"Cuando se habla que la política social en Uruguay sigue siendo muy dependiente de las transferencias es un gran error. El gasto social en Uruguay anda entre 20% del producto, en seis o siete mil millones de dólares, pero tomemos el gasto más duro, salud, educación y asignaciones familiares, andará cerca de tres mil millones de dólares. Por lo tanto, las transferencias monetarias son menos del 10% del gasto social total", dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker a El País.
El jerarca señaló que las transferencias monetarias directas han reducido su peso en el gasto social. "Los entre 300 y 320 millones de dólares que se gastan en transferencias son el 0,6% del PBI. En 2005 eran por encima de 2% del producto", señaló Olesker.
Para el ministro la caída se debe no a que las políticas sociales involucran a menos personas sino porque son una parte menor del ingreso total. La excepción son las 30.000 familias que están en riesgo social y son vulnerables a pasar a la indigencia. "Pasando de ese 3% de hogares más críticos, la transferencia no debe pasar del 15% o 20% del ingreso total de las personas. El resto son otras prestaciones como jubilaciones, salarios o ventas por cuenta propia", dijo.
Olesker afirmó que Uruguay continuará desligando progresivamente a las personas de las transferencias monetarias. Para ello, sostuvo, se profundizará en las política de trabajos protegidos y en la revinculación de jóvenes al sistema educativo. El ministerio que dirige presentará mañana al gabinete un plan concreto para lograr este último objetivo, que abarcará a 40.000 jóvenes entre 14 y 29 años.
PARA 2012. Hasta ahora hay 15.000 hogares que tienen duplicado el monto de la tarjeta Uruguay Social (cobran el doble de lo que le correspondería por el tamaño del núcleo familiar). El gobierno calcula que en realidad el doble de hogares están en riesgo de caer en la indigencia. Por eso, en 2012 prevén que el doble de familias reciban este beneficio, informó Olesker. (ver aparte)
Para el año próximo las mujeres embarazadas o con niños de entre 0 y 3 años a cargo que sean beneficiarias de tarjetas cobrarán $ 400 extra, para que adquieran leche fortificada por hierro. "Es un kilo por mes y por niño", dijo el ministro.
A su vez, el dinero que perciban en las tarjetas les rendirá más cuando entre en vigor la reducción del IVA. "Hay una renuncia fiscal que se estima en 35 millones de dólares, por todas las transacciones por las que el IVA va a ser devuelto, entre la tarjeta y la asignación familiar, que también pasará a cobrarse con una tarjeta", señaló Olesker.
De todos modos, el ministro calcula que el monto destinado a las transferencias por tarjetas (actualmente 55 millones de dólares) va a seguir constante, porque habrá beneficiarios que consigan trabajo y dejen de percibir la prestación.