Multiplicar ANEP

PABLO DA SILVEIRA

El artículo 202 de la Constitución pone a la enseñanza pública fuera del alcance del Ministerio de Educación y más allá de los mecanismos usuales de control parlamentario. Pero ese artículo no nos obliga a organizar el sistema educativo del modo en que funciona hoy. Al decir que las distintas ramas de la enseñanza "serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos", la Constitución nos obliga a tener entes similares a ANEP, pero no a tener una única ANEP.

Imaginemos que el Parlamento aprobara por ley la creación de una segunda red de escuelas y liceos públicos, tan laicos y gratuitos como los que existen hoy. Esta nueva red debería tener un consejo directivo que aprobara sus propias normas de funcionamiento, pero esas normas podrían ser tan distintas de las que rigen en ANEP como quisieran las autoridades de la nueva red. Por ejemplo, mientras en ANEP son los docentes quienes eligen los establecimientos donde van a trabajar, en la nueva red podrían ser los establecimientos los que elijan a sus docentes (como es norma en el mundo).

Los padres, por su parte, podrían elegir la red de escuelas y liceos públicos que prefieran. Con eso pondríamos finalmente en práctica el olvidado artículo 68 de la Constitución, que establece el derecho de todo padre o tutor "a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee". Así estaríamos asegurando el ejercicio de un derecho que es pura teoría para el 80% de los padres, al tiempo que estaríamos eliminando la lógica monopólica que bloquea toda dinámica de mejora en nuestra enseñanza.

¿Qué papel le correspondería al gobierno en este esquema? Por una parte, el Ministerio de Economía se encargaría de distribuir los recursos destinados a la enseñanza de manera proporcional a la cantidad de alumnos que se inscriban en cada red. Esto valdría tanto para el gasto como para la inversión. Por ejemplo, el actual CODICEN recibió recursos para construir 20 jardines de infantes, 138 escuelas y medio centenar de edificios para la enseñanza media. Esto sólo cubre una parte de las necesidades existentes, dado que muchos locales están en mal estado y la extensión de escuelas de tiempo completo exige nuevos edificios. ¿Por qué no poner parte de los edificios a construir en manos de otra red de enseñanza pública que ofrezca nuevas opciones a los padres?

Al Ministerio de Educación le quedaría la tarea de reconocer los títulos expedidos por las redes, tal como se hace hoy cuando alguien quiere presentar un título en el exterior. Y esa tarea podría quedar asociada a la función de evaluación externa, cada vez más reclamada en este país. Es un mal principio de política pública que quien brinda el servicio sea el mismo que lo evalúa. El régimen de autonomía debidamente entendido no impide instalar esta clase de control.

Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y varias redes de enseñanza pública. Esos podrían ser los rasgos de un paisaje educativo diferente, más acorde con la naturaleza de nuestros problemas y con las mejores prácticas internacionales.

"¿Por qué no poner parte de los edificios a construir en manos de otra red de enseñanza?