Justo y docente

La ley 18.596 dispuso la reparación de familiares de las víctimas por las actitudes ilegítimas del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

También en el año 2007, el entonces presidente de la República Tabaré Vázquez, remitió un proyecto de ley espejo para la reparación de los familliares de las víctimas de la subversión. Son 150.000 dólares por cada uno de los fallecidos o declarados ausentes. Pero ese proyecto no lo votó la bancada del Frente Amplio y quedó sepultado hasta hoy.

Ahora el Dr. Lacalle con el apoyo de todos los legisladores del Partido Nacional, reflotó aquella iniciativa como la contracara de la otra ley sancionada. El proyecto impulsado ahora por el nacionalismo -antes lo propuso el ex diputado colorado Daniel García Pintos- es de estricta justicia. Como lo dice la exposición de motivos, los muertos "fallecieron en circunstancias totalmente injustas y sin tener participación directa en los hechos, encontrando la muerte solamente por haber estado ocupando un lugar de trabajo en locales, comercios, instituciones sociales o deportivas o por haber estado transitando circunstancialmente por lugares en donde se había desatado la violencia". Y pertenecían a hogares de modesta condición económica. Los policías y militares muertos cayeron en actos de servicio en el ambiente de violencia extrema imperante en la sociedad.

Hay que seguir muy atentamente este trámite parlamentario porque la iniciativa además es docente, desde que borra de la historia reciente de la enseñanza pública el ingrediente más mentiroso e infame que podría tener, como lo es el de hacerle creer a la juventud que los tupamaros se inmolaron en defensa de la democracia.