Interior hace frente a 1.800 juicios laborales

E.B.

Seis abogados, dos procuradores y dos administrativos del Servicio Civil de Presidencia hacen frente a 1.800 demandas planteadas por casi 20.000 de un total de 27.000 policías, según fuentes del Ministerio del Interior y de gremios policiales.

"Estamos muy saturados. Somos pocos trabajando, haciendo cosas que no se pueden creer. Esto es como una quijotada: los juicios de policías", relató a El País una abogada del Servicio Civil.

Hasta los propios abogados del Ministerio del Interior le hicieron juicio a la cartera en reclamo de bonificaciones salariales no abonadas desde 1992.

Fuentes oficiales señalaron que continúan cayendo demandas contra el Estado mientras que la Suprema Corte de Justicia no se defina sobre si hubo o no una mala liquidación de haberes de policías desde 1992.

Los demandantes consideran que, desde ese año, el Ministerio de Economía no integró al sueldo de los policías determinados beneficios y primas dispuestas en varias leyes. En tanto, los abogados del Servicio Civl entienden que las liquidaciones del la Contaduría General no fueron mal hechas y advirtieron que pese a que la normativa establece las bonificaciones para los policías, no había disponibilidad del gasto. Es decir, éste no tenía recursos asignados.

Por el momento, estos seis abogados del Servicio Civil se anotaron un triunfo: el Tribunal de Apelaciones de 7° Turno confirmó una sentencia favorable al Estado emitida este año por el Juzgado Civil de 6° Turno en un juicio realizado por policías de la capital. Ahora el expediente se dilucidará en la Suprema Corte de Justicia.

Abogados patrocinantes de los sindicatos de la Policía estiman que la eventual deuda que mantiene el Ministerio del Interior con los policías ronda los $ 2.048 millones (US$ 102 millones). Para llegar a esa cifra, los abogados de los demandantes se basan en un informe interno del Ministerio del Interior elaborado a principios de 2009 por Contaduría Central sobre la hipótesis de la eventualidad de que tuvieran razón los policías reclamantes.

El informe, que fuera enviado al ministro del Interior Jorge Bruni a comienzos del 2009, señala que la eventual deuda alcanzaba los $ 521 millones para ese año. Los abogados de los demandantes multiplican esa cifra por cuatro años, que es el período que se puede reclamar una deuda laboral al Estado.