El dislate tributario

Ricardo Reilly Salaverri

Han borrado con el codo lo escrito con la mano, y la palabra dada en el Hotel Conrad a inversores nacionales y extranjeros, y ante la Asamblea General al tomar posesión del Poder Ejecutivo.

Con el último invento de la tributación al agro, jugada menor para tapar el despropósito frentista de desconocer la voluntad del pueblo emitida dos veces sobre la "ley de caducidad", el desánimo generado ya es importante. En Argentina, un grupo de agricultores de los que han contribuido a la formidable revolución tecnológica y productiva que se ha dado en el país, celebraron recientemente una reunión y el espíritu que primó fue: "para que nos roben en Uruguay mejor que nos roben en Argentina". Por otra parte, varios proyectos importantes de inversión para el sector están frenados. Y, ni que hablar de todos los planes de largo plazo del productor común para por ejemplo, praderas y mejoras que son, como todo en el agro, de largo plazo de realización. Amenazados siempre por lo imprevisible que pueda pasar con el transcurrir del tiempo, las circunstancias naturales y en el marco de una suba en dólares, de todos los costos que hacen a la producción como jamás se había visto en el país.

Mientras en la línea de los mejores "idiotas latinoamericanos" (Apuleyo Mendoza, Montaner y Álvaro Vargas Llosa dixit), en las cúpulas divagan sobre más socialismo o el sexo de los ángeles. Notoriamente son incapaces de determinar algo tan simple como estimular que las inversiones privadas asociadas con el Estado, se produzcan sin tapujos, y que la infraestructura nacional se mejore desde ayer.

El mundo mejor enseña como se hacen las cosas. Se hacen como cuando en nuestro país, con la contra del conglomerado de los necios, se levantaron las doble vías Colonia - Montevideo y Maldonado-Montevideo, cuya relevancia logística para múltiples actividades es evidente. Hechas sin que al Estado le costase un peso. Inversión privada retornada con el tributo más viejo: el peaje. Los que usan pagan.

Si hay que mejorar las rutas y no se tiene un diagnóstico como debería tenerlo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues se hace una licitación y se llama a consultoría para hacerlo. Con el diagnóstico se determinan las necesidades. Qué se debe hacer y cómo puede financiarse la obra con capital privado (o BID), cediendo en el caso de las rutas el peaje a los inversores, con el plazo necesario para que vean retornar su inversión, con rentabilidad lógica. Luego se llama a licitación a los interesados en hacer las carreteras y finalmente, no se discute más sobre la cuadratura del círculo y sin implorar a la Pachamama: ¡se realizan y reconstruyen!

La verdad es que el impuesto proclamado por Mujica (el disparate de que la propiedad rural pague la infraestructura vial), viene de la "Opepe", que ha sustituido a la vieja OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y que consiste en una tatucera de resentidos sociales, ignorantes del mundo real, que odian biológicamente a la campaña y el éxito ajeno. Y que quieren boxear con el club político de Astori. ¿El país? Está de rehén.