Jerarca de IMM apoderado en licitación

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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

El Partido Nacional pretende investigar un posible caso de conjunción de interés público y privado en la Intendencia de Montevideo. Apunta a un jerarca que representó legalmente a una empresa que ganó una licitación municipal.

El nombre del director interino de la Central de Inspección General de la Intendencia de Montevideo, Jorge Alberti, se encuentra nuevamente en la mira de la oposición en la Junta Departamental. Tras sus anuncios sobre la creación de una policía municipal (servicio que prestará el Ministerio del Interior a través de un sistema de efectivos "eventuales"), el jerarca es acusado ahora de actuar como representante legal de una persona a la que se le concedió la explotación del histórico Tajamar de Carrasco.

La intendenta Ana Olivera, tras hacer las consultas de rigor a su División Jurídica, resolvió que el jerarca no se encuentra comprendido en las incompatibilidades e inhibiciones que establece para los funcionarios el digesto municipal y el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), por el cual se regulan las licitaciones públicas.

Sin embargo, el edil herrerista Edison Casulo pretende promover una comisión investigadora en la Junta Departamental por entender que existe una actuación jurídica y políticamente incorrecta.

Casulo advirtió que los servicios jurídicos municipales omitieron la consideración de una ley nacional -que está por encima de la municipal- y un decreto complementario de esa misma norma.

"Para la Intendencia podrá estar bien administrativamente, pero políticamente se cometió una falta gravísima. Se trata de un jerarca municipal y de una licitación en la que se reconoce que Alberti actúa como representante legal de la persona a la que se le adjudicó el Tajamar de Carrasco", sostuvo el legislador departamental. En una resolución municipal del 26 de agosto de 2010 se admite que el inspector general de la Intendencia, Jorge Alberti, "actúa como apoderado de la Sra. Robinson". Dieciséis días antes, la Unidad Asesoría señalaba que "no está claro que el nombrado no sea dependiente de la Sra. Robinson", quien -se añade- "lo ha designado su representante general, con facultades de administración, disposición y afectado a todos sus bienes".

De todos modos, se señala que Alberti no habría transgredido el Tocaf, ya que éste, en su artículo 43, le permitiría actuar como representante legal de la oferente por no tener intervención "en la dependencia que actúa en el procedimiento de contratación".

A su vez, la resolución que lleva la firma de la intenden-ta Olivera recuerda que el digesto municipal "autoriza a los funcionarios a mantener vínculos de dirección o dependencia con firma, empresa o entidades que presenten ofertas en procedimientos de contratación, siempre que no intervengan en éstos e informen por escrito a su jerarca al configurarse la situación".

Hasta aquí los argumentos jurídicos de la IMM para convalidar la actuación profesional del jerarca en un negocio que involucra a un privado con la administración.

OMISIÓN. Según el edil Casulo, los servicios jurídicos de la IMM omitieron la ley nacional 17.060, del 8 de enero de 1999, una normativa general para todos los ciudadanos que prohíbe este tipo de prácticas.

A su vez, el legislador advirtió que tampoco se tomó en cuenta el decreto reglamentario de 2003 en el que se establece un mecanismo de consulta a la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado (también conocida como "Junta Anticorrupción"), que no fue utilizado.

Y que no se hizo una comunicación al Tribunal de Cuentas de la República, como exige el mismo decreto.

Esta norma, en su artículo 27, prohíbe además "a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas que de ellos dependan".

Casulo advirtió que Alberti no solo es el director de Inspección General, sino una persona de confianza del secretario general de la IMM, Ricardo Prato, a quien actualmente subroga en el cargo.

"La jerarquía municipal que ostenta, para mí, no le pone absolutamente ningún obs- táculo a lo que hizo. Y las consultas que se hicieron acá con Jurídica fueron para salir de dudas", declaró ayer a El País el secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato.

"Él no podría tener incidencia con la licitación, al contrario, creo que en definitiva esto le hizo perder tiempo, más que ganarlo, porque hubo que hacer consultas por las dudas. Si hubiera sido cualquier otro abogado, no hubiera sido necesario hacer las consultas", añadió Prato.

Jorge Alberti fue designado director interino de la Central de Inspección General de la Intendencia de Montevideo por resolución del 19 de febrero de 2008. En marzo de 2010 volvió a ocupar el cargo de subdirector de la repartición, cuando Prato volvió a la Intendencia. Alberti asumió nuevamente al frente de Inspección General cuando éste pasó a ser secretario general.

El Tajamar de Carrasco se transformará en galería de arte y museo, con áreas destinadas a gastronomía y eventos. Al frente de la concesión -por un plazo de cinco años- está una uruguaya que vive desde hace varios años en Estados Unidos.

La IMM recibió dos propuestas para explotar el local: una de la empresa Amintel S.A., y la otra de la firma Virginia Robinson, que a la postre resultó ser la ganadora del llamado. Se trata de la misma persona que trajo a Uruguay la exposición Mistaken Identity, de los fotógrafos neoyorquinos conocidos como "The Hilton Brothers", que contó con respaldo municipal.

El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo ayer a El País que el inspector general de la IMM, Jorge Alberti, es representante legal de Robinson "desde hace años".