RÍO NEGRO | DANIEL ROJAS
La Justicia ordenó enviar a remate dos muebles, la heladera, un horno eléctrico y el calefón del hogar La Pileta de Fray Bentos, que atiende a pacientes psiquiátricos, para resarcir a exempleados que ganaron un reclamo por haberes impagos.
Luis Laquintana, presidente de la comisión que gestiona la organización no gubernamental encargada del hogar, explicó a El País que esta situación se generó en períodos anteriores y visiblemente emocionado contó que el centro funciona "con muchas dificultades pero con dignidad".
La institución atiende a pacientes durante las 24 horas, en una casa del barrio Anglo, cedida por la Intendencia de Río Negro, la que también se hace cargo de las facturas de luz y agua.
El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) entrega platos calientes al mediodía y víveres para que se les cocine en la noche. Diariamente reciben pan fresco y una vez al mes una canasta de productos lácteos. Actualmente trabajan seis personas. "No recibimos partida de ningún organismo del Estado y funcionamos con colaboraciones de la Intendencia, de privados, unos 50 socios protectores y por supuesto las pensiones por discapacidad de los propios internos", explicó el presidente de la comisión, que se hizo cargo de la ONG el 1º de junio de 2007, en medio de un verdadero caos, donde los pacientes iban a quedar a la deriva cuando el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) se apartó del proyecto que, en principio, funcionó en una estancia ubicada a 12 kilómetros de Fray Bentos.
"Tomamos el estandarte para trabajar con amor y sacrificio. Trabajamos con muchas carencias y dificultades pero habíamos logrado tener la situación relativamente controlada", explicó Laquintana hasta que sufrieron la inesperada visita judicial.
"Fue muy doloroso cuando el rematador y el alguacil se presentaron y empezaron a llevarse gran parte del mobiliario. Los internos se pusieron mal y entraron en una depresión colectiva al ver que se llevaban hasta los armarios donde guardamos los alimentos y otro roperito donde teníamos los medicamentos", contó Laquintana. Los bienes serán rematados en agosto.
El presidente de la comisión no comprende cómo la Justicia pudo haber tomado semejante resolución, que no hizo otra cosa que desmantelar a la institución. "Sé que el reclamo de los exempleados es justo y tienen sus derechos, pero hay casos y casos", opinó.
Al enterarse la edila nacionalista Sandra Dodera llamó al intendente Omar Lafluf, quien tomó cartas en el asunto.
El jefe comunal fue hasta el lugar y ordenó comprar en forma urgente los elementos básicos como heladera, cocina y el calefón. Pocas horas después ya estaban instalados. Ahora sólo les faltan algunos muebles.