Punto cero

Pablo Da Silveira

Tras dos meses de trabajo, el gobierno presentó el anunciado documento que serviría de base para un nuevo acuerdo sobre la educación. La elaboración del texto insumió un plazo mayor que el que había prometido el Ministro de Educación, pero la oposición fue flexible al respecto. La gravedad del tema sin duda lo ameritaba. Lo malo es que ni siquiera el plazo extra ayudó a mejorar las cosas. El material presentado por el gobierno es un fiasco. Otra vez estamos en punto cero.

Para empezar, no se trata de un documento sino de tres. Si bien el texto se presenta como un "aporte de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública", lo que realmente encontramos son tres materiales que podrían haberse presentado por separado. Uno de ellos fue elaborado por el Ministerio de Educación, otro por ANEP y otro por la Universidad de la República. Quiere decir que la Comisión Coordinadora no coordinó nada. La "síntesis de conjunto" que se incluye al inicio tiene apenas 22 líneas.

En segundo lugar, el texto no agrega casi nada. Básicamente se trata de un gran refrito de materiales anteriores, incluyendo el texto del acuerdo interpartidario del año 2010, la Ley de Presupuesto, la Rendición de Cuentas y algunos documentos que se dieron a conocer a lo largo del actual período de gobierno, como un texto presentado a principios de año por el presidente del Codicen.

Muchas de las presuntas propuestas son en realidad descripciones de cosas que ya se vienen haciendo, como el Compromiso Educativo. En otros casos más graves, se incluyen iniciativas que fueron anunciadas en su momento pero nunca se ejecutaron (un ejemplo típico es todo lo relativo a la construcción de edificios escolares).

Y todavía hay cosas peores. La propuesta de crear la figura del "Profesor-Cargo" (un intento de solucionar el problema de la alta rotación de docentes), no sólo es una idea cuya aplicación se viene postergando desde el año 2008 (la Ley de Educación ya la planteaba como objetivo), sino que la actual formulación es una versión descafeinada de la que se incluyó en el acuerdo interpartidario de mayo de 2010. En aquel momento el gobierno se comprometió ante la oposición a impulsar una idea muy precisa. Dada la resistencia de los sindicatos, no sólo no la aplicó, sino que ahora presenta una versión devaluada de lo que se había acordado. ¿Esto es lo que va a hacer con las medidas que eventualmente se acuerden en el futuro?

Pero tal vez lo peor del documento (o más bien, de la colección de documentos) es la confirmación de la total inexistencia de una cultura de gestión. Casi no hay objetivos operacionales, ni prioridades claras, ni plazos de ejecución, ni criterios de evaluación. Hasta las buenas ideas se hunden en un palabrerío inútil que sólo sirve para paralizar la acción.

Si esto es lo que el gobierno tiene para ofrecer, entonces debemos temer lo peor para nuestra enseñanza. Y si la oposición actúa con lucidez y responsabilidad, jamás debería entrar en un acuerdo que tuviera esta base. Si el gobierno elige el camino del desastre, lo mejor es que lo recorra solo.