Impuesto al agro: FA rechaza cambios

1/1

Valeria Gil / José Luis Aguiar

Mientras crecen las inquietudes de propietarios rurales en torno al denominado "impuesto al agro", varios expertos llamaron la atención sobre los efectos negativos que tendrá la tributo. Cambios propuestos por Astori no serán considerados en el FA.

El Frente Amplio definirá el martes si vota el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) tal como vino desde el Poder Ejecutivo, o si trabaja sobre otro proyecto diferente, tomando en cuenta el planteo del diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay).

Fuentes legislativas dijeron a El País que dentro de la bancada de la coalición de izquierda "hay una amplia mayoría favorable a continuar con el ICIR original, porque cumple de forma satisfactoria el objetivo de desconcentrar la tierra". Así, los cambios propuestos por el astorismo no prosperarían en el proyecto actual, aunque podrán ser analizados en iniciativas posteriores.

Por las posiciones de los distintos sectores de la coalición se presume que el planteo del astorismo solo cuenta con el apoyo de sus aliados en el Frente Líber Seregni (Nuevo Espacio y Alianza Progresista), mientras que el proyecto redactado por el Poder Ejecutivo tiene el aval de la mayoría de los grupos de la coalición de izquierda.

En la reunión de bancada que se realizó ayer, se planteó la discusión de definir cuál de las dos propuestas se ajusta más al objetivo de evitar la concentración de la tierra.

En ese sentido, el diputado Alejandro Sánchez (MPP) explicó a El País que en el encuentro se resolvió "que hay que empezar a trazar el camino que vamos a tomar. Si vamos a tomar el camino de seguir con el ICIR, o si, por el contrario, nos proponemos incursionar en otro tipo de impuestos", explicó.

Sánchez señaló que la propuesta de Asti para recurrir a impuestos o adicionales y gravar la rentabilidad de la tierra, en lugar de la tenencia "es muy seria". Pero indicó que la misma "complejiza demasiado porque establece un adicional al Impuesto al Patrimonio para los propietarios de más de 10.000 hectáreas y la reinstalación del Impuesto a Primaria y otras propuestas que son parte de una discusión ulterior".

Una vez que se defina la continuidad del ICIR, se podrán realizar ajustes de texto sin cambiar la esencia del proyecto que grava las extensiones de tierra de más de 2.000 ha.

En ese sentido, el Frente Izquierda de Liberación (Fidel) planteó la sustitución del indice Coneat por otro índice de producción que contemple la nueva realidad del país, a fin de que participen en los aportes aquellos productores con rentabilidad, como los oleaginosos.

CAMBIO IMPOSITIVO. De forma paralela a la discusión política, expertos tributarios sostienen que, a partir de la vigencia del nuevo impuesto, quienes compraron campos antes de 2007 y decidan vender podrían tener un incremento impositivo de 754% en relación con lo que pagaban hasta ahora.

El proyecto que está a estudio del Parlamento establece, además del gravamen a los propietarios de más de 2.000 ha, una modificación de las reglas tributarias fijadas en la reforma fiscal de 2007.

Según esa reforma, los propietarios de tierra que habían adquirido sus campos antes del año de vigencia de la ley podían tributar sobre un ficto (6% del valor del inmueble vendido).

Por ejemplo, un establecimiento agropecuario que comprara en 2005 un predio de 5.000 ha (a US$ 1.000 la ha, que era el precio promedio), y lo vendiera ahora a US$ 4.500, pagaría US$ 337.500.

En caso de aprobarse el nuevo impuesto, ese mismo establecimiento tendría que pagar US$ 2.882.951 si decidiera vender el campo. Esto es, un 754% más que antes.

Los datos anteriores surgen de cálculos realizados por firmas especializadas en temas impositivos, y toman en cuenta los valores de mercado y el tipo de cambio de cada año.

TODOS PERJUDICADOS. "Este incremento tan importante no afectará sólo a los grandes propietarios; afectará a todos, inclusive a los pequeños productores uruguayos que adquirieron tierra antes de la ola especulativa, que son la mayoría, y que si mañana se decidieran a vender se verán perjudicados por el cambio de reglas", explicó Sebastián Da Silva, operador de Da Silva Agroinmuebles, empresa inmobiliaria especializada en el área agropecuaria con más de 35 años de trayectoria.

Da Silva dijo, ante un requerimiento de El País, que "han aumentado de forma considerable las consultas de los productores que hacen sus cuentas y preguntan si no convendría vender ahora, antes de que se apruebe el nuevo proyecto".

La norma que modifica la base tributaria de 2007, y que toma en cuenta la revalorización que ha experimentado la tierra desde entonces a hoy, no estaba incluida originalmente en el proyecto propuesto por el presidente José Mujica, hace varios meses. De hecho, ese artículo adicional fue incorporado por Danilo Astori.

El monto que eventualmente se recaudaría por ese concepto no será destinado a la reparación de la caminería rural, sino que irá a engrosar las arcas del Instituto Nacional de Colonización (INC), para proveer fondos que permitan distribuir tierras entre miles de aspirantes a colonos que hoy están inscriptos en el organismo.

