Ministerios refuerzan los controles de asistencias

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D. FERREIRA / F. CASTILLO

El decreto de las seis horas obligó a los ministerios a extremar controles sobre el horario de trabajo de sus funcionarios. COFE se queja por posibles sanciones sin sumario y porque en algunos casos hubo aumento de horas pero no de sueldos.

El decreto que obliga a los funcionarios públicos de la Administración Central a cumplir un mínimo de seis horas vio la luz hace ya unos siete meses, y en los diferentes ministerios se asegura que hoy se está cumpliendo.

Para garantizarlo se reforzaron los controles de vigilancia: relojes con tarjeta o con huella digital, cámaras que monitorean todo y supervisores que anotan las salidas de los funcionarios. El País hizo un relevamiento sobre el cumplimiento del decreto en los ministerios.

En el Ministerio de Trabajo (MTSS) los controles sobre el ingreso y la salida del personal se realizan exigiendo el marcado de tarjeta (la cual tiene impresa la foto del funcionario), explicó la directora general de Secretaría, Alejandra Varela. Las salidas antes de hora sólo pueden hacerse con el visto bueno del supervisor del área, agregó.

En el MTSS como en otras dependencias del Estado, la aplicación del decreto de 6 horas no provocó un incremento en el número de sanciones. De hecho, la incidencia ha sido "casi nula" en ese sentido, indicó la jerarca.

En tanto, la instrumentación del decreto sí implicó cambios en el régimen laboral para unos 300 profesionales (sobre una plantilla de 1.050 funcionarios), quienes cumplían una jornada de tres o cuatro horas.

Esos horarios fueron acordados con los jerarcas de administraciones pasadas como forma de compensar a los funcionarios al no poder abonarles ajustes salariales.

La modificación de estas condiciones de trabajo ha generado reclamos puertas adentro del Ministerio. Unos 35 negociadores (abogados, escribanos y contadores) que se desempeñan en el área de los consejos de salarios y solución de conflictos, están trabajando sin cumplir horas extras, en protesta por la extensión de la jornada sin ajuste en la remuneración.

"Trabajamos un 50% más, gratis", indicó Flavia Romano, vocera de la Agremiación de Negociadores Colectivos Agremiados (Aneca). Estos trabajadores perciben un salario líquido de $ 22.000 en promedio.

En el Ministerio de Turismo y Deportes (MTD) también hubo problemas con los profesionales, ya que en la parte de Turismo cumplían horarios de cuatro horas, lo mismo que algunos contadores de la división Deportes. Eso hizo que en el primer caso renunciara un abogado y otros pidieran licencia sin goce de sueldo. En el segundo caso otros cuatro profesionales optaron por dejar sus cargos, indicó el director de Secretaría del MTD, Antonio Carámbula. "Para muchos no había más remedio porque los salarios en la administración pública no son importantes, entonces tuvieron que optar entre eso y su actividad en la órbita privada, que al tener que trabajar seis horas, no podían realizar", admitió.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) ha planteado su queja por esta situación. La extensión de la jornada a 6 horas no ha sido reconocida en el salario, sostiene el gremio. "Si vos tenés un sueldo importante de $ 50 mil está bien que se exija una jornada horaria extensa, pero si vos cobrás $ 18 mil o $ 20 mil y sos un profesional, nos parece injusto exigir seis horas diarias sin una compensación acorde", cuestionó Luis Bazzano, secretario de asuntos gremiales de COFE.

No es la único por lo que COFE protesta. Los funcionarios estatales mantienen su rechazo al decreto de las seis horas porque la norma establece la sanción directa al funcionario que comete una falta, prescindiendo del sumario como paso previo.

"Lo que más criticamos del decreto no es la extensión horaria sino todo lo relacionado con el régimen disciplinario y la escala de sanciones para la gente que tiene falta sin que haya sumario de por medio. Eso es lo más jodido para nosotros", comentó Bazzano. Aclaró que esta postura no supone una defensa al "faltador o al que no cumple como trabajador de los servicios del Estado".

