El abogado Gustavo Salle, denunciante en la causa contra el exsecretario de la Presidencia y exministro Gonzalo Fernández, ratificó ayer la acción ante el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe.
En la audiencia, Salle le planteó al representante del Ministerio Público que, a su juicio, debería abstenerse de intervenir en el expediente por tener un vínculo con Fernández, abogado penalista grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Salle fundamentó su posición en que en 2007 el Poder Ejecutivo, por gestiones de Fernández (que por entonces era secretario de la Presidencia), promovió a Perciballe (que se desempeñaba como fiscal en Rocha) para ocupar el cargo de fiscal de Corte.
La propuesta finalmente no tuvo respaldo en la oposición, por lo que finalmente se designó en el cargo al fiscal penal Rafael Ubiría.
En la audiencia de ayer, Perciballe se comprometió que estudiará al planteo de Salle y, en su momento, se expedirá, según relató el abogado a El País tras retirarse del juzgado.
Antes de ratificar la denuncia, Salle, vinculado a sectores de izquierda radical, realizó un acto y una movilización en las inmediaciones de la sede judicial, ubicada en la calle Buenos Aires y Brecha. En el lugar se reunieron unas 100 personas.
Quienes concurrieron a la manifestación convocada por el abogado son "veteranos luchadores indignados por la traición del actual gobierno", según los definió el propio Salle.
INVESTIGACIÓN. La indagatoria a cargo del juez Díaz y el fiscal Perciballe busca determinar si Fernández, mientras ejerció altos cargos en el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Tabaré Vázquez, a la vez benefició a clientes de su estudio jurídico particular.
Así, la investigación judicial busca determinar si Fernández incidió en la derogación del delito por el cual habían sido procesados en agosto de 2002 los hermanos José, Dante y Jorge Peirano Basso.
El estudio jurídico de Fernández -y en particular su pareja, la también abogada Cecilia Salom- representa a Domingo Ratti, un exgerente del extinto Banco de Montevideo.
Por otro lado, el juez Díaz y el fiscal Perciballe investigan la presunta incidencia de Fernández en la aprobación de un decreto del Poder Ejecutivo de 2007, mediante el cual se le dio un marco jurídico a un sistema de seguros en el Sindicato Médico del Uruguay. El gremio de los galenos también forma parte de la cartera de clientes del estudio de Fernández.
Ayer, además de tomarle declaración a Salle para que ratificara la denuncia, Díaz y Perciballe también tomaron declaración a los primeros testigos, dos abogadas asesoras de empresas aseguradoras.
En las audiencias estuvieron presentes los abogados Jorge Pereira Schurman y Renato Echevarría (socio en el estudio jurídico del excanciller), quienes defienden a Fernández y Carlos Uriarte, en representación de Salom.