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Es legal. Tras cuatro meses analizando el tema, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) se expidió así sobre el pedido de información que realizó la Dirección General Impositiva (DGI) a instituciones educativas y deportivas privadas, según supo El País. Los colegios esperaban el dictamen para saber si pueden otorgar datos sobre sus clientes, que ellos recolectaron con otros fines diferentes a la fiscalización.

El Consejo Ejecutivo de la URCDP se reunió ayer y tomó su decisión, que será notificada a los colegios consultantes. El presidente del Consejo, Federico Monteverde, no quiso responder a El País cuál fue el fallo. "Esto no es una resolución de la Unidad sino que son consultas que realizaron ciertas instituciones de educación. Lo primero que corresponde es notificar a los interesados antes de hacerlo público", se excusó. Dijo que se trata de un procedimiento jurídico que deben cumplir y que antes que el interés público "está el interés de quien formula la consulta". Pese al hermetismo, El País pudo saber en base a una fuente oficial que el dictamen fue favorable a la administración.

El viernes pasado, la DGI aprobó una resolución que tenía en cuenta buena parte de los reclamos de los colegios privados, ya que a una decena de ellos se les había solicitado datos de los padres o tutores de sus alumnos para contrastarlos con las declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un hecho sin precedentes.

En esa resolución se estableció que esos colegios -y también otras instituciones educativas y deportivas- deberán incluir todos los años en su régimen especial de documentación los datos de clientes que gasten más de 70.000 Unidades Indexadas (en el caso de la enseñanza privada) y 30.000 UI (en institutos deportivos) al año. Esos montos equivalen al día de hoy a unos $ 159.300 y $ 68.300, respectivamente.

"Ahora se propone que a partir del año próximo se agreguen nuevos datos a la base de datos existente con la finalidad de ser entregados a la DGI y el interesado estará en conocimiento de que esa es la finalidad de los datos que proporcionará y estará dando su consentimiento explícito", había dicho a El País el miércoles el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Eduardo Tornaría.

La preocupación de los colegios era que la ley 18.331 no permite que se utilicen datos con una finalidad diferente a la que fueron solicitados, ni que se entreguen sin el conocimiento del interesado (en este caso, los responsable del pago de la educación de los alumnos).

Pero la decisión de la URCDP no es la última palabra, según dijo a El País Alberto Varela, socio del estudio Ferrere Abogados. Según el experto, aunque el pedido de DGI no viole la protección de datos personales, sí lesiona el derecho a la intimidad.

De hecho, El País pudo saber que varios colegios privados analizan impugnar la resolución de la DGI, que fue aprobada el viernes 16. Desde entonces, cuentan con diez días para hacerlo. El tiempo corre y juega en contra que es semana de vacaciones de primavera y varios cierran jueves y viernes.

El director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien ayer no estaba enterado del dictamen, dijo a El País que la reciente resolución se elaboró tras "reuniones muy fructíferas con la Unidad y los colegios". "Fue armada muy minuciosamente y a consciencia para tratar de salvar todas las objeciones" de las instituciones y de la URCDP.

Agregó que hacerse de datos personales es necesario para controlar el pago del IRPF. "Con un sistema que está incorporando impuestos personales obviamente la Administración tiene que tener datos de personas para fiscalizarlos, no hay otra forma de hacerlo", sostuvo. El jerarca dijo que las personas físicas que tienen ingresos gravados con IRPF son 1.200.000, de las cuales 300.000 pagan el impuesto y 100.000 presentan declaraciones. "El universo es exponencialmente mayor y la única forma de fiscalizar -esto ocurre así en todas partes del mundo donde hay el impuesto-, es cruzando bases de datos generales, por una cuestión de eficacia y eficiencia. Si no, sería materialmente imposible para cualquier administración controlar uno a uno. La DGI no ha sido para nada original".