Fiscal pide nulidad de contrato de inversión

Viana sostiene que es ilícito el acuerdo con Montes del Plata

El fiscal civil Enrique Viana solicitó la nulidad del contrato de inversión del Poder Ejecutivo con Montes del Plata, que considera "ilícito" ya que su razón de ser es "condicionar, restringir y subordinar la voluntad política o de gobierno de los tres Poderes".

Sostiene Viana que el contrato de inversión es "un verdadero Contrato de Colonia o de Coloniaje, no en favor de un Estado extranjero, sino en beneficio de una empresa privada extranjera".

"El Estado se desprende o se despoja de sus Poderes, de su supremacía soberana, subordinándose a las obligaciones de un contrato de Derecho Privado. Hay pues una huida o evasión del Derecho Público Nacional", argumenta.

Viana presentó un recurso de nulidad ante el juzgado civil de 16º turno, en el que sostiene que el contrato "entraña sendos sometimientos de la voluntad de la República Oriental del Uruguay, efectuados por el Poder Ejecutivo, demandado, y a favor o en beneficio de la Corporación Privada Anacional, también demandada" (Montes del Plata).

Agrega que en el contrato de inversión, "y a su sola firma, el Ejecutivo comprometió diversas decisiones, propias, como Poder Administrador central, y aun ajenas, como la de algún Ente Autónomo del Estado; restringió o cercenó el ejercicio del Poder Legislativo de la Nación, autorizó la desaplicación del Derecho Nacional, y le concedió a la empresa privada Montes del Plata la facultad de prorrogar la jurisdicción del Poder Judicial del Uruguay para desplazarla hacia mecanismos arbitrales privados internacionales".

Viana considera que, "como consecuencia de todo esto, mediante dicho contrato, se creó un verdadero fuero o estatuto feudal, de excepción, de privilegio o prebendario a favor de una Corporación Privada Anacional".

"Se estipuló una suerte de derogación anticipada o a futuro de la voluntad legislativa de la Nación", sostiene el fiscal.

Añade que "condicionado por el acuerdo alcanzado con una empresa privada, el Ejecutivo cercenó el poder normativo que le pertenece exclusivamente a otro Poder del Estado, el Legislativo".

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