No se ha divulgado, de forma oficial, ninguna estimación del monto que podría recaudarse por ese impuesto adicional; pero ayer, en el ciclo de conferencias organizado por la Consultora Seragro y El País, el presidente del INC, Andrés Berterreche, se deshizo en elogios sobre la iniciativa que incorpora el elemento de revalorización de la tierra en el cálculo del impuesto a la renta. (ver nota central).

Aunque Berterreche afirmó que el nuevo proyecto "es específico a ciertos propietarios de tierra" (aludiendo a aquellos que concentran grandes extensiones), lo cierto es que la reforma que se propone afectará también a los pequeños.

PABLO ANTÚNEZ

El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales con el que el gobierno promueve desestimular la concentración en la propiedad de la tierra, generó un interesante debate en la conferencia Políticas de Estado: el agro en los tiempos que vienen, que forma parte del ciclo organizado por El País, Consultora Seragro y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El tributo proyecta recaudar US$ 60 millones agregados, llevando el aporte impositivo del agro a US$ 324 millones anuales, que a cifras del año pasado representan el 9,75% del PBI sectorial.

El economista Javier de Haedo, uno de los panelistas invitados a la jornada, aseguró encontrar, por lo menos, cinco casos de contradicción frontal con la reforma tributaria que el gobierno impulsó en el 2007.

"El nuevo impuesto pone el foco en el patrimonio, en lugar de ponerlo en la renta; crea un nuevo y pequeño tributo, cuando muchos de los que rigieron hasta 2007, por el hecho de ser insignificantes, se derogaron en la citada reforma fiscal; establece una renta afectada, porque es un impuesto con un fin específico, lo que evidencia muy mala técnica tributaria y contraviene el espíritu de la reforma", sostuvo el economista.

De Haedo también afirma que en el proyecto "no se mantienen las tasas progresivas como en el IRPF o en el viejo Impuesto al Patrimonio, sino que se grava el 100% de la extensión a la tasa de la última hectárea". Para el experto, ese también es un cambio de criterio respecto a lo que ha sido histórico. Por eso remarcó que "si se viola en reiteración real, cuatro años después, los principios de esa reforma, ha de ser por alguna razón muy importante para sus impulsores, y esa razón -dijo- no es la recaudación".

El panelista consideró que el nuevo impuesto a la tierra tampoco frenará la concentración de la tierra. "Está probado, por nuestra propia historia económica, que la imposición a la tierra agudiza la concentración en vez de frenarla".

Según la visión del economista, "cuando se pone un impuesto a la tierra, aunque sea a superficies de más de 2.000 hectáreas, todos los propietarios de tierras van a verse afectados en su patrimonio".

REGLAS CLARAS. Fernando Mattos, ex presidente de la Asociación Rural del Uruguay, en representación de los productores, consideró el tributo como un cambio de reglas importante frente a la reforma tributaria de 2007 que pretendía gravar la renta personal y empresarial. "Esto representa un cambio porque aplica un incremento del Impuesto al Patrimonio, que es un tributo muy negativo y conspira contra la estabilidad que deseamos tener", dijo.

Agregó que "para la inversión el cambio de reglas es negativo. Este y otros motivos conexos "son la razón por la cual Uruguay tiene un Tacuarembó en Paraguay. Hay 1,5 millones de hectáreas de uruguayos en el exterior, porque no hubo señales positivas en el largo plazo para que aquellas inversiones que se hicieron allá, se realizaran acá".

El productor dijo que el tributo va por el camino equivocado "y en un momento donde los nubarrones de la crisis económica internacional hacen que la sensibilidad de los inversores sea mayor".

Explicó que "tener una discusión pública entre presidente y vicepresidente con visiones opuestas vinculadas con el impuesto, no le hace bien al clima de negocios del país".

Por su parte, el economista agrícola Joaquín Secco recordó que se ponen impuestos al sector agropecuario cuando las cosas andan bien, atendiendo a que el agro es un sector cautivo que no se puede ir y que tiene que seguir produciendo.

Secco dijo que el agro hoy tiene una doble amenaza. "Internamente las cosas no están funcionando bien y externamente estamos enfrentando una crisis muy grande. Lo que tenemos que hacer, en lugar de amenazar al sector agropecuario, es estudiar cómo podemos superar el parate que está teniendo el sector".

DEFENSA. Por su parte, Andrés Berterreche, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), insistió en que el tributo impulsado por el Ejecutivo "no es un impuesto al agro", sino que "es un tributo a determinada parte del agro". Defendiendo la iniciativa del gobierno, el jerarca aseguró que "es específico a ciertos propietarios de la tierra".

Por un lado, la iniciativa atiende "la revalorización que ha tenido la tierra desde la reforma fiscal de 2007. Cambia la base impositiva de los campos que se compraron antes de 2007. Ese incremento, ese adicional, es el que va al INC y está en consonancia absoluta con el espíritu de la reforma".

Para Fernando López, secretario de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que representó a los pequeños productores en el debate, "lo importante es dejar claro la necesidad de legislar para evitar el fenómeno de la concentración de la tierra".

Según su visión, "se decía que el aumento de los precios de la tierra provocó un crecimiento hacia adentro y es cierto; pero también provocó la expulsión de muchísimos productores que quedaron sin poder arrendar campos. Ese es un fenómeno del aumento de los precios y la concentración. Por eso, lo que compartimos es la señal: que la sociedad discuta sobre la necesidad de legislar sobre la tierra", destacó.