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Culmina hoy su trabajo la comisión multipartidaria de megaminería con acuerdo entre el gobierno y la oposición. Lo ambiental y lo tributario son aspectos centrales para los blancos; los colorados hacen hincapié en las exigencias ambientales.

Tal como ya han adelantado, los representantes nacionalistas José Carlos Cardoso y Álvaro Delgado plantearán en la reunión de esta tarde en la Torre Ejecutiva que en el Código de Minería deberán incluirse los lineamientos ambientales y territoriales acordados, al tiempo que los aspectos que refieren al denominado "marco económico" deberán establecerse por ley, incorporándose al Código Tributario.

A su vez, el representante del Partido Colorado, Walter Verri, destacó que lo central del acuerdo para él es haber fijado "el rumbo político en este tema, en cuanto a que sin estrictas exigencias ambientales, por más millones que dejen, no queremos megaminería a cielo abierto", dijo a El País.

Añadió que "en cambio, otros discutieron desde el principio el aspecto económico del negocio, cosa que para nosotros es posterior al cuidado del país natural".

DEFINICIONES. La minería de gran porte se define, según el acuerdo entre el gobierno y los partidos, como un emprendimiento con una inversión mínima de US$ 100 millones en su etapa de explotación; una producción anual valorada en más de US$ 100 millones, y con una afectación territorial del distrito minero de más de 400 hectáreas.

De acuerdo con el documento que el gobierno presentará en la reunión de hoy, al que tuvo acceso El País, la minería de gran porte se asienta en cuatro aspectos: los ambientales, los sociales, los económicos y los de gobernanza.

En lo ambiental, se establecerá una evaluación de impacto ambiental con una agencia de gestión ambiental internacional.

En lo social, se prevé impulsar un consejo sectorial minero, tripartito, para promover la cadena productiva, y desarrollar conocimiento, tecnología y capacidades en alianza con instituciones educativas.

Respecto al eje económico del acuerdo, el documento establece desarrollar al sector de la minería con políticas para el crecimiento sostenido sectorial en el largo plazo, establecer que el Estado deberá capturar parte de las rentas económicas generadas en base a un activo del cual es propietario y garantizar una asignación y gestión óptimas.

También se prevé la necesidad de aplicar un impuesto adicional del IRAE para los emprendimientos.

En cuanto a los ejes de la gobernanza, el acuerdo establece asegurar la solidaridad intergeneracional por medio de la inversión del 100% de los ingresos obtenidos por el Estado en actividades de megaminería.

Además, dispone que haya inversiones aplicadas a proyectos productivos e infraestructura, y otra porción mayor de inversiones dedicada a la formación de un Fondo Soberano de Inversión para colocaciones en el exterior.

La administración del Fondo se haría por una persona pública no estatal de derecho privado o por un organismo dependiente del Banco Central.