Investigan si decreto de MSP afecta competencia

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- investiga una denuncia presentada por una emergencia móvil que considera ilegal dos decretos emitidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), dijeron fuentes oficiales a El País.

Los decretos en cuestión establecen que las emergencias médicas tendrán "como único objeto la prestación de asistencia médica" y "no podrán brindar otro tipo de servicios". A su vez, "la limitación impuesta no afecta a los servicios con que dichas instituciones cuenten actualmente", agregó y estableció un plazo de 180 días para aquellas que tuvieran que adecuar su "objeto".

Se trata de los servicios que brindan las emergencias como odontología, carné de salud, traumatología, cardiología, entre otros. Las que ya los prestan, podrán seguir haciéndolo pero tras el plazo de adecuación, las emergencias móviles que no cuentan con servicios adicionales no podrán prestarlos en el futuro si quisieran.

Ante ello, la firma Galyner (Emergencia Uno) presentó una denuncia ante la Comisión al entender que los decretos violan la ley de Promoción y Defensa de la Competencia.

Las fuentes señalaron que la Comisión comenzó a realizar un estudio de mercado y pidió información al MSP.

Empero, el MSP había efectuado una consulta a la Comisión sobre la legalidad del primer decreto que prohibía a las emergencias médicas la prestación de servicios adicionales y solo dejaba hacerlo a las que ya los prestaban.

El órgano desconcentrado de Economía respondió, "en forma primaria y genérica" ya que contaba con "escasos elementos", que las medidas establecidas en el decreto "configurarían algunas de las conductas prohibidas" por la ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Ante ello, el MSP emitió el segundo decreto en el que da un plazo para adecuarse a las emergencias que hoy no prestan servicios adicionales pero mantuvo la prohibición de que nuevas firmas en el sector puedan hacerlo después de vencido el mismo.

Las fuentes señalaron que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia tomará en cuenta que hay un dictamen previo que afirma que limitar el ingreso de nuevos competidores es contrario a la ley. Se trata del segundo caso que tiene a cargo la Comisión en el que debe investigar al Estado. El otro es la presentación del contrato entre el Estado y Montes del Plata que denunció ante el órgano, el fiscal civil Enrique Viana.