno de los funcionarios que cobraron, junto a "ministros de su gabinete". Pero los hechos se extendieron, incluso, a Fernando de la Rúa.

Los argentinos implicados son el exjefe financiero de la filial local, Andrés Truppel, y el exmiembro de su directorio y lobbista Carlos Raúl Sergi, que aparece como el intermediario en el pago de los sobornos, que incluyeron reuniones en Miami y Nueva York, entre otras ciudades, y pagos a través de contratos "fantasmas" en Uruguay y Dubai, entre otros países. La Nación/GDA