Inversiones que desafían al país

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Por Martín Aguirre

Aratirí, Montes del Plata, Portucel. Estas son algunas de las más nombradas, pero para nada las únicas. Tan solo en el segundo trimestre del año, se presentaron ante el Estado uruguayo 490 grandes proyectos de inversión, por un valor de casi 1.300 millones de dólares. Y una gran cantidad de los mismos implican procesos que pueden cambiar en forma dramática aspectos que van desde la estructura productiva hasta el relacionamiento social de amplias zonas del país. Sin olvidar, por supuesto, la calidad ambiental. Esto obliga a plantearse seriamente si el Estado uruguayo, a la hora de decidir sobre la conveniencia de estos "megaproyectos", cuenta con todos los elementos necesarios para tomar las mejores decisiones a largo plazo. Y si está en condiciones de controlar de manera efectiva el desarrollo de esos proyectos.

El bautismo de fuego fue sin dudas con Botnia. Allí el país todavía se encontraba inmerso en una de las peores crisis de su historia, lo cual sumado al patriotismo desatado por la agresión argentina, y la solvencia de la empresa finlandesa, hizo que el proyecto se analizara más desde una perspectiva nacionalista que técnica. Pero ya entonces quedaron flotando algunas preguntas, que se fueron acentuando a medida que el boom mundial de las materias primas hizo que nuevos emprendimientos, cada vez más ambiciosos, comenzaran a llegar a nuestras costas.

Y Aratirí ha sido probablemente la gota que ha desbordado el vaso. La magnitud del proyecto minero, su impacto social, y la bonanza actual, llevaron a que la dirigencia comenzara a cuestionarse algunos aspectos de la política de atracción de inversiones.

"¿Está el país en condiciones de controlar a una empresa extranjera que viene a hacer su negocio? Allí es donde yo prendo una luz amarilla. Me parece que hoy la Dinama no está preparada. No tiene los técnicos en cantidad y calidad suficiente para hacer un control y un seguimiento de este proyecto". Las palabras del senador Tabaré Viera ponen el dedo en la llaga de lo que muchos se preguntan hoy en día. Preguntas que se acentuaron a medida que se conocieron algunos aspectos del proyecto de Aratirí.

Por ejemplo, el dato de que aspectos trascendentes a la hora de definir la aceptación de un proyecto de esa envergadura son directamente aportados por la propia empresa, parte interesada si las hay. La magnitud del yacimiento, las ganancias potenciales, la cantidad de mano de obra a emplear y hasta los recursos que quedarán para el país por concepto de canon, todo lo que se sabe es a partir de lo que afirma la empresa. Incluso el estudio de impacto ambiental, de acuerdo con la ley nacional, es realizado por la empresa, y solo luego verificado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

"La decisión la va a tomar nuestra Dinama, a la cual le tengo fe", decía el presidente Mujica ante cuestionamientos sobre el manejo de la inversión minera. Ahora bien, ¿qué capacidad real tiene esa dependencia estatal?

La Dinama hoy cuenta con un personal estable de 87 técnicos y 10 funcionarios administrativos. A esto se suma un personal fluctuante que puede llegar a 50 técnicos más. Su presupuesto total anual no llega a los cinco millones de dólares. El gobierno ha anunciado un aumento de los recursos asignados, y la contratación de 15 personas más, que se encuentra demorada por el sistema burocrático actual. Estas cifras palidecen cuando se las compara con los montos que manejan proyectos como Montes del Plata o Aratirí, que representan inversiones de miles de millones de dólares. Aspecto que se ha visto claro en el hecho de que muchos técnicos de entidades públicas, cuya misión es controlar estos proyectos, han pasado a trabajar en los mismos. Algo comprensible ya que, como dice Viera, "los técnicos no abundan y son caros".

Tampoco la Universidad, que en otras partes del mundo cumple un papel esencial para generar masa crítica intelectual a la hora de aportar información sobre estos temas, parece estar a la altura. Basta señalar que en el país prácticamente no hay estudios en minería, y los comentarios surgidos de la Udelar al respecto, al igual que en otros temas como forestación o soja, han estado más teñidos por cuestiones ideológicas que técnicas. Meses atrás el dirigente del MPP Julio Marenales señalaba su preocupación porque en medio del auge de la explotación sojera, hay una carencia en el país de estudios serios sobre el impacto que esto puede tener a futuro. "Nadie puede decirme cuánto daño hace. ¿Alguien está estudiando cuánto daño hacen los agroquímicos al terreno? ¿Está cuantificado? Nadie estudia nada en este país".

Por encima de lo categórico y discutible de la afirmación de Marenales, parece razonable plantearse que ante el aluvión de ofertas de inversión, el Estado uruguayo debería crear mecanismos para, ya sea en base a potenciar los estudios locales o buscar asesoramiento exterior, disponer de mayor información propia e independiente que le permita tomar las mejores decisiones de cara al futuro. Porque una vez subido al tren de uno de estos "megaproyectos", probablemente sea demasiado tarde.

"La decisión sobre Aratirí la va a tomar nuestra Dinama, a la que le tengo fe" (José Mujica).

El dato.

El presupuesto anual de la Dinama es de US$ 5 millones por año. El proyecto de inversión de Montes del Plata excede los US$ 2 mil millones.

La frase II.

"Debería haber una política de Estado para manejar estos proyectos para que se cumpla con lo que corresponda y no se pierda la oportunidad de inversión" (Abogado Andrés Cerisola).