En los últimos años, el mes de septiembre, con el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York, ha estado ligado al recuerdo de uno de los más tremendos atentados terroristas, que anulara la sensación de seguridad con que todos los seres humanos creían poder vivir en cualquier lugar del mundo occidental y en otro septiembre, se abrió, o se cerró, uno de los más trágicos períodos en la historia de Chile.
Esos grandes dolores no deben hacer olvidar que precisamente, otro 11 de setiembre, el del 2001, en la hermosa Lima, capital del Perú, los representantes de los países del continente en una reunión de la Organización de Estados Americanos estaban aprobando, tal vez a la misma hora en que tenían lugar aquellos desastres, una resolución donde se establecía que "son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto de los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa". Y que "la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su Gobierno" en las sesiones, comisiones y en todo órgano de la OEA, lo que fue ampliado en el protocolo de Washington de 1992 al permitir que se les suspendiera su acción en cualquiera de los órganos.
Es cierto que la defensa de los principios democráticos ya se había establecido en la Carta Constitutiva de 1948; y reafirmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y que en el Compromiso de Santiago de 1991, a través de la resolución 1080 se instruyó al secretario general "que solicitara la convocación del Consejo Permanente en caso de que se produjeran hechos que ocasionaran una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del Poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Miembros de la Organización", también ampliado en el Protocolo de Washington al habilitar incluso la posibilidad de suspenderlos en la participación de cualquiera de sus órganos. Pero nunca antes como en Lima, la comunidad había impuesto, con tanta energía y amparada por mecanismos que no pueden ser ignorados, la defensa del sistema democrático con calidad de insustituible para amparar a los habitantes del continente.
No es ocioso recordar también, como un mérito de quienes lo acordaron, que con anterioridad, el 27 de junio de 1992 en la Declaración Presidencial de Las Leñas ya se había establecido que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia del desarrollo del Mercosur", lo que fue reiterado el 24 de julio de 1998 en la Declaración de Ushuaia con el apoyo de Bolivia y Chile y en la XX Cumbre Iberoamericana de Cancilleres de Mar del Plata en diciembre del 2010. Sin perjuicio de esos antecedentes, aquello solo, y vaya si es importante el mérito, justifica rescatar el aniversario del olvido y convocar a todos a renovar su fe en el sistema y su más firme voluntad en defenderlo ante el menor intento de vulnerarlo. En el Preámbulo de otra Carta Constitutiva, la de la Unesco, se dice: "Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz". Esa hermosa frase, cuya primera parte concibiera Clement Atlee, entonces Primer Ministro del Reino Unido, y que completara el poeta norteamericano Archibald Mac Leish, puede extenderse también a la democracia, por lo que todos los sectores sanos de la sociedad deben seguir levantando trincheras para fortalecerla ante los embates que se le siguen dirigiendo por las vías más diversas y a través de los mecanismos más insólitos. Washington Beltrán recordaba que hace casi un siglo Roque Saénz Peña proclamaba "¡América para la Humanidad!" y que hoy debemos gritar: ¡América para la democracia! Sigue siendo válido.