La interpelación

Leonardo Guzmán

El Uruguay debe celebrar que el senador Luis Alberto Heber haya interpelado al Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Enrique Venegas sobre la nueva empresa que, capotada Clanider, asumió la limpieza del Hospital Maciel, cuyos negocios y parentescos con ASSE parecen haberle garantizado en pocos meses la Buena Estrella que trajo impresa en su nombre de pila.

El legislador interpelante asumió la responsabilidad política de lo que puso sobre el tapete, como corresponde a todo ciudadano que honradamente forma una certeza probatoria que lo obliga a no callar lo que detectó y a asumir la incomodidad de enfrentar, a la intemperie, el riesgo de refutaciones que puedan taparle la boca -lo que en el caso por cierto no sucedió.

Por eso, la jornada senatorial del martes debe celebrarla la ciudadanía entera por encima de los partidos, como alegría republicana por el reencuentro con una de las mejores tradiciones parlamentarias: la construcción dialogada de nuestra libertad.

Reencuentro digo, porque la antigua costumbre de polemizar áspero para aventar dudas y, en temas de principios, raspar hasta el hueso ha sido dulcemente reemplazada por el sometimiento de cada sospecha a los trámites internos y los vericuetos íntimos del sector donde se genera, con lo cual el espíritu de cuerpo le coloca sordina a los clamores espontáneos por el bien común.

Obsérvese. El Secretario de Estado pretendió, hasta con sorna, descalificar al interpelante porque no lo vio nunca recorrer hospitales. El argumento puede sonar efectista y para la tribuna, pero en verdad es una falacia -para decirlo en los educados términos que usaba el Uruguay cuando su enseñanza se inspiraba en Vaz Ferreira y no se regía desde subcomités.

Si para apreciar la licitud o ilegalidad de unos contratos curtidos por observaciones del Tribunal de Cuentas, pudiera exigirse como requisito subir y bajar las solemnes escaleras de mármol del Maciel y el Pasteur ¡arreglada estaría la apertura republicana de la gestión pública!

El sistema de garantías se funda precisamente en lo contrario. Todo el Derecho Administrativo -costado ingénito del Derecho Constitucional- reposa sobre el concepto de que, en cualquier área de que se trate, hay principios generales, cuya transgresión puede palpar quienquiera tenga uso de razón; y, por tanto, queda siempre abierta al contralor público y el juzgamiento político de los no especialistas.

El comienzo del siglo XXI aparece signado por el renacimiento de corporativismos acantonados a la defensiva, de los cuales resultan desviaciones como ésta que el Ministro profirió al pasar. Pero que no hay que dejarla pasar, pues si aceptáramos la "doctrina" que ella implica, terminaríamos olvidando que la cultura es lenguaje común y que la vida republicana impone contralores comprensibles y exigibles por propios y ajenos, cualquiera sea su oficio.

Por la vía implícita en esta boutade del Ministro, cada área del Estado pasaría a convertirse en un coto de caza privado, con reglas feudales propias, ajeno a la vibración común del ciudadano e impenetrable al valor universal de la exigencia de limpidez de los procedimientos -que es de lo que realmente se trató en la interpelación de marras.