Un tiro al aire

El tema ha sido ampliamente comentado, pero vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Es un tiro al aire, porque la génesis de esta propuesta tributaria que dio que hablar, nació de un impulso sorpresivo pero de brutal fogosidad de parte del Presidente a pocos días, creemos recordar que tan sólo horas, del naufragio de "la Interpretativa", que ha sido sin duda el acontecimiento parlamentario del año. Es como si con ello Mujica quisiera sacudir la modorra malhumorada en que cayó el Frente Amplio. Se habló entonces de trabajar la idea de lo que se anunció como un "Impuesto al agro" (hoy ICIR).

La propuesta conmovió al país. De la misma no tenían la menor idea ni el ministro de Economía, ni el de Ganadería, Agricultura y Pesca. Este último, que goza de buen concepto en la actividad agropecuaria, estuvo, según rumores, al borde de una más que razonable renuncia en una personalidad seria como la que se le atribuye tener, intención que no llevó a cabo, suponemos que por la tranquilidad que pudo darle Mujica en cuanto a que el tributo no tendría mayor significación. Pero la elaboración del proyecto remitido al Parlamento insumió mucho más tiempo del previsto, por enfoques diametralmente opuestos dentro del gobierno mismo y aunque el mensaje del Ejecutivo fue con las firmas de todos los ministros, los que responden al Frente Líber Seregni, especialmente a la conducción de Astori, firmaron para destrabar el asunto sin abdicar a ninguna de sus observaciones.

En grandes líneas, lo que salió del Ejecutivo fue un gravamen por franjas, con variables al Índice Coneat y productividad. Entre 2.000 y 2.500 hectáreas, un predio con Índice Coneat pagaría US$ 8 por hectárea y por año, hasta 10.000 hectáreas US$ 12 y por arriba de 10.000, US$ 16. Es el proyecto en grueso.

A esa intención se le observó que el rendimiento del impuesto sería apenas de US$ 60 millones, lo cual es poco y no justifica el revuelo de la imposición de un gravamen tan sorpresivo. A esto se replica que con esa cantidad se puede conformar un fideicomiso y llegar a una suma no inferior a los US$ 400 millones.

Pero la observación más importante que formula Asamblea Uruguay y que va a esgrimir en el Parlamento, es que el Impuesto no es justo porque no tiene en cuenta el rendimiento de la explotación. El Índice Coneat no representa la realidad actual del campo uruguayo, sino que mide solamente la productividad de la carne y la lana. Campos con un Índice Coneat muy inferior, de 60 por ejemplo, dedicados a la cosecha de arroz, cuentan con niveles de productividad muy superiores, excepcionales. Ello está previsto en el proyecto y por una paramétrica en tales casos se empezaría a pagar recién a partir de 3.300 hectáreas, lo que no es ni equitativo ni eficiente, resultando más lógico complementar la cantidad de hectáreas con otro tipo de índices.

En suma, en el gobierno se está muy lejos de lograr un consenso respecto de lo que se pretende legislar, si es que hubiera voluntad de hacerlo por parte de todos sus sectores, lo cual tampoco está claro, porque los compromisos presidenciales fueron otros. Sea en general o en casos concretos, como el de Montes del Plata en que se firmó un documento en el cual el gobierno promete a la empresa en caso de gravarla con nuevos impuestos, compensarla sin decir cómo, lo que es una fórmula jurídicamente gelatinosa que puede dar lugar a cualquier interpretación.

Hay que tener en cuenta además, que si se tuviera voluntad para algo en la oposición, no va a ser para apoyar un impuesto sin respaldo ni en el oficialismo. Que encima no se justifica desde ningún punto de vista, pues es cuestionable también en el aspecto constitucional y al que hay que agregarle el aditamento de otro impuesto, sugerido por Astori y que va a ser muy oneroso al momento de vender un campo.

La actual discusión ha levantado polvareda, dejando la impresión nuevamente, de que la seguridad de los capitales está comprometida por las improvisaciones de un gobierno cuya credibilidad se deteriora a ojos vistas.