Justicia alerta por control sobre lavado de activos

1/1

El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz alertó que el Estado debe conocer y controlar el origen de los capitales con que se asocia. El director de la Secretaria Anti lavado Carlos Díaz, dijo que los controles no deben ahuyentar a los inversores.

En un seminario sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio, el juez Jorge Díaz disertó sobre "Los delitos precedentes del lavado de activos: actualidad y perspectivas". En su ponencia, Díaz recordó que el Estado es el principal controlador en materia de lavado de dinero y que dicho control abarca a sujetos financieros (bancos) y no financieros (escribanos, inmobiliarias y casinos entre otros). Señaló la necesidad de cumplimiento de esos controles cuando el propio Estado realiza actividades de riesgo, como los casinos (los hay estatales, en sistema mixto y privados) y cuando se asocia con privados.

Díaz coincidió con el secretario antilavado en que el Estado debe ser el principal cumplidor, pero que en algunos casos el propio Estado no está cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones de control a los sujetos obligados, sobre todo en el sector no financiero.

El juez marcó el riesgo que implica que el Estado termine asociado a capitales ilícitos y las consecuencias que ello puede generar para la imagen del país.

En tanto, el secretario antilavado, Carlos Díaz, quien también participó de ese seminario, dijo a El País que "sobre todo en lo que tiene que ver con los nuevos sujetos obligados no financieros, el Estado es el responsable fundamental de incorporar una cultura de gestión que no tiene los suficientes controles".

"El Estado es el principal obligado a que sea exitoso el control del lavado de activos a través de estos sujetos obligados", agregó.

Sin embargo, Díaz dijo ser contrario a "salir a poner muchas barreras a la inversión o a las transacciones económicas y financieras ", lo que sostuvo pasó en otros países "en que todo el mundo es sujeto obligado y después se habla de gestión de información que justamente nadie gestiona".

"Hay que ser muy cuidadosos", resaltó.

Para Díaz "acá hay un problema de gestión". "El riesgo se comparte, si le pedimos a un escribano o a un banco que conozca con quien se vincula, es lo menos que le podemos pedir al Estado o al jerarca que actúe representándolo, por que de lo contrario incurriría en una irresponsabilidad", señaló.

"Nuestra tarea es más que prohibir, regular o crear más trabas de las que ya hay, es procurar crear más conciencia que a su vez lleve a la responsabilidad. Y que eventualmente, un juez pueda juzgar que alguien actuó con irresponsabilidad en el ejercicio de su función pública, para sancionar a quien comete ese tipo de delito", consideró.

"Me parece que es más saludable ir por ahí que poner trabas que luego puedan redundan en ahuyentar a gente que no debería ser ahuyentada. Ese el enfoque estratégico que tenemos", destacó Díaz.

Para Díaz, en la etapa que está Uruguay en materia de lavado de activos, "el rol al que no puede renunciar el Estado es ser muy eficiente en la detección de activos de delitos precedentes que fueron juzgados". Añadió que el Estado tiene que "fortalecer los mecanismos de previsión, control y detección y actuar con mucha eficiencia una vez que se incauta la droga o se comete un delito de corrupción".

PPP. El secretario antilavado también se refirió a la ley de Participación Público-Privada. Díaz dijo que "se supone que algo va a haber que hacer en el control de las asociaciones publico privadas" y que la secretaría que dirige lo detectó "como uno de los probables riesgos que exista". Agregó que no le inquieta que la Secretaría antilavado no haya participado directamente de la redacción de esta ley, "en tanto el Estado va a estar allí".

Carlos Díaz: "El Estado es el principal obligado a que sea exitoso el control del lavado".

Los sectores no financieros obligados por el Estado a realizar controles sobre el origen de los capitales de sus clientes formaron un grupo de trabajo para definir mecanismos a esos efectos. De la iniciativa participan la Secretaría Anti lavado y la Unidad Administrativa Especial de Información de Análisis Financiero del Banco Central.

Los privados que integran el bloque son el sector inmobiliario (inmobiliarias, rematadores y escribanos), los casinos y zonas francas y administradores de sociedades.

"La idea no es controlar a los escribanos, sino al lavado de activos a través de ellos y así con todos. Si no matamos a quienes deben controlar, a nuestros socios", explicó el juez Jorge Díaz. El primer paso será con instructivos sobre los controles a los inspectores.