En el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) "casi la totalidad de la gente cumplía 6 o más horas, así que no hubo problemas con eso ya que se hizo hace algunos años una modificación del horario", informó el director de Secretaría, Pablo Álvarez.

Empero, el MEC presentó al Ejecutivo solicitudes de excepción en la aplicación del decreto para algunos servicios "que no pueden tener un régimen común de atención al público". Entre ellos se encuentran las fiscalías y los servicios informativos como el canal 5.

En la mayor parte de las oficinas y dependencias del MEC los controles se realizan con relojes digitales. En las fiscalías, se incorporaron 35 de estos artefactos, los cuales sustituyeron el registro por planillas que se utilizaba hasta el año pasado. "En canal 5 existe un sistema de circuito cerrado de vigilancia para controlar el reloj pero eso no está extendido", aclaró Álvarez. El Ministerio no ha efectuado sanciones a causa del incumplimiento del decreto, comentó el director de Secretaría.

Su colega del Ministerio de Industria, Gustavo Fernández Di Magio, afirmó que "el régimen está controlado en todas las oficinas con relojes digitales", dijo. El Ministerio de Ganadería (MGAP) trabaja en un sistema de modernización de su sistema de recursos humanos, como por ejemplo, en la elaboración de un reglamento interno que recoge varios aspectos en cuanto a la asistencia y puntualidad previstos en el decreto del Poder Ejecutivo. En ese marco, el director de Secretaría del MGAP, Alberto Castelar, indicó que se están comprando relojes biométricos (con huella digital), que serán instalados en los próximos meses.

En Montevideo, la sede del MGAP cuenta con relojes numéricos para el control de asistencia. Sin embargo, en las dependencias del interior "los controles se hacen más complicados porque hay distintos horarios y regímenes de trabajo, pero la responsabilidad recae en los jerarcas", dijo Castelar.

En el Ministerio de Deportes hay un reloj biométrico que registra el ingreso y salida de los funcionarios. A su vez, se realizan controles "periódicos" de asistencia, que si bien eran más habituales cuando recién entró en vigencia la nueva normativa, todavía se siguen realizando.

4.000 Es la cantidad de impugnaciones que los funcionarios del Estado presentaron contra el decreto de las seis horas.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al igual que en otras secretarías de Estado, los controles se efectúan a través del registro en relojes electrónicos con huella digital.

El director de Secretaría del MEF, Pedro Apezteguía, señaló que hay sanciones pero dentro de los parámetros normales. "En el ministerio ya se venían cumpliendo las 6 horas", por lo que la implementación del decreto "no trajo mayores problemas".

El jerarca rechazó que los trabajadores usen dedos de goma u otro tipo de triquiñuelas para hacer trampas en el registro de sus horas de trabajo, algo que un director de un organismo del Estado denunció en forma anónima hace un tiempo.

"Eso es más cuento que otra cosa; vieron muchas películas de James Bond", bromeó Apezteguía.

En el Ministerio del Interior también se marca el ingreso y salida del personal con huellas digitales. El director de Secretaría, Charles Carrera, agregó que además el reloj biométrico está vigilado por cámaras para que quede registrado cualquier posibilidad de engaño. En el Ministerio de Transporte (MTOP) su director general de Secretaria, Pablo Ferrer, comentó que se han incrementado las sanciones (por llegadas tarde) porque el régimen varió. "El decreto prevé un sistema de sanciones automático y reduce una tolerancia de 15 minutos diarios a 60 minutos en el total del mes", apuntó.

Ferrer dijo que el decreto de las seis horas impone un "régimen bastante más exigente del que existía y hay gente que no se ha adaptado adecuadamente", especialmente en cuanto a las llegadas tarde.

En los últimos ocho meses, COFE ha presentado unas 4.000 impugnaciones o recursos de amparo contra el decreto que fijó un régimen laboral de seis horas. Si bien los funcionarios "no estuvieron de acuerdo (con la normativa), todo el mundo cumplió a partir del 1° de diciembre", según Luis Bazzano, de COFE. Dijo que "el funcionario público no falta porque sí, mucho menos sabiendo que hay sanciones".